Información Relevante

Con fecha 28 de septiembre de 2020, se publicaron en el Diario Oficial las modificaciones realizadas al Decreto N°28 de 20111 , que tienen como objetivo generar herramientas que permitan impulsar la recuperación económica y del empleo, a través de Bonificaciones con cargo a los Programas de Formación del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (“Sence”).

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1. De la Licencia Médica Preventiva Parental

Los trabajadores que a continuación se indican tendrán derecho a una licencia médica preventiva parental (en adelante la “Licencia”) por un periodo de 30 días, renovable máximo dos veces por el mismo periodo, siempre que se mantenga vigente el estado de excepción constitucional.

Si ambos padres hubieren gozado del permiso postnatal parental, cualquiera de ellos, a elección de la madre, podrá gozar de esta Licencia.

2. Ámbito de aplicación

La Ley otorga una Licencia médica preventiva, a las siguientes personas:

a) Trabajadores que se encuentren haciendo uso del permiso postnatal parental del Artículo 197 bis del Código del Trabajo y cuyo término ocurra durante la vigencia del estado de excepción constitucional, actualmente vigente hasta el 14 de septiembre de 2020, y

b) Trabajadores cuyo permiso postnatal parental haya terminado a contar del 18 de marzo de 2020 y antes de la entrada en vigencia de la Ley (27 de julio de 2020).

3. Del Subsidio

Durante el periodo de Licencia, el trabajador gozará de un subsidio cuyo monto diario será el mismo que hubiere recibido por causa del permiso postnatal parental, el cual será otorgado por la Institución de Salud Previsional al que estuviera afiliado o el Fondo Nacional de Salud, según corresponda. En el caso que el trabajador se hubiere reincorporado en media jornada, el subsidio corresponderá al que hubiese recibido a jornada completa.

4. Del Fuero

Los trabajadores que hagan uso de esta Licencia tendrán derecho a una extensión del fuero a que se refiere el artículo 201 del Código del Trabajo[1], por el periodo efectivamente utilizado con esta Licencia, y regirá inmediatamente una vez terminado el período de fuero antes indicado.

[1] Durante el período de embarazo y hasta un año después de expirado el descanso de maternidad, excluido el permiso postnatal parental establecido en el artículo 197 bis, la trabajadora gozará de fuero laboral y estará sujeta a lo dispuesto en el artículo 174. En caso de que el padre haga uso del permiso postnatal parental del artículo 197 bis también gozará de fuero laboral, por un período equivalente al doble de la duración de su permiso, a contar de los diez días anteriores al comienzo del uso del mismo. Con todo, este fuero del padre no podrá exceder de tres meses.

1. Suspensión de los efectos del contrato de trabajo y ámbito de aplicación

Los trabajadores que a continuación se indican y mientras se cumplan las siguientes condiciones, tendrán derecho a suspender los efectos del contrato de trabajo por motivos de cuidado de menores, accediendo a las prestaciones del Título I de la Ley N° 21.227 (en adelante también la “Suspensión”):

a. Mientras permanezca suspendido el funcionamiento de establecimientos educacionales, jardines infantiles y salas cunas por acto o declaración de autoridad;

b. Mientras esté vigente la normativa del Título I de la Ley N° 21.227 (suspensión del contrato). Actualmente vigente hasta el 6 de octubre de 2020;

c. Trabajadores afiliados al seguro de desempleo de la Ley N° 19.728;

d. Que tengan el cuidado personal de uno o más niños y/o niñas nacidos a partir del año 2013, y

e. Que no estén comprendidos en el apartado I precedente.

De todas formas, podrán acceder a este beneficio los trabajadores indicados en el apartado I anterior, una vez que termine la Licencia médica preventiva ya detallada.

2. Procedimiento para hacer efectiva la Suspensión

El trabajador deberá comunicar por escrito a su empleador –preferentemente por medios electrónicos- que hará uso de la Suspensión, acompañando la siguiente documentación:

a. Copia del certificado de nacimiento o de la libreta de familia;

b. Declaración jurada simple que dé cuenta que se encuentra en las circunstancias antes descritas, declarando asimismo ser la única persona de hogar que se está acogiendo a la Suspensión del contrato bajo la presente Ley y la Ley N° 21.227 (Ley de Protección del Empleo);

c. Fecha de inicio de la Suspensión;

d. Información necesaria para recibir el pago de las prestaciones de la Ley N° 21.227, y

e. En el caso que el trabajador no sea el padre o madre, copia simple de la sentencia judicial que le confiere el cuidado personal de uno o más niños y/o niñas.

Recibida dicha comunicación, el empleador deberá ingresar a la Administradora de Fondos de Cesantía (en adelante “AFC”) por escrito –preferentemente de forma electrónica- la solicitud para que el trabajador acceda a las prestaciones ya señaladas, mediante la constancia que dé cuenta que el trabajador cumple con las condiciones antes indicadas.

Si el empleador no cumple con lo anterior dentro de dos días hábiles, el trabajador podrá presentarla directamente en forma electrónica ante la AFC.

3. Duración de la Suspensión

En caso que la solicitud sea aceptada, las prestaciones comenzarán a regir a partir de la fecha que señale la solicitud enviada a la AFC, y se extenderá hasta la reapertura del funcionamiento de los establecimientos educacionales, salas cunas y jardines infantiles por acto o declaración de la autoridad competente, a la cual asistiría el niño o niña, o hasta el término de la vigencia la Ley, si dicho término fuera anterior.

4. Efectos de la Suspensión

De cumplir con los requisitos indicados, la suspensión de los efectos del contrato de trabajo implicará el cese temporal de la obligación de prestar servicios por parte del trabajador y de la obligación de pagar remuneración y demás asignaciones que no constituyan remuneración, señaladas en el inciso segundo del artículo 41 del Código del Trabajo, por parte del empleador, mientras el trabajador tenga acceso a las prestaciones de la Ley.

De todas formas, durante la vigencia de la Suspensión, el empleador estará obligado a pagar las cotizaciones previsionales y de seguridad social, a excepción de las cotizaciones de la Ley N° 16.744 y en los mismos términos que la Ley de Protección del Empleo.

Además, respecto de los trabajadores acogidos a la Ley, no les será aplicable lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 13 de la Ley Nº 19.728, respecto de aquellas cotizaciones que fueron parte de dichas prestaciones.

Cuando el trabajador se reintegre al trabajo, el empleador deberá comunicarlo a la AFC y antes del reintegro.

5. Posibilidad de retracto de la Suspensión

Los trabajadores que hayan suspendido los efectos del contrato por motivos de cuidado podrán, a su mera voluntad, dejar sin efecto dicha suspensión, debiendo dar aviso al empleador por escrito y preferentemente por medios electrónicos, con cinco días hábiles de anticipación a su reincorporación. Ello deberá ser comunicado por el empleador a la AFC, en un plazo no más allá del reintegro del trabajador.

El trabajador podrá ejercer nuevamente el derecho a suspender el contrato, accediendo a las prestaciones de la Ley de Protección del Empleo según número y monto que le corresponde según la última prestación que recibió conforme a esa Ley.

De todas formas, el empleador en cualquier momento podrá ofrecer la suscripción de un anexo de contrato, a fin de otorgar otras condiciones al trabajador, con el objetivo de privilegiar el cuidado del niño o niña.

6. Retención por pensión alimenticia

Para efectos del pago de las pensiones alimenticias debidas por ley, que hayan sido decretadas judicialmente y notificadas al empleador, las prestaciones a que se refiere el Título II de la Ley serán embargables o estarán sujetas a retención hasta en un 50% de las mismas.

En estos casos, la AFC transferirá al empleador la totalidad de las prestaciones de los mencionados trabajadores, a fin de que el empleador cumpla con su obligación de retención y pago de las pensiones y pague directamente el saldo que quedare de la prestación al trabajador.

7. Indemnizaciones en caso de despido

En caso que se ponga término al contrato luego de que el trabajador hiciera uso del presente beneficio, las indemnizaciones por término de contrato deberán considerar como base de cálculo la última remuneración mensual devengada por el trabajador, según los artículos 163 y 172 del Código del Trabajo

Mientras permanezca suspendido el funcionamiento de establecimientos educacionales, jardines infantiles y salas cunas por acto o declaración de la autoridad, al que el niño asiste o asistiría, el empleador no podrá invocar la causal de terminación del contrato de trabajo establecida en el número 3 del artículo 160 del Código del Trabajo[1], respecto de aquellos trabajadores cuyos contratos no se encuentren suspendidos temporalmente, que tengan a su cuidado niños y/o niñas nacidos a partir del año 2013, siempre que la causa de su inasistencia se deba al referido cuidado y que no cuenten con alternativas razonables para garantizar su bienestar e integridad.

Esta circunstancia deberá ser debidamente comunicada al empleador tan pronto como le surja el impedimento, y acreditada al mismo dentro de los dos días hábiles siguientes a la respectiva inasistencia.

[1] El contrato de trabajo termina sin derecho a indemnización alguna cuando el empleador le ponga término invocando una o más de las siguientes causales:

La no concurrencia del trabajador a sus labores sin causa justificada durante dos días seguidos, dos lunes en el mes o un total de tres días durante igual periodo de tiempo; asimismo, la fala injustificada, o sin aviso previo de parte del trabajador que tuviere a su cargo una actividad, faena o máquina, cuyo abandono o paralización signifique una perturbación grave en la marcha de la obra.

Los trabajadores de casa particular también tendrán derecho a suspender el contrato de acuerdo a los beneficios de los apartados I y II, siempre que cumplan con las condiciones ya expresadas y que tengan acceso a las prestaciones de la indemnización a todo evento del inciso quinto del Artículo 163 del Código del Trabajo.

La Ley es compatible con el Ingreso Familiar de Emergencia así como otros beneficios económicos que se otorguen.

Sin embargo, las prestaciones que se otorguen conforme al apartado II de la presente minuta (suspensión de contrato por motivos de cuidado) serán incompatibles con los beneficios solicitados conforme al Artículo 1 de la Ley N° 21.227 (suspensión del contrato por acto de autoridad).

Las personas que, conforme al apartado II, obtuvieren mediante simulación o engaño complementos y/o prestaciones y quienes de igual forma, obtuvieren un beneficio mayor al que les corresponda, serán sancionadas con reclusión menor en sus grados medio a máximo. Igual sanción será aplicable a quienes faciliten los medios para la comisión de tales delitos. Lo anterior, es sin perjuicio de la obligación de restituir las sumas indebidamente percibidas, con los reajustes que conforme a derecho correspondan

La Ley comenzará a regir a partir de su publicación en el Diario Oficial, es decir, a partir del día 27 de julio de 2020 y se mantendrá vigente por la duración de las normas del Título I de la Ley N° 21.227, es decir, hasta el 6 de octubre de 2020.

Con fecha 28 de septiembre de 2020, se publicaron en el Diario Oficial las modificaciones realizadas al Decreto N°28 de 20111 , que tienen como objetivo generar herramientas que permitan impulsar la recuperación económica y del empleo, a través de Bonificaciones con cargo a los Programas de Formación del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (“Sence”).

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Con fecha 3 de julio de 2020 fue publicado en el Diario Oficial el Reglamento del Artículo 152 quáter M del Código del Trabajo, que establece las condiciones específicas de seguridad y salud en el trabajo al que deberán sujetarse los trabajadores que presten servicios en modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo (en adelante el “Reglamento”). Los aspectos más relevantes del presente Reglamento se detallan a continuación.

El presente Reglamento será aplicable a todos aquellos trabajadores que presten servicios en modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo.

En todo aquello que no esté regulado en este Reglamento, se aplicarán supletoriamente las normas del Decreto Supremo N° 594 que aprueba reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo y los Protocolos de Vigilancia de la exposición a factores de riesgo que dicte el Ministerio de Salud que sean aplicables a esta modalidad de prestación de servicios.

El empleador estará obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores que presten servicios en la modalidad de trabajo a distancia o de teletrabajo, en particular, deberá cumplir con lo siguiente:

a. Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos: el empleador deberá confeccionar una matriz de identificación de peligros y evaluación de los riesgos laborales asociados a los puestos de trabajo (en adelante la “Matriz”).

Para ello, el empleador se valdrá del instrumento de autoevaluación que proporcionará el Organismo Administrador de la ley 16.744 (en adelante el “Organismo Administrador”) que a continuación se indica.

En el plazo máximo de 30 días contado desde la fecha de recepción del instrumento de autoevaluación, el empleador deberá confeccionar esta Matriz, la cual deberá ser informada al Organismo Administrador respectivo, en un plazo de 3 días contado desde su confección.

No será necesario contar con esta Matriz cuando se haya pactado que el trabajador pueda libremente elegir donde ejercerá sus funciones. Sin perjuicio de lo anterior, el empleador deberá comunicar al trabajador: los riesgos inherentes a las tareas encomendadas, las medidas de prevención que deben observarse, así como los requisitos mínimos de seguridad que, para ejecución de tales labores sea necesario considerar en la determinación de los lugares de trabajo escogidos.

b. Instrumento de autoevaluación de riesgos: Para que el empleador identifique y evalúe las condiciones ambientales y ergonómicas de trabajo del trabajador, el Organismo Administrador deberá poner a disposición de las entidades empleadoras un instrumento de autoevaluación de riesgos, el cual será entregado a los trabajadores una vez iniciada la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo.

c. Programa de trabajo: dentro del plazo de 15 días desde la confección de la Matriz, el empleador deberá desarrollar un programa de trabajo que contenga, al menos:

1. Medidas preventivas y correctivas a implementar.
2. Plazo de ejecución;
3. Obligaciones que le asisten al trabajador en su implementación, y
4. Establecer aquellas medidas de ejecución inmediata que deban ser implementadas por el empleador.

d. Obligación de informar “Derecho a Saber”: el empleador deberá informar por escrito al trabajador, acerca de los riesgos que entrañan sus labores, de las medidas preventivas y los medios de trabajo correctos[1], ya sea que se trate de trabajadores que prestan servicios en su propio domicilio, en otro lugar determinado previamente o bien, que éste sea elegido libremente por el trabajador. La información mínima que deberá contener es la siguiente:

e. Capacitación: El empleador, con la periodicidad que defina el programa preventivo, que no debe exceder de dos años, deberá efectuar una capacitación al trabajador acerca de las principales medidas de seguridad y salud que debe tener presente para desempeñar dichas labores. La capacitación deberá consistir en un curso presencial o a distancia de, al menos ocho horas, la cual podrá ser realizada directamente por el empleador o a través del Organismo Administrador al que esté afiliado la empresa.

f. Equipos y elementos de protección personal: el empleador deberá proporcionar a sus trabajadores, los equipos y elementos de protección personal que sean adecuados al riesgo que se trata mitigar o controlar, no pudiendo en caso alguno cobrarles su valor.

g. Exposición a sustancias peligrosas: El trabajador no podrá, por requerimiento de sus funciones, manipular, procesar, almacenar ni ejecutar labores que impliquen la exposición de éste, su familia o de terceros a sustancias peligrosas[2].

h. Incorporación de la prohibición de ejecutar labores remotas bajo los efectos del alcohol o drogas en el Reglamento Interno.

i. Evaluación anual del cumplimiento del programa preventivo: Se deberá realizar una evaluación anual del cumplimiento del programa y disponer las medidas de mejora continua que se requieran.

j. Autorización del trabajador para inspecciones presenciales o no presenciales: Las medidas de control que determine el empleador podrán ejecutarse a través de inspecciones presenciales o virtuales, en el domicilio del trabajador o en los otros lugares de trabajo convenidos, siempre que no se vulneren los derechos fundamentales del trabajador.

En particular, estas inspecciones podrán ser realizadas por: (i) Empleador; (ii) Organismo Administrador o (iii) la Dirección del Trabajo, en cualquier momento.

k. Obligaciones y sanciones para el trabajador: El trabajador que ejecute sus labores a distancia o teletrabajo, deberá observar una conducta de cuidado de su seguridad y salud, evitando que el ejercicio de su actividad laboral pueda afectar a su grupo familiar y demás personas cercanas a su puesto de trabajo.

Adicionalmente, el trabajador podrá ser sancionado, conforme al Reglamento Interno de la empresa, en caso de: (i) incumplimiento o la falta de oportunidad o de veracidad de la información proporcionada en el instrumento de autoevaluación de riesgos y (ii) negativa infundada para consentir la autorización para que el empleador u Organismo Administrador realice inspecciones en el domicilio del trabajador, incluyendo la falta de las facilidades para realizar una visita ya autorizada.

l. Asistencia del Organismo Administrador de la Ley 16.744: el empleador podrá requerir la asistencia técnica de este organismo, conforme a las instrucciones que al efecto imparta la Superintendencia de Seguridad Social.

[1] De acuerdo con los procedimientos contenidos en el Título VI del D.S. Nº 40, de 1969, del Ministerio del Trabajo.

[2] Conforme a la singularización de los incisos segundo de los artículos 5º y 42 del decreto supremo Nº 594, de 1999, del Ministerio de Salud

La inspección, fiscalización y sanciones a las infracciones del presente Reglamento serán efectuadas por la Dirección del Trabajo, sin perjuicio de las facultades de la Superintendencia de Seguridad Social.

El presente Reglamento entrará en vigencia transcurridos 90 días desde su publicación en el Diario Oficial, es decir, a partir del día 1 de octubre de 2020.

El objetivo principal es otorgar un beneficio transitorio a los trabajadores independientes, protegiendo sus ingresos con motivo de la situación de pandemia nacional por COVID-19, mediante el otorgamiento de un beneficio en dinero calculado en base a la disminución se ingresos que perciban en comparación al año anterior. Este beneficio será pagado por el Servicio de Tesorerías a través de una solicitud ante el Servicio de Impuestos Internos y por una duración máxima de 3 meses.

Tendrán acceso a este beneficio, los trabajadores independientes que perciban rentas gravadas por el artículo 42 N° 2 de la Ley de la Renta y que cumplan con los siguientes requisitos:

i) Haber emitido boletas de honorarios por a lo menos 3 meses continuos o discontinuos, de los 12 meses anteriores al 1 de abril de 2020, o haber emitido boletas de honorarios en a lo menos 6 meses, continuos o discontinuos, en los 24 meses anteriores a la referida fecha;

ii) Que, en el mes anterior al cual se solicita el beneficio, sus rentas brutas percibidas gravadas conforme al artículo 42 N° 2 de la Ley sobre Impuesto a la Renta hayan experimentado una disminución de, al menos un 30%, respecto del resultado de dividir por 12, el conjunto de las rentas brutas gravadas conforme al artículo 42 N° 2 ya señalado, percibidas durante los 12 meses anteriores al 1° de abril de 2020; y

iii) Que todas las boletas de honorarios a que se refieren las letras a) y b) anteriores, se hayan emitido en forma electrónica. Existen ciertas excepciones que permitirían la emisión de boletas en papel[1], en cuyo caso, para poder acceder al beneficio, se requerirá de la dictación de la respectiva resolución de parte del Servicio de Impuesto Internos.

[1] No obstante lo anterior, podrán haberse emitido en papel las boletas de honorarios de dichos periodos tratándose de (i) contribuyentes cuyos servicios no estén sujetos a la obligación de retención del artículo 74 N°2 de la Ley sobre Impuesto a la Renta y que hayan realizado pagos provisionales conforme al artículo 84 letra b) de la referida ley o (ii) contribuyentes que desarrollen su actividad económica en un lugar geográfico sin cobertura de datos móviles o fijos de operadores de telecomunicaciones que tienen infraestructura, sin acceso a energía eléctrica o en lugares declarados como zonas afectadas por catástrofe conforme al decreto supremo N° 104, de 1977.

El trabajador que cumpla con los requisitos antes indicados recibirá mensualmente el beneficio, cuyo monto a pagar se calculará de la siguiente forma:

a) Si el Ingreso Promedio Mensual[1] es igual o inferior al Ingreso de Referencia[2], el beneficio ascenderá a 70% de la diferencia entre el Ingreso Promedio Mensual y el Ingreso Mensual[3].

b) Si el Ingreso Promedio Mensual es superior al Ingreso de Referencias, el beneficio ascenderá al 70% del resultado de multiplicar un Factor de Diferencia del Ingreso[4] por el promedio entre el Ingreso Promedio Mensual y el Ingreso de Referencia.

El beneficio máximo mensual que puede ser percibido por el trabajador independiente es de $650.000.

El periodo máximo de beneficio será de 3 meses, continuos o discontinuos, dentro de los 6 meses siguientes a contar del 1 de mayo de 2020.

Adicionalmente, la Ley establece un subsidio por un monto máximo de $100.000 para los trabajadores independientes que reciban el presente beneficio y que sus rentas obtenidas en el proceso de declaración anual de renta del año 2021, divididas por 12, resulten en una cantidad igual o menor a $500.000. Durante el proceso de declaración de renta 2021, el Servicio de Impuestos Internos informará a los trabajadores independientes del monto del subsidio que corresponda en cada caso.

[1] El resultado de dividir por 12 la suma de las rentas gravadas conforme al artículo 42 N° 2 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, percibidas en los 12 meses anteriores al 1º de abril de 2020. Para efectos de este cálculo, las referidas rentas brutas percibidas se reajustarán según la variación del Índice de Precios al Consumidor entre el último día del mes anterior a su percepción y el último día del mes anterior a aquél en que se realiza la solicitud.

[2] El Ingreso de Referencia es la suma de $320.500.

[3] La suma de las rentas gravadas conforme al artículo 42 N° 2 de la Ley sobre Impuesto a la Renta percibidas en el mes respecto del cual se solicita el beneficio. Para efectos de este cálculo las referidas rentas brutas percibidas se reajustarán según la variación del Índice de Precios al Consumidor entre el último día del mes anterior a su percepción y el último día del mes anterior a aquél en que se realiza la solicitud.

[4] El resultado de dividir por el Ingreso Promedio Mensual, la diferencia entre el Ingreso Promedio Mensual y el Ingreso Mensual.

El trabajador independiente que cumpla los requisitos establecidos en esta ley podrá:

• Solicitar mensualmente el beneficio al Servicio de Impuestos Internos, preferentemente mediante medios electrónicos, respecto de la caída de ingresos que hubiese sufrido el mes anterior e indicando la forma o medio de pago por la que opta entre aquellas disponibles y los demás antecedentes que determine dicho Servicio mediante una o más resoluciones, en las que también se determinará la forma de solicitar el beneficio.

• Al respecto, destacamos que corresponderá al Servicio de Impuestos Internos la determinación del cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento del beneficio y el cálculo del monto máximo que corresponda a cada beneficiario.

• Verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos en el acápite 2 anterior y el monto del beneficio que corresponda, el Servicio de Impuestos Internos le informará al Servicio de Tesorerías para que proceda a pagar el beneficio, según el medio de pago por el que haya optado el trabajador independiente, entre aquellos disponibles.

• La entrega del beneficio se realizará dentro del plazo de 10 días hábiles contado desde la solicitud del trabajador independiente.

Este beneficio es un ingreso no constitutivo de renta, no estando afecto a cotizaciones previsionales, impuestos, ni tampoco a retenciones administrativas. Sí podrá afectarse por retenciones legales o judiciales de pensiones alimenticias, hasta un 50%.

La Ley señala que el trabajador independiente deberá reintegrar ante el Servicio de Tesorería el monto del beneficio percibido, en tres cuotas anuales y sucesivas, sin multas ni intereses.

La primera cuota anual corresponderá a un 20% del beneficio total obtenido y cada una de las dos cuotas anuales restantes, corresponderán a un 40% del beneficio total obtenido. Al reintegro del beneficio se le descontará el subsidio que corresponda. Las cuotas que corresponda pagar se reajustarán conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor, en el período comprendido entre el último día del mes anterior al que el trabajador independiente recibió el beneficio respectivo y el último día del mes anterior al pago.

Las cuotas de reintegro se pagarán en el proceso de declaración anual de impuesto a la renta conforme al artículo 65 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, debiendo enterarse la primera cuota en el proceso que se lleve a cabo en el año 2022.

En caso de mora en el pago de las cuotas del reintegro, a dichas cantidades se les aplicará una tasa de interés equivalente a la tasa de endeudamiento del Fisco en el mismo plazo. Dicha tasa será fijada anualmente por la Dirección de Presupuestos mediante resolución exenta, la que deberá ser publicada en el Diario Oficial.

La Ley establece que las personas que obtuvieren estos beneficios mediante simulación o engaño y quienes, de igual forma, obtuvieren un beneficio mayor al que les corresponda, serán sancionadas con reclusión menor en su grado mínimo a medio. Igual sanción será aplicable a quienes faciliten los medios para la comisión de tales delitos.

Lo anterior, sin perjuicio de restituir al Fisco, a través del Servicio de Tesorerías, las sumas indebidamente percibidas, las que se convertirán en unidades de fomento al día de la percepción y se restituirán al valor de dicha unidad al día de la restitución.

El proyecto de ley establece que sus disposiciones entrarán en vigor día de la publicación de la Ley en el Diario Oficial, es decir, a partir del día 24 de junio de 2020.

Con fecha 22 de junio de 2020, la Dirección del Trabajo publicó el Dictamen N° 1959/015 que fija la doctrina administrativa estableciendo la posibilidad que el empleador otorgue beneficios suplementarios a los trabajadores sujetos a la suspensión de la relación laboral bajo la Ley de Protección al Empleo (en adelante la “Ley”).

Una de las grandes dudas que dejó la Ley de Protección al Empleo, era sobre la posibilidad si durante la suspensión de la relación laboral, el empleador podía o no complementar los ingresos que el trabajador recibiera por las prestaciones del seguro de cesantía, en atención a las sanciones que contempla la Ley en su artículo 14, en caso de simulación o engaño, para obtener las prestaciones del seguro de cesantía. Pues bien, en el presente dictamen, la Dirección del Trabajo viene en aclarar la posibilidad de que una empresa pueda otorgar dicho “complemento”, lo cual en ningún caso puede representar una modificación de los efectos de la suspensión de la relación laboral.

En efecto, en consideración a las especiales circunstancias que dieron origen a la dictación de la Ley 21.227, la Dirección del Trabajo aclara que “no existe justificación jurídica alguna para impedir que el empleador adopte medidas (…) mediante un aporte en dinero o en especie que refuerce o suplemente los ingresos que le correspondan al trabajador con cargo al Seguro de Desempleo, en

aquella parte no cubierta por este”. Lo anterior, siempre que se cumpla con lo siguiente:

1. Que dicha medida no suponga la obligación de volver a prestar servicios (mientras dure la suspensión), y
2. Que el complemento no signifique una simulación o engaño para obtener los complementos y/o prestaciones de la Ley o bien para obtener un beneficio mayor al que corresponda.

Por último, el presente dictamen destaca que el complemento que otorgue un empleador no constituye una perturbación u obstáculo para la consecución de los objetivos previstos en la Ley.

En definitiva, se ajusta a derecho que el empleador otorgue beneficios suplementarios (en dinero o especies) al trabajador durante el periodo de suspensión temporal de la relación laboral de la Ley N° 21.227 (por acuerdo o acto de autoridad), en la medida que se cumplan con los requisitos antes indicados.

Con fecha 29 de mayo de 2020 fue publicada en el Diario Oficial la Ley N° 21.235 (en adelante la “Ley”), la cual establece la suspensión de los procesos electorales de directivas y delegados sindicales, así como de asociaciones de funcionarios, prorrogando sus mandatos mientras dure el estado de excepción constitucional de catástrofe, en los términos que indica la Ley.

Los alcances y efectos más relevantes de la presente Ley son los siguientes:

La presente Ley es aplicable para todos aquellos procesos electorales de (i) directivas sindicales (ii) delegados sindicales regidos por el Código del Trabajo, así como aquellas (iii) directivas sindicales de las asociaciones de funcionarios de la Administración del Estado regidas por la Ley N° 19.296.

La presente Ley suspende de pleno derecho los procesos electorales que no hubieren podido finalizar antes de la publicación de esta Ley (29 de mayo de 2020) y que cumplan con una de las siguientes condiciones:

• Hubieren iniciado antes de la declaración de estado de excepción constitucional de catástrofe de fecha 18 de marzo de 2020, o
• Debieron iniciarse durante dicho estado de excepción.

En caso de prórroga del estado de excepción en una o más regiones del país, la suspensión aplicará únicamente en dichas regiones. En el caso que la organización sindical o asociación de funcionarios afilien trabajadores que prestan funciones en distintas regiones, la suspensión regirá hasta que se levante el estado de excepción en la última región en que deba realizarse el proceso electoral.

Hacemos presente que la suspensión de pleno derecho del proceso electoral NO aplica en las siguientes hipótesis:

• Cuando la organización sindical respectiva o aquellas asociaciones de funcionarios regidas por la ley N° 19.296 estimen que están las condiciones para llevar a cabo el proceso electoral.
• Constitución de nuevas organizaciones sindicales de conformidad al Código del Trabajo o en la Constitución de nuevas asociaciones de funcionarios de conformidad al Artículo 8 de la Ley N° 19.296 sobre Asociaciones de Funcionarios de la Administración del Estado.

En los casos en que se suspende de pleno derecho el proceso electoral, según lo indicado en el apartado precedente, la vigencia del mandato sindical de directores, delegados sindicales y directores de las asociaciones de funcionarios se prorrogará por el número de días que restaba para el término del mandato original cuando se decretó el estado de excepción, contados desde el cese de dicho estado o su prórroga. De todas formas, la prórroga no podrá ser inferior a 15 días hábiles.

Con fecha 1 de junio de 2020 ha sido publicada en el Diario Oficial la Ley N° 21.232 que establece modificaciones a la Ley 21.227, “Ley que Faculta el Acceso a las Prestaciones del Seguro de Cesantía”.

Las modificaciones incorporadas por esta ley, conocida también como “Ley Corta”, vienen no solo a aclarar algunas materias no solucionadas en la Ley 21.227, sino que además a establecer algunos requisitos adicionales y cortapisas para que las empresas y/o sus trabajadores puedan acceder a las prestaciones del Seguro de Cesantía.

1. En relación al Pago de Cotizaciones Previsionales

La Ley N°21.232 señala que, en los casos de suspensión de la relación laboral, los empleadores
deberán pagar el equivalente al 100% del monto que el trabajador recibe desde la AFC como
prestación del Seguro de Desempleo, respecto de las siguientes cotizaciones:

• Cotizaciones de AFP (y su comisión).
• Aportes al Seguro que permite el otorgamiento de las prestaciones por pensiones de invalidez y sobrevivencia.

Respecto a las demás cotizaciones de seguridad social, por ejemplo los aportes a la AFC, ley Sanna y, respecto de las cotizaciones de salud, se indica que los empleadores deberán pagar el 100% de dichas cotizaciones, calculadas sobre la última remuneración mensual percibida por el trabajador de forma previa a la suspensión.

Siguen excluidas de pago las Cotizaciones del Seguro Social de la Ley N° 16.744

2. En Relación a los Despidos durante la vigencia de la Suspensión de la Relación laboral y las bases de cálculo para el pago de eventuales indemnizaciones

En lo relevante, se establece una nueva limitación en materia de despidos ya que se indica que el despido por la causal del Artículo 161 (Necesidades de la Empresa) no será aplicable a los trabajadores acogidos a la ley. Si es aplicable respecto de los trabajadores no afecto a esta ley.

Por otra parte, se aclara la procedencia de la aplicación de las causales establecidas en el artículo 159 del Código del Trabajo, relativas a “mutuo acuerdo”, “vencimiento del plazo” y “término de la obra o faena”.

Adicionalmente, se indica que, en caso que el empleador pusiere término al contrato de trabajo, esto una vez finalizada la vigencia de la suspensión, las indemnizaciones legales a las que eventualmente tendrá derecho el trabajador deberán considerar como base de cálculo la última remuneración mensual devengada por el trabajador, esto es de forma previa a la suspensión.

3. Trabajadores de Empresas de Servicios Esenciales y Trabajadores Excluidos:

La Ley N°21.232 incorpora la posibilidad que las empresas que realizan servicios esenciales si puedan acogerse a la ley, pero solo respecto de aquellos trabajadores cuyos servicios no sean necesarios para la continuidad de dichas actividades.

Por otra parte, se establece una limitación al acceso a esta ley a aquellas trabajadoras que estén gozando del fuero laboral por maternidad. Estas trabajadoras NO podrán acogerse a las prestaciones de la ley, tanto en los casos de suspensión por acto de autoridad o mutuamente acordada.

4. Pago de Pensiones de Alimentos:

La Ley Corta regula que en el caso de existir pensiones alimenticias ordenadas judicialmente, el empleador al efectuar la declaración jurada en la AFC por la suspensión del contrato debe señalar expresamente los trabajadores respecto de los que efectúa retenciones y pago de pensiones de alimentos. En ese caso, la AFC transferirá al empleador la totalidad de las prestaciones de los mencionados trabajadores, indicando el nombre, rol único tributario y monto de la prestación que corresponde a cada uno de ellos, a fin de que el empleador cumpla con su obligación de retención y pago de las pensiones y pague directamente el saldo que quedare de la prestación al trabajador.

5. Respecto a Trabajadores de Casa Particular

Se establece que, en caso de suspensión de estos contratos, el empleador deberá pagar las cotizaciones previsionales y de salud en la misma forma antes expuesta en el número 1, así como también la cotización del 4,11% correspondiente a la indemnización a todo evento de crgo del empleador.

1.  Del Concepto de Afectación Parcial

Respecto a la posibilidad de adoptar pactos de suspensión de relación laboral de mutuo acuerdo, la ley señala que la empresa debe encontrarse afectada, entendiéndose por tal cuando en el mes anterior a la suscripción del pacto sus ingresos por ventas o servicios netos del Impuesto al Valor Agregado hayan experimentado una caída igual o superior a un 20% respecto del mismo mes del año anterior.

Se establece además que, sin perjuicio de la presunción anterior, cualquier trabajador que se vea afectado, por sí o a través de la organización sindical a la que se encuentre afiliado, podrá recurrir a la Dirección del Trabajo denunciando que no se cumple la afectación en la actividad de la empresa que justifica la aplicación del pacto de suspensión temporal del contrato de trabajo.

2. En relación con los Seguros de Desempleo

Al igual que en el caso de los Pactos de Suspensión por Acto de Autoridad, se incorpora la posibilidad de que los trabajadores acogidos a los Pactos de Suspensión por Mutuo Acuerdo puedan hacer efectivos los seguros de cesantía o cláusulas de cesantía asociadas a los créditos de cualquier naturaleza que sean éstos, con los que mantengan deudas en cuotas u otra modalidad.

En efecto, se indica expresamente que se entenderá que el trabajador que se acoja a los preceptos de la presente ley se encuentra en una situación de cesantía involuntaria para todos los efectos de la cobertura de los riesgos previstos en la póliza respectiva.

3. De la Vigencia Diferida

Finalmente, se señala que los pactos de suspensión de mutuo acuerdo podrán tener una vigencia diferida, es decir, sus efectos se podrán producir en una fecha posterior a la suscripción del pacto, la que en todo caso no podrá exceder del primer día del mes siguiente a la fecha de celebración del pacto respectivo.

1. Nuevo Supuesto

A los cuatro supuestos establecidos en el artículo 8 de la ley 21.227 se incorpora un quinto, especialmente aplicable a Isla de Pascua y al Archipiélago de Juan Fernández.

En lo concreto se señala: “e) Tratándose de empleadores domiciliados en alguno de los territorios especiales de Isla de Pascua o el Archipiélago de Juan Fernández, que realicen su actividad o presten sus servicios en los referidos territorios, siempre que a contar del 1 de marzo de 2020 hayan experimentado una disminución de sus ventas promedio mensuales en un período cualquiera de 2 meses consecutivos, que exceda del 20% calculado respecto del promedio de sus ventas mensuales en el mismo período del ejercicio anterior”.

Se incluye además el procedimiento que deberán seguir los empleadores de dichas zonas para acogerse a la ley.

2. Posibilidad de establecer una vigencia diferida

Al igual que en el caso de las suspensiones mutuamente acordadas, se establece la posibilidad de que el pacto tenga una vigencia diferida, es decir, que sus efectos se produzcan en una fecha posterior a la de su suscripción, la que, en todo caso, no podrá exceder del primer día del mes siguiente a la fecha de celebración del pacto respectivo.

Se aclara además que, en caso de que alguno de los pagos comprenda un número de días inferior a un mes se pagará de forma proporcional.

3.  Respecto a los Pagos de Pensión de Alimentos

Al igual que en el caso de las suspensiones, se indica que el complemento al que puede acceder el trabajador a propósito de la reducción de su jornada de trabajo podrá ser embargado o retenido hasta en un 50%, para el pago de las pensiones alimenticias debidas por ley, que hayan sido decretadas judicialmente y notificadas al empleador.

Respecto al procedimiento, para que se cumpla lo anterior, el empleador respecto de las retenciones y pagos de las pensiones alimenticias de cargo de sus trabajadores, que le hubieren sido notificadas judicialmente, estará facultado para embargar o retener más del 50% de la remuneración, con el objeto de proceder a embargar el complemento en la parte que corresponda, de manera tal que la Sociedad Administradora pague al trabajador la totalidad del referido complemento.

1. Plazo para el Pago de Cotizaciones Previsionales

Se establece que las cotizaciones pueden ser pagadas durante la vigencia de las suspensiones y/o de la rebaja la jornada de trabajo y hasta en un plazo de 24 meses desde el término de dicha vigencia.

2. Del Reparto de Utilidades, Dietas de Directores y otras limitaciones

Se establece que las empresas que se acojan a la ley N°21.227 y que estén organizadas como sociedades anónimas de conformidad a la ley N°18.046 no podrán repartir dividendos a sus accionistas durante el ejercicio comercial en que la empresa o una de las entidades del grupo empresarial tengan contratos de trabajo suspendidos ante la Sociedad Administradora del Fondo de Cesantía.

Asimismo, las Empresas que mantengan capitales o empresas relacionadas en “paraísos fiscales”, tampoco podrán acogerse a la ley 21.227.

Finalmente, respecto a las Dieta de Directores, se señala que los directores de las sociedades anónimas abiertas, donde todos o la mayor parte de los trabajadores tengan que hacer uso de la suspensión por mutuo acuerdo, no podrán percibir honorario o dieta alguna por el ejercicio de dicho cargo de director, superior a los porcentajes correspondientes al seguro de cesantía, durante el período de la suspensión.

3. De la Vigencia de las modificaciones introducidas por la “Ley Corta”

El artículo transitorio señala expresamente que las disposiciones de la denominada Ley N°21.232 entrarán en vigencia al momento de su publicación, esto es el 1 de junio de 2020.

Lo anterior, a excepción de las modificaciones incorporadas en relación al pago de cotizaciones
de seguridad social y salud, las que regirán desde la entrada en vigencia de la ley 21.227. Lo anterior, a excepción de las cotizaciones que a la fecha de publicación de la Ley N°21.232 ya hubiesen sido pagadas en virtud de las normas originales de la ley 21.227.

Respecto a la posibilidad de suscribir Pactos de Suspensión o de Rebaja de Jornadas con vigencia diferida, dichas disposiciones estarán vigentes desde la publicación de la ley 21.227.

Finalmente, hacemos presente que dado la redacción de algunas de las normas introducidas por la Ley N°21.232 y las discordancias entre éstas y/o la propia ley 21.227, estimamos que órganos administrativos como la Dirección del Trabajo, la Superintendencia de Seguridad Social e incluso la Comisión para el Mercado Financiero, deberán emitir pronunciamientos interpretativos que permitan una aplicación adecuada de la ley 21.227 y su ley modificatoria.

El Ejecutivo anunció, el día 29 de abril, el envío al Congreso de un proyecto de ley que crea un seguro de protección para trabajadores independientes que emiten boletas a honorarios. A continuación, se describen sus principales características:

¿Qué protege este Seguro?

Este seguro entregará beneficios a los trabajadores independientes que hayan emitido al menos cuatro boletas de honorarios durante los últimos 12 meses, u 8 boletas de honorarios durante los últimos 24 meses, y que, producto la crisis sanitaria, hayan experimentado caídas en sus ingresos iguales o mayores al 20% de lo que era su ingreso promedio.
Asimismo, el Seguro de Protección del Ingreso efectuará pagos mensuales para compensar esta caída de ingresos, cuya magnitud va a depender del monto de la caída de los ingresos y de la situación socioeconómica de la persona afectada. Mientras mayor es la caída de ingresos, mayor va a ser el esfuerzo por compensarla, y llegaría hasta un 70% de la caída de los ingresos de estos trabajadores independientes con boletas de honorarios.

Carácter del seguro y alcances:

Este seguro va a tener un carácter solidario y va a proteger con mayor intensidad a los trabajadores de menores ingresos y a los que hayan tenido las mayores caídas en sus ingresos. Los aportes podrán ser recibidos hasta tres meses de los próximos nueve meses que tenemos por delante, y con un tope máximo de 500 mil pesos por cada aporte.
Este mecanismo está pensado para ser permanente, protegiendo a este grupo objetivo, en caso de que vuelvan a ocurrir situaciones como las que se viven en la actualidad o escenarios de catástrofe en que se produce una caída generalizada de los ingresos.

¿Cómo se financiará?

El seguro se financiará con un aporte de los trabajadores independientes, que va a alcanzar a un 0,4% de los ingresos que ellos perciban. Asimismo, será compatible con el acceso a el Seguro de Desempleo si alguna persona tiene la doble característica de tener contrato de trabajo y, al mismo tiempo, emitir boletas de honorarios.
Para que el beneficio pueda ser percibido, apenas sea promulgado como ley, se estableció un aporte extraordinario de parte del Fisco de hasta 300 millones de dólares que va a permitir financiarlo en sus primeras etapas, esperando que ese porte pueda ser reintegrado en el tiempo.

Con fecha 31 de marzo de 2020 se aprobó el proyecto de Ley “Que Faculta el Acceso a Prestaciones del Seguro de Desempleo de la Ley N° 19.728, en Circunstancias Excepcionales”, para contrarrestar los nocivos efectos de la enfermedad Coronavirus en la economía y particularmente en el empleo.

El foco de la Ley  es, por un lado, que aquellas actividades o labores que no puedan  seguir funcionando debido a un acto o declaración de autoridad, verán suspendidos de pleno derecho los efectos de la relación laboral (salvo pacto en contrario), por lo que el trabajador podrá acceder a las prestaciones del seguro de cesantía estando vigente la relación laboral; y por otra parte, dar la posibilidad de acordar una reducción de jornada, en cuyo caso operará un complemento por parte del seguro de cesantía para los trabajadores de empresas que se encuentren en las situaciones especiales que regula la ley.

1.Cuándo aplica

a. Cuando exista un acto o declaración de autoridad que impida el cumplimiento de los servicios, esto es, un acto o declaración que establezca medidas sanitarias o de seguridad interior para el control de la enfermedad denominada COVID-19, que impliquen la paralización de actividades en todo o parte del territorio del país y que impida o prohíba totalmente la prestación de los servicios contratados.

b. Para estos efectos el Subsecretario de Hacienda, deberá dictar una resolución fundada en la que señalará la zona o territorio afectado de conformidad a los efectos del acto o declaración de autoridad y, en su caso, las actividades o establecimientos exceptuados de la paralización de actividades. Esta resolución también deber firmada por el Subsecretario del Trabajo, previa visación del Director de Presupuestos.

c. La ley comienza a tener efectos desde que se publica en el Diario Oficial y rige de pleno derecho, es decir, sin necesidad de acuerdo entre las partes; salvo que exista un pacto entre empleador y trabajador a efectos de dar continuidad a la relación laboral durante este período, el que deberá constar por escrito.

2. Efectos

a. Suspensión temporal de la relación laboral.

b. Para el trabajador: Implica el cese temporal, por el período de tiempo que el acto o declaración de autoridad determine, de la obligación de prestar servicios.

c. Para el empleador: Se suspende la obligación de pagar la remuneración, pero deberá continuar pagando las cotizaciones previsionales y de seguridad social, tanto de su cargo como aquellas del trabajador, con excepción de las cotizaciones del seguro social de la ley N°16.744 sobre Accidentes Del Trabajo y Enfermedades Profesionales, las que se calcularán sobre el 50 por ciento de la remuneración.

3. Requisitos para ser beneficiario

a. Registrar tres cotizaciones continuas en los últimos tres meses inmediatamente anteriores al acto o declaración de autoridad.

b. Asimismo, podrán acceder aquellos trabajadores que registren un mínimo de seis cotizaciones mensuales continuas o discontinuas durante los últimos doce meses, siempre que a lo menos registren las últimas dos cotizaciones con el mismo empleador en los dos meses inmediatamente anteriores al acto o declaración de autoridad.

4. A quiénes aplica

a. A todo trabajador afiliado al seguro de desempleo, que se vea impedido de cumplir con sus funciones debido al acto o declaración de autoridad.

b. A los trabajadores, afiliados al seguro de desempleo, cuyos empleadores hayan paralizado sus actividades por mutuo acuerdo o a consecuencia de un acto o declaración de autoridad; o que hayan pactado la continuidad de la prestación de los servicios, entre el 18 de marzo de 2020 y la fecha de entrada en vigencia de esta ley. En este caso, los trabajadores podrán acceder a las prestaciones establecidas en esta Ley, una vez dictado el acto o declaración de autoridad.

5. A quiénes NO aplica

a. Al trabajador que haya pactado con su empleador la continuación de los servicios y el pago total o parcial de sus remuneraciones, por ejemplo, en la modalidad de teletrabajo.

b. Al trabajador que reciba en el mismo período, subsidio por incapacidad laboral, cualquiera sea la naturaleza de la licencia médica o motivo de salud que le dio origen, durante el tiempo en que perciba dicho subsidio.

c. A trabajadores de Empresas que se dediquen a los servicios exceptuados de los efectos del acto o declaración de autoridad.

d. A trabajadores de las empresas que habiendo contratado o celebrado convenios que se financien íntegramente con cargo a la Ley de Presupuestos del Sector Público, reciban de los servicios o instituciones los pagos correspondientes.

6. Cómo opera el seguro

a. Se considerará el promedio de las remuneraciones imponibles devengadas en los últimos tres meses en que se registren cotizaciones, anteriores al inicio del acto o declaración de autoridad.

b. Se pagará por mensualidades vencidas y se devengará a partir de la fecha en que comience a regir el acto o declaración de autoridad.

c. Si el acto o declaración de autoridad se extiende por un plazo menor a un mes, se pagará proporcionalmente.

d. Primero se girará contra la cuenta individual por cesantía del trabajador y cuando ello sea insuficiente, se financiarán con cargo al Fondo de Cesantía Solidario. Las prestaciones se pagan en forma decreciente, partiendo de un 70% de la remuneración imponible y aplicando los porcentajes, meses y tablas del artículo 15 y 25 de la Ley Sobre Seguro de Desempleo (Ley N° 19.728), pero con un ajuste en el tramo inferior del fondo solidario, como pasa a explicarse:

 i. Tabla Art. 15 Ley Sobre Seguro de Desempleo (cuenta individual):  

ii. Tabla art. 25 Ley Sobre Seguro de Desempleo (fondo solidario y ajuste en valor inferior dado por esta Ley):

Y en el caso de trabajadores contratados a plazo fijo o por obra o faena:

e.La Superintendencia de Pensiones estará facultada para dictar una norma de carácter general que regule la solicitud, registro, giro, cobro, pago, orden y sucesión de las prestaciones del seguro de cesantía que procedan por efecto de esta Ley.

f. Los trabajadores a quienes se apliquen los beneficios de esta Ley tendrán derecho a hacer efectivos los seguros de cesantía o cláusulas de cesantía asociadas a los créditos de cualquier naturaleza que sean éstos, con bancos, instituciones financieras, casas comerciales y similares, con los que mantengan deudas.

7. Obligaciones para el empleador

a. Debe mantener el pago de cotizaciones previsionales y de seguridad social, salvo las relativas a la ley N°16.744 de Accidentes Del Trabajo y Enfermedades Profesionales, las que se calcularán sobre el 50 por ciento de la remuneración.

b. En el caso de trabajadores de casa particular, el empleador solo estará obligado a continuar pagando y enterando la cotización de salud, y del seguro de invalidez y sobrevivencia.

c. Debe solicitar a la AFC la prestación del seguro, presentando preferentemente en forma electrónica una declaración jurada simple que dé cuenta de lo siguiente:

c.1. Que él o los trabajadores respecto de los cuales se solicita la prestación, no se encuentran en alguna de las situaciones descritas en el inciso tercero del artículo 1 de la ley, es decir, que no se trata de trabajadores que se encuentren en las situaciones de los puntos 5.a y 5.b de esta minuta.

c.2. Debe aportarse la información necesaria para efectuar el pago correspondiente al trabajador.

d. El Empleador será personalmente responsable de la veracidad de las declaraciones del documento.

e. Con todo, el trabajador respecto del cual no se haya solicitado el beneficio podrá, individual o colectivamente, requerir la prestación respectiva, presentando una declaración jurada en el mismo tenor señalado.

f. El empleador debe remitir mensualmente a la Dirección del Trabajo, por medios electrónicos, la nómina de trabajadores que se hayan visto afectados por la suspensión de las obligaciones contractuales respecto de las cuales se hayan solicitado las prestaciones que regula esta Ley.

8. Restricciones para tener en cuenta

a. Durante la vigencia de la suspensión, solo se puede poner término a la relación laboral por la causal establecida en el artículo 161 del Código del Trabajo (necesidades de la empresa / desahucio escrito del empleador).

b. Durante un plazo de 6 meses desde la publicación de la Ley en el Diario Oficial, o bien, existiendo el Estado de Catástrofe decretado por el Presidente de la República, no se podrá poner término a los contratos de trabajo por la causal de caso fortuito o fuerza mayor, invocando como motivo los efectos de la pandemia de COVID-19.

c. En el caso de trabajadores que hayan recibido las prestaciones establecidas en la presente ley, en caso de término de contrato por el artículo 161 del Código del Trabajo; el empleador no podrá descontar de la indemnización por años de servicio, el saldo aportado por el empleador en este tiempo a la cuenta individual de cesantía del trabajador.

9. Quién fiscaliza

a. La Dirección del Trabajo, en conocimiento de los antecedentes que proporcione el empleador en la remisión mensual y los que pueda recabar en función de sus facultades fiscalizadoras, podrá determinar el incumplimiento de los requisitos establecidos en la presente ley, aplicando las sanciones que en derecho correspondan, según sea el caso, y derivando los antecedentes a los tribunales de justicia.

b. Las partes podrán denunciar ante la Inspección del Trabajo los incumplimientos que se deriven de los pactos establecidos en la presente ley, sin perjuicio de la facultad de éstas para recurrir a los Tribunales de Justicia competentes.

10. Sanciones

a. Las personas que, conforme a la presente ley, obtuvieren mediante simulación o engaño complementos y/o prestaciones y, quiénes de igual forma, obtuvieren un beneficio mayor al que les corresponda, serán sancionadas con reclusión menor en sus grados medio a máximo.

b. Igual sanción se aplica a quienes faciliten los medios para la comisión de tales delitos.

c. Los empleadores que sean personas jurídicas serán responsables de los delitos que fueren cometidos directa e inmediatamente en su interés o para su provecho, por sus dueños, controladores, responsables, ejecutivos principales, representantes o quienes realicen actividades de administración y supervisión, siempre que la comisión de tales delitos fuere consecuencia del incumplimiento, por parte de la persona jurídica, de los deberes de dirección y supervisión, y serán sancionados con multa a beneficio fiscal correspondiente al doble del monto del beneficio indebidamente recibido y prohibición de celebrar actos y contratos con el Estado por dos años.

d. También serán responsables los empleadores que sean personas jurídicas, cuando dichos delitos sean cometidos por personas naturales que estén bajo la dirección o supervisión directa de alguno de los sujetos antes mencionados.

11. Empleadores cuya actividad se vea afectada total o parcialmente

a. Podrán suscribir con trabajadores afiliados al seguro de cesantía en forma personal, o previa consulta a la organización sindical a la que se encuentre afiliado, un pacto de suspensión temporal del contrato de trabajo.

b. En este caso, cumpliendo los requisitos señalados para ser beneficiarios (3 de esta minuta), los trabajadores tendrán derecho a acceder a las prestaciones del seguro de cesantía.
c. Este pacto solo puede celebrarse fuera de los períodos en que rija un acto o declaración de autoridad y hasta un plazo de 6 meses contado desde la publicación de la Ley en el Diario Oficial.

d. Si durante la vigencia de este pacto, se decrete un acto o declaración de autoridad, se suspenderá su vigencia, la que continuará de pleno derecho una vez finalizada la vigencia del mandato de la autoridad.

e. El empleador y el trabajador y/o el representante de la organización sindical respectiva, que lo represente, según sea el caso, deberán presentar ante la AFC preferentemente de forma electrónica, una declaración jurada simple, suscrita por ambas partes, en la que deberán dar cuenta de lo siguiente:

i. Que la actividad de la empresa se ha visto afectada total o parcialmente.
ii. Que el o los trabajadores, no se encuentran en las situaciones de los puntos 5.a y 5.b de esta minuta.

f. Las partes serán personalmente responsables de la veracidad de las declaraciones en el documento.

g. Las partes no pueden pactar la ejecución diferida de la suspensión.

12. Empresas de servicios esenciales

a. En el caso de empresas que deban continuar funcionando durante la vigencia del acto o declaración de autoridad, para garantizar la prestación de servicios de utilidad pública, la atención de necesidades básicas de la población, y para garantizar la prevención de daños ambientales y sanitarios, podrán alterar la naturaleza de las funciones que deberán desempeñar sus trabajadores durante dicho periodo, resguardando siempre los derechos fundamentales de éstos.

b. Terminada la vigencia del acto o declaración de autoridad, de pleno derecho, las condiciones contractuales originalmente convenidas volverán a tener efectos.

13. Trabajadoras de casa particular

a. En caso que el acto de autoridad impida cumplir con los servicios, pueden impetrar el derecho a percibir una indemnización a todo evento.

b. Para lo anterior, la AFP respectiva deberá girar de la cuenta del trabajador, el equivalente a un 70% de su remuneración mensual imponible o el saldo total si este fuere inferior. Si el acto o declaración de autoridad se extendiere por más de 30 días y el trabajador tuviere saldo en dicha cuenta, la AFP girará la suma equivalente al 55%, 45%, 40% y 35% de la remuneración imponible, para los meses segundo, tercero, cuarto y quinto, respectivamente.

c. El trabajador deberá presentar una declaración jurada simple ante la entidad pagadora del beneficio, preferentemente de forma electrónica, en que dé cuenta que no se encuentra en las situaciones descritas en el punto 5.a y 5.b de esta minuta.

d. El Trabajador será personalmente responsable de la veracidad de las declaraciones en el documento.

1. En qué consiste

a. En la posibilidad de acordar la reducción de jornadas de trabajo, hasta en un 50%.

b. De formalizarse el pacto, el empleador pagará una parte de la remuneración y el trabajador tendrá derecho a recibir un complemento por parte del seguro de cesantía.

2. Requisitos para el empleador

Debe encontrarse en una de las siguientes situaciones:

a. En el caso de empleadores que sean contribuyentes de IVA, los que hayan experimentado a contar de octubre de 2019 una disminución del promedio de ventas que exceda un 20%, en un periodo cualquiera de 3 meses seguidos, en comparación al mismo periodo del año anterior.

b. Los empleadores que se encuentren actualmente en procedimiento de reorganización concursal.

c. Los empleadores que se encuentren actualmente en procedimiento de asesoría económica de insolvencia.

d. Empleadores cuyas empresas hayan sido exceptuadas del acto o declaración de autoridad, que necesiten reducir o redistribuir la jornada de sus trabajadores para mantener su continuidad operaciones o para proteger eficazmente la vida y salud de sus trabajadores.

3. Requisitos para los trabajadores

a. Registrar 10 cotizaciones en el Fondo de Cesantía, continuas o discontinuas, si tienen contrato indefinido o 5 cotizaciones en el Fondo de Cesantía en caso de contrato a plazo o por obra o servicio determinado.

b. En ambos casos, contados desde la afiliación al seguro o desde el último giro por cesantía efectuado.

c. Para acceder al Fondo Solidario se exigirá que dichas cotizaciones se hayan efectuado en los últimos 24 meses.

d. Debe registrar las últimas 3 cotizaciones continuas con el mismo empleador.

4. Cómo opera el pacto

a. Se podrá pactar con el trabajador directamente o por intermedio de la organización sindical a que encuentren afiliado.

b. Si el trabajador está afiliado a un sindicato, el empleador debe consultar previamente a la organización sindical.

c. La reducción se podrá pactar por mínimo de 1 mes y un máximo de 5 meses tratándose de contratos de trabajo indefinidos y 3 meses en caso de contratos a plazo o por obra.

d. Finalizado el plazo se reestablecerán de pleno derecho las condiciones originalmente convenidas.

e. El empleador deberá continuar pagando las cotizaciones previsionales por la remuneración imponible convenida en el pacto.

5. Remuneración y complemento

a. Acordada la reducción, el trabajador recibirá una remuneración de su empleador equivalente a la jornada reducida (se considerará el promedio de las remuneraciones imponibles devengadas en los últimos 3 meses antes del pacto), y un complemento con cargo a los fondos de su Cuenta Individual por Cesantía, agotados dichos fondos, el saldo se pagará con cargo al Fondo Solidario.

b. En caso que, la jornada de trabajo se reduzca en un 50%, el complemento será de un 25% del promedio de la remuneración imponible de los últimos 3 meses, si la reducción es inferior el complemento se determinará proporcionalmente. De todas formas, el complemento tendrá un límite máximo mensual de $225.000 por trabajador afecto a una jornada ordinaria completa.

c. El complemento no será tributable ni imponible, ni tampoco será embargable.

6. Restricciones

a. No procede este pacto, respecto de trabajadores que se encuentren gozando de fuero laboral.

b. El empleador no puede contratar en este período a trabajadores que realicen iguales o similares funciones que las que cumplían aquellos con que se suscribe el pacto.

c. Si es necesario la contratación de trabajadores para otras funciones, el empleador deberá ofrecer primero la vacante a aquellos trabajadores con contrato vigente que tengan similares capacidades, calificaciones e idoneidad para desempeñar el o los cargos que se buscan cubrir.

d. En caso de término de contrato durante la vigencia del pacto, la base de cálculo para el pago de indemnizaciones es la que regía antes del inicio del mismo. Además, debe ponerse en conocimiento de la Inspección del Trabajo tanto la carta de término, como el finiquito.

El día de ayer 25 de marzo de 2020, fue ingresado al Senado mediante Mensaje Presidencial N° 020-368,  el proyecto de ley anunciado por el ejecutivo que busca facilitar el acceso de los trabajadores a las prestaciones del seguro de desempleo de la Ley N° 19.728 en circunstancias excepcionales (en adelante, el “Proyecto de Ley”), protegiendo el ingreso de los trabajadores.

De acuerdo al Proyecto de Ley, las disposiciones que se refieren a la posibilidad de acceder de forma extraordinaria a las prestaciones del seguro de cesantía en caso de suspensión de contratos de trabajo con ocasión de actos de la autoridad (Título I del Proyecto de Ley) tendrán una vigencia de 6 meses contados desde la publicación de la ley en el Diario Oficial.

1. Requisitos:

• • Que exista un acto o declaración de autoridad que establezca medidas sanitarias o de seguridad interior para el control del Covid-19, que implique la paralización de actividades o impidan o prohíba totalmente la prestación de servicios.Para acceder a las prestaciones de esta ley, el Subsecretario de Hacienda junto con el Subsecretario del Trabajo deberá dictar una resolución fundada en que señalará la zona o territorio afectado por el acto o declaración de autoridad y las actividades o establecimientos exceptuados de la paralización de actividades.

• • El trabajador deberá contar con 3 cotizaciones continuas con el mismo empleador en los últimos 3 meses anteriores al acto o declaración de autoridad.

Quedan excluidos de aplicación de este beneficio aquellos trabajadores que hayan suscrito pactos que permitan asegurar la continuidad de la prestación de servicios (excepto los pactos suscritos antes de la entrada en vigencia de la ley) y que reciban todo o parte de su remuneración, así como aquellos trabajadores que perciban subsidio por incapacidad laboral cualquiera sea su origen.

2. Financiamiento de las prestaciones

Se girarán recursos de la Cuenta Individual por Cesantía en los porcentajes y meses indicados en el artículo 15 de la Ley N° 19.728, y en caso que estos no sean suficientes, se financiarán con cargo al Fondo de Cesantía Solidario de acuerdo al artículo 25 de la Ley N° 19.728.

Para determinar los montos de la prestación, se considerará el promedio de las remuneraciones devengadas en los últimos 3 meses inmediatamente anteriores al acto de autoridad.

El empleador deberá solicitar a la Sociedad Administradora del Fondo de Cesantía, la prestación que les corresponda a sus trabajadores que se hayan visto afectados por el acto o declaración de autoridad.

3. Efectos de la declaración o acto de autoridad

• • Suspensión de la relación laboral de pleno derecho por el periodo del mandato de la autoridad, excepto pacto en contrario.
  • Empleadores estarán obligados a continuar enterando y pagando todas las cotizaciones de salud y previsionales, excepto las de la ley 16.744.
  • Por el periodo de suspensión, el empleador no podrá desvincular a los trabajadores, salvo por la causal del Artículo 161 del CT.
  • En caso de pacto de continuidad de la relación laboral durante el acto de autoridad, el empleador deberá continuar pagando cotizaciones y no podrán poner término a la relación por la causal del Art. 159 N°6 del CT.

4. Posibilidad de suscribir pactos de suspensión laboral fuera de los periodos comprendidos en el mandato de autoridad

En aquellos casos en que exista afectación total o parcial de la actividad, los empleadores podrán celebrar pactos de suspensión temporal con los trabajadores u organizaciones sindicales con el objeto que los trabajadores obtengan los beneficios antes señalados. Éste pacto solamente podrá celebrarse fuera de los periodos comprendidos por el acto de autoridad que impida el servicio y durante la vigencia de la ley. Si durante la vigencia del pacto se dictara un acto de autoridad, el pacto inicial se interrumpirá hasta el término del acto de autoridad.

5. Protección trabajadores de casa particular

En caso de acto de autoridad, los trabajadores de casa particular podrán impetrar el derecho a obtener la indemnización a todo evento del literal a) del Artículo 163 del Código del Trabajo, a menos que hubieran pactado con su empleador la continuidad. Para impetrar el beneficio el trabajador deberá presentar una declaración jurada ante la entidad pagadora. En ese caso, el empleador deberá continuar pagando las cotizaciones de salud y seguro de invalidez y sobrevivencia.

Las disposiciones contenidas en el Proyecto de Ley, son similares a las contenidas en el proyecto ingresado por el Gobierno en enero de éste año (Boletín N° 13.175-13).

De acuerdo al Proyecto de Ley, las disposiciones que se refieren a la posibilidad de pactar reducciones temporales a la jornada de trabajo (Título II del Proyecto de Ley) tendrán una vigencia de 12 meses contados desde la publicación de la ley en el Diario Oficial.

1. Reducción temporal de jornadas de trabajo

Los empleadores podrán pactar con sus trabajadores directamente o por intermedio de las organizaciones sindicales una reducción temporal de jornada no superior a 50% de la jornada original.

2. Remuneración y Complemento

Acordada la reducción, el trabajador recibirá una remuneración de su empleador equivalente a la jornada reducida (se considerará el promedio de las remuneraciones imponibles devengadas en los últimos 3 meses antes del pacto), y un complemento con cargo a los fondos de su Cuenta Individual por Cesantía, agotados dichos fondos, el saldo se pagará con cargo al Fondo Solidario.

En caso que la jornada de trabajo se reduzca en un 50%, el complemento será de un 25% del promedio de la remuneración imponible de los últimos 3 meses, si la reducción es inferior el complemento se determinará proporcionalmente. De todas formas, el complemento tendrá un límite máximo mensual de $225.000 por trabajador afecto a una jornada ordinaria completa.

3. Requisitos del Empleador

 El empleador para poder suscribir estos pactos con sus trabajadores deberá estar en alguna de las siguientes situaciones:

• • Tratándose de empleadores contribuyentes de IVA, hayan experimentado a contar de octubre de 2019 una disminución del promedio de ventas que exceda un 20%, en un periodo cualquiera de 3 meses seguidos, en comparación al mismo periodo del año anterior.
  • Que se encuentren en situación de pérdida financiera al 31 de diciembre de 2019.
  • Que se encuentre actualmente en procedimiento de reorganización concursal.
  • Que se encuentre actualmente en procedimiento de asesoría económica de insolvencia.
  • Empleadores cuyas empresas hayan sido exceptuadas del acto o declaración de autoridad o resolución que implique la paralización de actividades o impida o prohíba totalmente la prestación de servicios, que necesiten reducir o redistribuir la jornada de sus trabajadores para mantener su continuidad operaciones o para proteger eficazmente la vida y salud de sus trabajadores.

4. Requisitos de los Trabajadores.

• • Registrar 10 cotizaciones en el Fondo de Cesantía, continuas o discontinuas si tienen contrato indefinido o 5 cotizaciones en el Fondo de Cesantía en caso de contrato a plazo o por obra o servicio determinado.
  • En ambos casos, contados desde la afiliación al seguro o desde el último giro por cesantía efectuado.
  • Para acceder al Fondo Solidario se exigirá que dichas cotizaciones se hayan efectuado en los últimos 24 meses.
  • Debe registrar las últimas 3 cotizaciones continuas con el mismo empleador.

5. Otras Condiciones de Aplicación.

• • No podrán pactar reducción de jornada los trabajadores con fuero laboral.
  • La reducción se podrá pactar por mínimo de 1 mes y un máximo de 5 meses tratándose de contratos de trabajo indefinidos y 3 meses en caso de contratos a plazo o por obra.
  • Finalizado el plazo se reestablecerán de pleno derecho las condiciones originalmente convenidas.
  • El empleador deberá continuar pagando las cotizaciones previsionales por la remuneración imponible convenida en el pacto.
  • En caso de despido durante el pacto, el cálculo de las indemnizaciones legales o convencionales se calcularán según las remuneraciones antes del pacto.
  • El complemento no será imponible ni tributable y será compatible con otros beneficios económicos.
  • El pacto deberá suscribirse preferentemente de forma electrónica, a través de plataforma de la DT.
  • Si se pone término a la relación laboral durante el pacto, la base de cálculo se determinará conforme las remuneraciones y condiciones anteriores al pacto.

Finalmente se regulan algunos aspectos generales aplicables tanto a la suspensión como a la reducción de jornada:

• • Se sancionará a las personas que obtuvieren los beneficios del Proyecto de Ley mediante simulación o engaño, como también a quienes faciliten los medios para la comisión del delito, con pena de reclusión menor, en sus grados mínimo a medio.
  • Los empleadores cuyas empresas, durante el acto o declaración de autoridad que establezca medidas que implique la paralización de actividades o impidan o prohíba totalmente la prestación de servicios, deban continuar funcionando para garantizar la prestación de servicios de utilidad pública, la atención de necesidades básicas de la población, incluidas las relacionadas con la vida, la salud, el abastecimiento de bienes esenciales, la alimentación o seguridad de las personas, y para garantizar la prevención de deñas ambientales y sanitarios, podrán alterar la naturaleza de las funciones que deberán desempeñar sus trabajadores durante dicho periodo, resguardando siempre los derechos fundamentales de éstos.

En primer término, se establece la posibilidad de pactar trabajo a distancia o teletrabajo, sea a través del contrato de trabajo o mediante anexo modificatorio del mismo. Se deja además expresa constancia que el pacto de cualquiera de estas modalidades en ningún caso podrá implicar un menoscabo a los derechos que le reconoce el Código al trabajador, en especial, en su remuneración. También se le reconocen a los trabajadores todos los derechos individuales y colectivos, en la medida que no sean incompatibles con las disposiciones de dicho capítulo.

Adicionalmente, se distinguen y definen los conceptos de modalidad de trabajo a distancia y teletrabajo:

a) Trabajo a distancia: pacto que faculta al trabajador a prestar sus servicios total o parcialmente, desde su domicilio u otro lugar o lugares distintos de los establecimientos de la empresa.

b) Teletrabajo: cuando los servicios sean prestados mediante la utilización de medios tecnológicos, informáticos o de telecomunicaciones o bien cuando los servicios prestados deban reportarse mediante tales medios.

Se indica que las partes deben determinar dónde se prestarán estos servicios, el que podrá ser el domicilio del trabajador u otro lugar. Se indica también que, respecto a servicios que por su naturaleza puedan ser prestados en distintos lugares, se puede acordar que él elija libremente dónde los prestará.

Con todo, se indica que no se considerará trabajo a distancia o teletrabajo si el trabajador presta servicios en lugares designados y habilitados por el empleador, aun cuando se encuentren ubicados fuera de las dependencias de la empresa.

En relación a esta materia, se distingue entre:

a) Modalidad pactada en contrato de trabajo inicial: siempre se requerirá el acuerdo de ambas partes para pactar una modalidad de trabajo presencial.

b) Modalidad pactada de forma posterior al inicio de la relación: cualquiera de las partes puede volver a la modalidad primeramente pactada. Para ello sólo se requerirá sólo dar un aviso previo por escrito a la otra parte, con una anticipación mínima de treinta días.

Se indica que el trabajo a distancia o teletrabajo puede abarcar todo o parte de la jornada laboral, combinando tiempos de trabajo de forma presencial con tiempos de trabajo fuera de ella.

Se establece que el trabajador estará sujeto a las reglas generales de jornada del Código del Trabajo (Artículos 21 y siguientes), debiendo el empleador implementar a su costo los mecanismos de registro de jornada de acuerdo al Artículo 33 (Registro de Asistencia), en caso de ser aplicable.

De todas formas, las partes igualmente pueden pactar que el trabajador distribuya libremente su jornada en los horarios que mejor se adapten a sus necesidades, siempre y cuando se respeten los límites máximos, cuando la naturaleza de las funciones del trabajador a distancia lo permita.

Por su parte, respecto de los servicios que se prestan mediante medios tecnológicos, informáticos o de telecomunicaciones, se podrá acordar la exclusión del límite de jornada del inciso segundo del Artículo 22, debiendo garantizar el derecho a la desconexión del trabajador, así como sus tiempos de descansos, permisos y vacaciones.

Se indica además que, en los casos en que se haya pactado combinación de modalidades presencial y a distancia, podrán acordarse alternativas de combinación de dichos tiempos por los que podrá optar el trabajador, quien deberá comunicar la alternativa escogida con a lo menos una semana de anticipación.

Respecto del “Derecho de Desconexión”, se indica que a quienes estén exceptuados de límite de jornada y quienes distribuyan libremente la jornada, el empleador deberá respetar su derecho a desconexión, garantizando el tiempo en el cual ellos no estarán obligados a responder sus comunicaciones, órdenes u otros requerimientos. El tiempo de desconexión deberá ser de, al menos doce horas continuas en un periodo de 24 horas. Igualmente, en ningún caso el empleador podrá establecer comunicaciones ni formular órdenes u otros requerimientos en días de descanso, permisos o feriado anual de los trabajadores.

Además de los requisitos de todo contrato contenidos en el Artículo 10, el contrato de trabajo a distancia o teletrabajo deberá indicar lo siguiente:

a) Indicación expresa de que las partes han acordado la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, especificando si será de forma total o parcial y, en este último caso, la fórmula de combinación entre trabajo presencial y trabajo a distancia o teletrabajo;

b) Lugar de prestación de los servicios, salvo que las partes hayan acordado que el trabajador elegirá libremente donde ejercerá sus funciones.

c) Periodo de duración del acuerdo de trabajo a distancia o teletrabajo, pudiendo ser indefinido o temporal, sin perjuicio de la facultad que tienen las partes de unilateralmente retomar el sistema previamente pactado;

d) La circunstancia de que el trabajador pueda distribuir su jornada según mejor se adapte a sus necesidades, y

e) Tiempo de desconexión.”

Los equipos, las herramientas y los materiales para el trabajo a distancia o para el teletrabajo, incluidos los elementos de protección personal, deberán ser proporcionados por el empleador al trabajador, y éste último no podrá ser obligado a utilizar elementos de su propiedad.

De igual forma, los costos de operación, funcionamiento, mantenimiento y reparación de equipos serán siempre de cargo del empleador.

Las condiciones específicas de seguridad y salud que serán aplicables a los trabajadores que se desempeñen en esta modalidad serán establecidas a través de un Reglamento que dictará el Ministerio del Trabajo y Previsión Social en el plazo de un mes desde la publicación de la ley.

Igualmente, el empleador deberá comunicar a los trabajadores las condiciones de seguridad y salud que el puesto de trabajo deberá cumplir, en base a las disposiciones del Reglamento y conforme al deber de protección consagrado en el artículo 184 del Código del Trabajo.

Se establece que el empleador sólo podrá ingresar al domicilio del trabajador o al lugar en donde éste preste sus servicios, previa autorización del trabajador. No obstante, lo anterior, el empleador podrá siempre puede requerir a su mutualidad que previa autorización del trabajador, acceda al domicilio de éste e informe acerca si el puesto de trabajo cumple con todas las condiciones de seguridad y salud que regule el Reglamento.

La Dirección del Trabajo también tendrá plenas facultades de fiscalización respecto a toda la normativa de teletrabajo o trabajo a distancia, siempre y cuando cuente con la autorización del trabajador para ingresar a su domicilio u otro lugar dispuesto para tales efectos.

Por otra parte, y conforme al deber de protección que tiene el empleador, siempre deberá informar por escrito al trabajador a distancia acerca de los riesgos que entrañan sus labores, de las medidas preventivas y de los medios de trabajo correctos según cada caso en particular. Así también y como es la regla general, en forma previa al inicio de las labores a distancia o teletrabajo, el empleador deberá efectuar una capacitación al trabajador acerca de las principales medidas de seguridad y salud que debe tener presente para desempeñar dichas labores.

El empleador deberá informar por escrito la existencia o no de sindicatos legalmente constituidos en la empresa, ya sea al momento de iniciar las labores o bien, dentro de 10 días luego de haberse comunicado la constitución del sindicato.

Por otra parte, el trabajador que preste sus servicios en modalidad de teletrabajo siempre debe poder acceder a las instalaciones de la empresa y, en cualquier caso, el empleador deberá garantizar que pueda participar en las actividades colectivas que se realicen, siendo de cargo del empleador los gastos de traslado de los trabajadores.

Una vez que entre en vigencia la ley, los empleadores tendrán la obligación de registrar electrónicamente los contratos y/o anexos en donde se haya pactado el teletrabajo o trabajo a distancia, dentro de los quince días siguientes a la suscripción del acuerdo. En el caso de los trabajadores que actualmente han pactado esta modalidad de trabajo, las empresas tendrán un plazo de 3 meses para registrar los referidos contrato o anexos.

Oficial. Así las cosas, y conforme se ha anunciado por las autoridades, todo hace prever que la vigencia de la misma comenzará a regir en el mes de abril de 2020.

Ahora bien, respecto de empresas en donde ya existen trabajadores que prestan servicios en modalidad de teletrabajo, éstas deberán ajustarse a los términos de la ley, en un plazo de 3 meses contados desde la entrada en vigencia de la ley. Lo que de acuerdo a lo informado por las autoridades se cumpliría en el mes de julio de 2020.

El día 19 de marzo, el Presidente Sebastián Piñera, junto con el Ministro de Hacienda Ignacio Briones anunciaron un plan económico para enfrentar las posibles consecuencias que tendría la propagación del Covid – 19 en el país. La propuesta realizada por el Ejecutivo aborda tres ejes esenciales: (1) Refuerzo al presupuesto del Sistema de Salud, (2) Protección de los ingresos familiares y (3) Protección de los puestos de trabajo y a las empresas que lo generan.

Esta medida busca garantizar los ingresos de quienes por motivos de la emergencia deban
permanecer en su hogar sin posibilidad de realizar teletrabajo.

Esta medida podrá implementarse cuando: (a) exista acuerdo mutuo entre trabajador y
empleador; (b) haya un mandato de la autoridad sanitaria. Cumplidas estas condiciones el
trabajador pasará a recibir ingresos desde el seguro de cesantía, de acuerdo a las reglas de uso
vigente, pero manteniendo el vínculo laboral y todos sus derechos laborales. El empleador por su
parte sólo deberá seguir pagando las cotizaciones previsionales.

Entendemos que esta medida busca proteger tanto los ingresos de los trabajadores como sus
fuentes de empleo, intentando evitar así que la empresa pueda reclamar caso fortuito o fuerza
mayor, ya sea para la suspensión de la relación laboral como para el término de los servicios.

Para las demás empresas, que no se ven directamente afectadas con el cierre de sus actividades
por disposición sanitaria, se pondrá discusión inmediata al proyecto de ley de protección del
empleo, presentado previamente en enero de 2020, el que permite la reducción temporal de
hasta un 50 % de la jornada de trabajo, teniendo el trabajador derecho a percibir la remuneración
por la totalidad de la jornada reducida, además de un complemento con cargo al fondo de seguro
de cesantía solidario, el cual cubrirá hasta un 25% de la remuneración imponible.

En estos casos la autoridad ha señalado que se extenderá la respectiva licencia médica por lo que el trabajador, durante el tiempo que se encuentre aquejado de la enfermedad se mantendrá en su domicilio, haciendo uso de un reposo médico y por ende no sufrirá un detrimento económico ya que durante ese período recibirá el subsidio por incapacidad laboral.

Adicionalmente, y hasta la Fase 3 de la enfermedad, la autoridad había anunciado que en los casos en que el contagio se haya debido a causa o con ocasión del trabajo, la enfermedad sería calificada de origen laboral y por ende el trabajador debía recurrir a la mutualidad correspondiente y, en esos casos, quien pagaría el subsidio por incapacidad laboral sería el seguro de la ley 16.744. Sin perjuicio de lo anterior, con fecha 16 de marzo de 2020 y a propósito de la declaración de Fase 4 de la enfermedad, la Superintendencia de Seguridad Social mediante dictamen N°1124, ha señalado que en esta nueva etapa no se podrá tener suficiente seguridad respecto a la trazabilidad del contagio, razón por la que las denuncias de enfermedad profesional (DIEP) ya no podrán ser calificadas como de origen laboral y por ende no contarán con la consecuente cobertura de las prestaciones del Seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.

Conforme a lo que se nos ha indicado, en los casos en que la autoridad de salud dispone una cuarentena obligatoria, ya sea porque la persona estuvo en países considerados de riesgo o bien porque ha estado en contacto con una persona contagiada de Covid-19, igualmente se están entregando licencias médicas, ya sea por las Isapres o Fonasa o bien por las mutualidades administradoras del seguro de accidentes y enfermedades profesionales.

Estos casos pueden derivar tanto de la voluntad del empleador, quien como medida preventiva decide la no concurrencia de uno o más trabajadores o bien; del trabajador en caso que, por razones personales, ya sea de salud o de protección a alguno de sus familiares opte por mantenerse en su domicilio.

En este tipo de casos, la primera recomendación es pactar un teletrabajo o trabajo a distancia, en cuyo caso no existiría un detrimento para el trabajador, ya que al seguir prestando sus servicios el empleador deberá mantener el pago de sus remuneraciones.

Ahora bien, si por el tipo de funciones que presta el trabajador no es posible pactar teletrabajo, en esos casos se podrá recurrir a alguna de las siguientes opciones:

• Pactar una suspensión del contrato de trabajo. Dicha suspensión puede ser pactada con goce de remuneraciones o sin goce de remuneraciones, por ende, la obligación del empleador de pagar las mismas dependerá de cuál modalidad se haya pactado.

En el caso de pactarse un permiso sin goce de remuneraciones, no habría obligación de pagar remuneraciones, así como tampoco de las cotizaciones previsionales. Ahora bien, para que dicha suspensión tenga efectos, el empleador debe dar aviso a las autoridades previsionales correspondientes, para lo cual se requiere haber suscrito un anexo de contrato de trabajo en donde conste la suspensión.

• Eventualmente, y solo si el Trabajador manifiesta su voluntad y posee vacaciones acumuladas, podría pactarse el uso de dichas vacaciones en estos períodos. En este caso, el empleador sí estaría obligado al pago de remuneraciones y a suscribir con el trabajador el correspondiente comprobante de uso de feriado.

Finalmente, destacamos que en el artículo 28 del DFL N°2 del Ministerio del Trabajo, se establece que: “En el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras, los Inspectores del Trabajo podrán ordenar la suspensión inmediata de las labores que a su juicio constituyan peligro inminente para la salud o vida de los trabajadores y cuando constaten la ejecución de trabajos con infracción a la legislación laboral.

En el caso del inciso anterior, los trabajadores seguirán percibiendo sus remuneraciones, o el promedio diario de los últimos seis meses si trabajaren a trato, a comisión o a sueldo y comisión, considerándose como efectivamente trabajado el período de suspensión para todos los efectos legales»

Así las cosas, si un Inspector del Trabajo determina que el establecimiento constituye un peligro inminente para la salud o vida de los trabajadores, en ese caso la suspensión será de cargo del empleador, el que deberá mantener el pago de las remuneraciones del trabajador.

La norma en cuestión permite a los trabajadores interrumpir sus labores y, de ser necesario, abandonar el lugar de trabajo cuando considere, por motivos razonables, que continuar con ellas implica un riesgo grave e inminente para su vida o salud. La norma indica, además, que los trabajadores no podrán sufrir perjuicio o menoscabo alguno derivado de la adopción de dichas medidas.

Así las cosas, siempre y cuando se pueda sostener que el lugar de trabajo pone en riesgo grave e inminente la salud de los trabajadores, por ejemplo, si la autoridad de salud constata que existe un brote de Covid-19 al interior de la empresa, el trabajador podría negarse a concurrir y el empleador por su parte tendría que mantener el pago de sus remuneraciones.

En caso que la autoridad decretara la prohibición absoluta de operar o abrir para determinados establecimientos (por ejemplo: cines, restaurantes, etc.), deberá estarse a lo que el mismo decreto u orden indique respecto al pago de remuneraciones de los trabajadores durante el periodo que rija la prohibición. En caso que nada se diga respecto al pago de remuneraciones, podría estimarse como una situación de fuerza mayor, considerando lo dispuesto en el artículo 45 del Código Civil que señala que “Se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible de resistir como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.”. En caso de estimarse que se trata de un caso de fuerza mayor, se suspenderían las principales obligaciones que emanan del contrato de trabajo, por encontrares impedidas las partes de cumplirlas. Esto es, para el empleador se suspende la obligación de proporcionar el trabajo convenido y pagar la remuneración acordada y para el trabajador se suspende la obligación de prestar los servicios para los que fue contratado.

Sin perjuicio de lo anterior, en esta hipótesis se requerirá especialmente de un análisis caso a caso para determinar las circunstancias y efectos legales.

A propósito de la expansión que ha experimentado el Coronavirus (COVID-19) en los últimos meses a nivel mundial y su reciente llegada a nuestro país, han surgido una serie de preguntas en relación con las medidas que pueden adoptar los empleadores y/o trabajadores ante la sospecha o confirmación de casos de Coronavirus en sus establecimientos laborales, así como también a las eventuales decisiones y/o medidas que puede adoptar la autoridad sanitaria y que pueden tener repercusiones en el ámbito laboral.

Hacemos presente que las disposiciones normativas existentes a la fecha sobre la materia son: el Decreto de Alerta Sanitaria N°4  emitido por el Ministerio de Salud publicado en el Diario Oficial con fecha 8 de febrero de 2020; el Decreto de Alerta Sanitaria N°6 del Ministerio de Salud, que modifica el Decreto anterior ampliando las facultades de las Secretarías Regionales Ministeriales publicado en el Diario Oficial el 7 de marzo de 2020, el Dictamen de la Dirección del Trabajo N°1116/004 del 6 de marzo de 2020 y el Ordinario N°1013 de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) de fecha 5 de marzo de 2020.

Teniendo en cuenta lo anterior, hemos preparado la siguiente minuta de preguntas y respuestas con el fin de atender las principales preocupaciones que hasta el momento hemos detectado, así como las eventuales futuras situaciones que se pueden generar en caso de que la enfermedad se siga propagando en nuestro país.

En virtud del Artículo 184 del Código del Trabajo, el Empleador está obligado a adoptar todas aquellas medidas necesarias para proteger eficazmente la salud de sus trabajadores, en este caso, para evitar el contagio entre trabajadores.

En el caso del COVID-19 cabe señalar que en el Ord. B51 N°276 del 30 de enero de 2020 del Ministerio de Salud, se definen algunos conceptos relacionados con la vigilancia epistemológica entre ellos, la expresión contacto, indicándose que deberá entenderse por tal hecho el que una persona haya compartido el hogar, haya viajado en un mismo medio de transporte o compartido un mismo recinto con un paciente afectado por Coronavirus.

De esta forma, en el caso de trabajadores afectados por Coronavirus o bien que hayan estado en una situación de contacto, el Empleador deberá adoptar medidas específicas y concordantes con los resguardos sanitarios que ha adoptado la autoridad normativa. En virtud de lo anterior, si el trabajador ha estado en alguna situación de contacto -conforme a lo previamente definido- o bien tiene sospechas fundadas de padecer COVID -19, el empleador debe dar las facilidades para que el trabajador se realice los exámenes preventivos necesarios para confirmar la enfermedad o episodio que lo afecta, o a fin de descartar un padecimiento de Coronavirus.

En estos casos, si el trabajador ha sido diagnosticado con la enfermedad, deberá presentar la licencia médica respectiva y dar cumplimiento al descanso que se haya ordenado. En este caso, el trabajador tendrá derecho al pago de las remuneraciones mediante los subsidios correspondientes.

Lo mismo ocurrirá en caso que el trabajador habiendo dado negativo al Coronavirus haya estado en una situación de contacto, en cuyo caso la autoridad dispondrá igualmente su cuarentena y se emitirá la correspondiente licencia médica. Ahora bien, podría ocurrir que, en caso de resultado negativo al virus, y a pesar de las situaciones de contacto que el trabajador haya tenido, la autoridad no entregue la correspondiente licencia médica, en esos casos no hay existe inconveniente para que la empresa y el trabajador acuerden la realización de las labores en forma remota.

De todas formas, la medida que se adopte deberá siempre estar justificada y respetar los derechos fundamentales del trabajador. Respecto a esto último, recomendamos que toda medida que se adopte se haga con estricta reserva y confidencialidad del nombre del trabajador afectado, de acuerdo con los lineamientos del Artículo 154 bis del Código del Trabajo.

De acuerdo a lo que ha informado la autoridad sanitaria, a aquellas personas a las que se les solicita mantener cuarentena, se les están otorgando licencias médicas, razón por la cual no solo las inasistencias estarían justificadas sin que además estos trabajadores tendrían derecho a percibir el subsidio por incapacidad laboral, con lo cual la medida no revestiría un perjuicio para ellos.

No obstante, lo anterior, en caso que no exista una licencia, tal como antes se señaló podrá pactarse la prestación de servicios de forma remota.

En estos casos, a la fecha no existe aún un pronunciamiento de la autoridad. Sin perjuicio de lo anterior, y en base a principios lógicos y razonables, estimamos que se podría adoptar alguna de las siguientes soluciones:

• En el evento que las funciones puedan ser realizadas bajo la modalidad de teletrabajo, pactarla con el trabajador.
• Firmar pactos de compensación de permisos por horas extraordinarias.
• De no ser posible lo anterior, se pueden pactar permisos con goce o sin goce de sueldo.

Cualquiera de estas opciones debe ser debidamente acordada con el trabajador, debiendo instarse a la firma de documentos que luego permitan acreditar que el trabajador ha dado su consentimiento a la medida.

Si bien la figura de la suspensión de la relación laboral no se encuentra regulada en nuestra legislación laboral, es posible pactar esta modalidad a través de acuerdo en que el trabajador manifieste expresamente su consentimiento en suspender la relación laboral por un tiempo determinado.

Las condiciones, pactos, duración, remuneraciones y demás características deberán constar por escrito y con la firma de ambas partes para hacerlo aplicable.

Como contrapartida a la obligación del empleador de mantener un lugar de trabajo seguro y de proteger eficazmente la vida, salud y seguridad de sus trabajadores (Art. 184 del Código del Trabajo y Artículo 3 del Decreto N° 594 del Ministerio de Salud), el trabajador, en caso de que interprete razonable y fundadamente que el lugar de trabajo no es seguro, puesto que podría contagiarse de Coronavirus, efectivamente podría ausentarse por dicha razón.

En efecto, el inciso segundo del Artículo 184 bis, señala que “el trabajador tendrá derecho a interrumpir sus labores y, de ser necesario, abandonar el lugar de trabajo cuando considere, por motivos razonables, que continuar con ellas implica un riesgo grave e inminente para su vida o salud.” Por lo mismo, por analogía, sería posible aplicar el presente artículo para aquellos casos en que los trabajadores decidan ausentarse de sus labores.

Ahora bien, la justificación de tal ausencia o abandono del lugar de trabajo deberá ser acreditada en atención a que no estarían las condiciones ambientales suficientes que le garantice un ambiente de trabajo seguro. Idealmente, dicha decisión del trabajador debiera fundarse en algún hecho objetivo, siendo lo ideal contar con algún pronunciamiento de la autoridad que sustente la decisión del trabajador.

Tanto el Dictamen N°1116 de la DT y el Ord. N°1013 de la SUSESO, establecen la posibilidad de que el COVID- 19 tenga origen en una actividad laboral, como lo sería, por ejemplo, un viaje o comisión de servicios en una región de riesgo.  Lo anterior, es relevante ya que si el origen es laboral son las mutuales que administran el Seguro de Accidentes y Enfermedades Profesionales las que deben otorgar las prestaciones médicas y económicas correspondientes, incluidos los subsidios de incapacidad laboral pertinentes.

En caso de no existir ningún hecho, circunstancia o antecedente que permita al menos tener sospechas de un eventual contagio al interior de la empresa o de una situación de contacto de uno o más trabajadores creemos que las inasistencias “preventivas” no estarían justificadas por lo que, en principio el empleador no estaría obligado a pagar las remuneraciones de esos días y, en caso de configurarse algún causal incumplimiento podría además sancionar al trabajador por dichas inasistencias.

Por el contrario, si fuese el empleador quien voluntaria y preventivamente decide que los trabajadores no concurran a prestar servicios, estimamos que debiera proceder el pago de las remuneraciones a sus trabajadores.

En concordancia con el Plan de Acción por Coronavirus COVID-19 implementado por el Ministerio de Salud, y a los Decretos de Alerta Sanitaria que a la fecha se han publicado, estimamos que el empleador en virtud del Decreto N° 594 del Ministerio de Salud, así como con el Artículo 184 y 184 bis del Código del Trabajo debe implementar aquellas medidas necesarias para proteger la salud, vida y seguridad de sus trabajadores. Entre ellas:

• El Empleador, dentro de sus facultades de control y dirección de sus factores productivos, puede enviar informativos, emails, información en papel mural u otros, implementar protocolos de seguridad y salud indicando cómo detectar Coronavirus, síntomas más comunes, qué hacer en caso de sospecha de Coronavirus, centros de atención preferencial, entre otros.
• Implementar Políticas de Teletrabajo o trabajo remoto por plazos definidos.
• Suspensión de la relación laboral.
• Permiso con o sin goce de sueldo.
• Para el caso que en una determinada faena o lugar de trabajo se desarrolle una epidemia o un alto contagio de Coronavirus, de conformidad con el Artículo 184 bis del Código del Trabajo, “cuando en el lugar de trabajo sobrevenga un riesgo grave e inminente para la vida o salud de los trabajadores” el Empleador deberá:a) Informar inmediatamente a todos los trabajadores afectados sobre la existencia del mencionado riesgo, así como las medidas adoptadas para eliminarlo o atenuarlo, y
  b) Adoptar medidas para la suspensión inmediata de las faenas afectadas y la evacuación de los trabajadores, en caso de que el riesgo no se pueda eliminar o atenuar.

Estas medidas, son sin perjuicio de aquellas que determine tomar la autoridad sanitaria en la oportunidad respectiva.

De conformidad con los Decretos de Alerta Sanitaria publicados por el  Ministerio de Salud el 8 de febrero y el 7 de marzo de 2020 en el Diario Oficial, en los que se decreta Alerta Sanitaria por emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII) por brote del nuevo Coronavirus por el plazo de 1 año a partir de su publicación, las autoridades sanitarias, en especial las Secretarias Regionales Ministeriales de Salud del país (SEREMI), tendrán las una serie de facultades extraordinarias, entre las que existen algunas que pueden tener efectos desde la perspectiva laboral:

• Disponer de la prohibición de funcionamiento de los establecimientos y lugares de trabajo que pongan en peligro a las personas que trabajan o asisten a ellos;
• Disponer el aislamiento de las personas que estén infectadas con Coronavirus, o bien, bajo sospecha de estar infectadas, de tal forma que se procure la contención de la propagación de dicho virus, ello siempre y cuando la medida involucre a trabajadores de la empresa.
• Localizar a quienes hayan estado en contacto con personas sospechosas o afectadas por el nuevo Coronavirus y,
• Denegar la entrada al país de ciudadanos extranjeros no residentes en Chile, sospechosos o afectados por Coronavirus, lo que puede generar algún impacto si a la empresa habitualmente concurren trabajadores de otros países.
• Disponer la prohibición temporal de desembarco de pasajeros de naves y aeronaves.
• Prohibir el funcionamiento de fuentes fijas comunitarias e industriales que emitan material particulado, así como el funcionamiento de las fuentes fijas particulares que utilicen leña o dendroenergéticos sólidos u otro material sólido combustible, durante los estados de Preemergencia o Emergencia Ambiental, definidos en el artículo 5º del decreto supremo Nº 12, de 2011, del Ministerio del Medio Ambiente, que Establece Norma Ambiental para Material Particulado Fino Respirable MP-2.5, en los lugares que sea pertinente. Tratándose de la paralización de fuentes fijas industriales, ésta se realizará considerando la magnitud de las emisiones de contaminantes atmosféricos del Ministerio de Salud, de acuerdo al decreto supremo

Nº 138, de 2005, de este mismo Ministerio, que establece la Obligación de Declarar Emisiones que indica, o de acuerdo con el sistema establecido por un Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica, cuando corresponda.

• Ordenar la utilización de mascarillas y otros dispositivos médicos afines en el transporte público, salas de clases, lugares de trabajos y, en general, en cualquier otro lugar de acceso público o donde exista aglomeración de personas.

En el actual contexto de propagación del Coronavirus COVID-19 a nivel mundial y el reciente anuncio del gobierno del paso a Fase 4 en nuestro país, en Barros & Errázuriz hemos venido trabajando en una serie de medidas para proteger la salud de nuestros equipos y sus familias, al mismo tiempo de mantener la calidad del servicio que nos caracteriza hacia nuestros clientes.

Dentro de tales medidas, si tuvieran programadas reuniones para los próximos días en nuestro Estudio, nuestras oficinas estarán funcionando y a su disposición, no obstante que parte de nuestro equipo estará conectado por teletrabajo. En caso que prefirieran realizarlas de manera virtual, éstas pueden efectuarse por videoconferencia, incluso participando vía teléfono celular.

En el caso de un eventual cierre de las oficinas o cualquier otro tipo de interrupción, contamos con sistemas de punta –asegurando la confidencialidad e integridad de nuestros servicios- para estar conectados de manera remota y poder atender a las solicitudes que se nos presenten.

No duden en contactarse con nuestro Estudio ante cualquier pregunta o inquietud que se presente. El equipo de Barros & Errázuriz está pendiente en todo momento de los avances y actualizaciones que se comunican para tomar las medidas correspondientes al escenario actual.

Iturrate Alvarado, Juan Cristóbal
jiturrate@bye.cl / +562 23788925

Con fecha 3 de abril de 2020, se publicó en el Diario Oficial la Ley N° 21.217 (en adelante la “Nueva Ley”), que tiene por objeto limitar los acuerdos de plazo de pago excepcional en caso de empresas de menor tamaño emisoras de facturas, modificando de esta forma la Ley N° 19.983 que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a copia de las facturas.

Con fecha 3 de abril de 2020, se publicó en el Diario Oficial la Ley N° 21.217 (en adelante la “Nueva Ley”), que tiene por objeto limitar los acuerdos de plazo de pago excepcional en caso de empresas de menor tamaño emisoras de facturas, modificando de esta forma la Ley N° 19.983 que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a copia de las facturas.
Con anterioridad a la publicación de la Nueva Ley, la Ley N° 19.983 permitía a las partes de una relación comercial, la posibilidad de pactar plazos de pago de facturas superiores a 30 días corridos contados desde la recepción de las respectivas facturas. La Nueva Ley viene a limitar dichos acuerdos en el sentido de establecer que:

1. Éstos no podrán celebrarse en aquellos casos en que participen, por una parte, empresas de menor tamaño , como vendedoras o prestadoras de servicios y, por otra, empresas que superen las 100.000 UF en ingresos anuales por ventas, prestación de servicios y otras actividades de su giro, como compradoras o beneficiarias del bien o servicio.

2. Excepcionalmente las empresas de menor tamaño y aquellas que excedan las 100.000 UF de ingresos anuales, podrán celebrar acuerdos de pago que excedan los 30 días corridos, siempre y cuando, dichos acuerdos beneficien a la empresa de menor tamaño acreedora, y solo en aquellos casos en que se contemplen la realización de pruebas, pagos anticipados, parcializados o por avances.

3. Todos los acuerdos de pago serán públicos, cualquier persona podrá consultar sobre la existencia del acuerdo, los compradores o beneficiarios del servicio y el plazo de pago. El encargado de los registros será el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.

4. Cualquiera sea el plazo convenido por las partes en los acuerdos que celebren, no producirán efecto alguno las cláusulas o estipulaciones que intenten demorar indebidamente el pago de la factura al vendedor o prestador del servicio, en especial, aquellas que establezcan pagos parcializados, salvo que se acuerden en beneficio de la empresa de menor tamaño acreedora.

5. Los acuerdos de plazo suscritos con anterioridad a la vigencia de la Nueva Ley entre empresas de menor tamaño, y empresas que superen 100.000UF de ingresos anuales, inscritos en el registro de acuerdos que lleva al efecto el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, y que no vayan en beneficio de la empresa de menor tamaño acreedora o bien no contemplen pagos anticipados, parcializados o por medio de avances, se tendrán por no escritos, y regirá como plazo de pago el de 30 días. En cambio, aquellos acuerdos que vayan en beneficio de la empresa de menor tamaño y que contemplen realización de pruebas, pagos anticipados, parcializados o por avances, mantendrán su vigencia siempre y cuando el interesado actualice el registro de acuerdos en un plazo de 90 días contado desde la publicación de la Nueva Ley.

Hacemos presente que la Nueva Ley entrará en vigencia transcurridos 60 días desde su publicación en el Diario Oficial, salvo lo señalado a propósito de la publicidad de los acuerdos, disposición que rige desde su publicación.

El día 31 de marzo de 2020 el Servicio de Impuestos Internos (SII) publicó un Proyecto de Circular en consulta hasta el 15 de abril, relativo a los gastos y donaciones relacionados con el brote mundial del COVID-19.
A continuación, se incluye un resumen de los principales puntos tratados en el Proyecto de Circular.

El SII indica que, bajo el nuevo concepto de gasto, pueden deducirse aquellas cantidades incurridas, voluntaria u obligatoriamente, por los contribuyentes y destinados a evitar, contener o disminuir la propagación del COVID-19, así como aquellos desembolsos destinados a aminorar o palear sus efectos y que tengan por objeto resguardar los intereses del negocio del contribuyente[1].

[1] Por ejemplo, compra de mascarillas.

Las donaciones efectuadas a los órganos y servicios públicos incluidos en la Ley de Presupuestos que forman parte del “Fisco”:

1. Están exentas de toda clase de impuestos;
2. Tienen la calidad de gasto necesario para producir la renta;
3. No están sujetas al Límite Global Absoluto (LGA) (5% de la renta líquida del donante o el 4,8 por mil de su capital propio tributario, o el 1,6 por mil del capital efectivo); y
4. No requieren insinuación.

Debido al Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, estas donaciones no necesitan de autorización previa y pueden ser efectuadas al Fisco por “cualquier institución o persona[1].

Por las donaciones materializadas deberá emitirse el Certificado N° 63. Sin perjuicio de lo anterior, el SII publicará la correspondiente resolución que regule el procedimiento. Los certificados por las donaciones efectuadas en el intertanto pueden emitirse hasta el 30 de abril del presente año.

[1] Se permite expresamente que las donaciones efectuadas en dinero sean realizadas por grupos de contribuyentes y se canalicen a través de asociaciones gremiales o entes sin personalidad jurídica (como un fondo).

Las donaciones que se efectúen con ocasión de catástrofe o calamidad pública, que se hagan a ciertas entidades que se listan a continuación y, que permitan satisfacer las necesidades básicas de alimentación, abrigo, habitación, salud, aseo, ornato, remoción de escombros, educación, comunicación y transporte de los habitantes de las zonas afectadas, estarán exentas de todo pago o gravamen que las afecten y serán consideradas como un gasto tributario.

Los puntos importantes indicados en el Proyecto de Circular son los siguientes:

1. Las donaciones deben consistir en dinero o en bienes que formen parte del activo del donante
2. No se les aplica el LGA y no se computan en la suma del total de las donaciones para el cálculo de dicho límite.
3. Donantes: los contribuyentes del impuesto a la renta en general (el beneficio en materia de gastos se aplica sólo respecto de quienes declaran sus impuestos sobre la base de ingresos y gastos efectivos).
4. Donatarios: el Estado, las personas naturales o personas jurídicas de derecho público, las fundaciones o corporaciones de derecho privado y las Universidades reconocidas por el Estado.
5. Beneficio: gasto deducible de la Renta Líquida Imponible.
6. Los donatarios que reciban este tipo de donaciones deberán presentar en el mes de marzo del año siguiente la Declaración Jurada N° 1832 con la información relativa al donante, donatario y donación.
7. Las donaciones están liberadas del trámite de la insinuación y exentas del Impuesto a las Donaciones y se encuentran liberadas del pago de IVA (en particular por las importaciones).
8. Aplican sanciones en caso de no presentación de la información y declaración. Además, aplican sanciones en caso que exista una contraprestación de la institución donataria.
   

   ---

El día 19 de marzo, el Presidente Sebastián Piñera, junto con el Ministro de Hacienda Ignacio Briones anunciaron un plan económico para enfrentar las posibles consecuencias que tendría la propagación del Covid – 19 en el país. La propuesta realizada por el Ejecutivo aborda tres ejes esenciales: (1) Refuerzo al presupuesto del Sistema de Salud, (2) Protección de los ingresos familiares y (3) Protección de los puestos de trabajo y a las empresas que lo generan.

• Pagos provisionales mensuales (PPM): se suspende el pago de PPM por los próximos 3 meses. Comienza a regir a partir de abril.
• Se posterga hasta julio de 2020 el pago anual de impuesto a la renta para las PYMES (empresas que tengan ingresos que no excedan de UF 100.000, aprox. $2.855 millones), de acuerdo a lo declarado en abril de 2020. Comienza a regir a partir de abril (operación renta 2020).
• Todos los gastos de las empresas para enfrentar la contingencia serán aceptados como gasto tributario. Vigencia inmediata.
• Otorgar mayor flexibilidad en los plazos para presentar declaraciones juradas asociadas a la operación renta del año 2020. Vigencia inmediata.
• Se anticipa la devolución de impuesto a la renta que corresponda a las PYMES, las que recibirán su devolución en el mes de abril del año 2020. Comienza a regir a partir de abril (operación renta 2020).

• Se posterga el pago de IVA de los próximos 3 meses para empresas con ventas menores a UF 350.000, aprox. $9.993 millones. Comienza a regir a partir de abril.
• Se permite que el pago del IVA postergado se efectúe en 6 o 12 cuotas mensuales con tasa de interés 0%. Comienza a regir a partir de julio.

• Se posterga el pago de contribuciones de abril para empresas con ventas inferiores a UF350.000, aprox. $9.993 millones, y para personas naturales con inmuebles con avalúo fiscal inferior a $133 millones. Comienza a regir a partir de abril.
• El pago de esta cuota podrá efectuarse en tres cuotas, junto con las siguientes tres
  cuotas de contribución, con una tasa de interés de 0%. Comienza a regir a partir de abril.

Se reduce transitoriamente la tasa de este impuesto a 0% para todas las operaciones de crédito de dinero durante los próximos 6 meses. Comienza a regir a partir de abril.

Para el caso de Pymes y personas con bajos ingresos se establece flexibilidad para celebrar convenios de pago de deudas tributarias con Tesorería General de la República, sin interés ni multas. Además, se suspende temporalmente las acciones de cobranza judicial y de remates por deudas tributarias. Comienza a regir a partir de abril.

Dentro de las medidas para enfrentar las consecuencias de la propagación del virus Covid-19, incluidas en el plan económico anunciado por el Gobierno de Chile el 19 de marzo, está la reducción transitoria de la tasa del Impuesto de Timbres y Estampillas (“ITE”). Esta medida fue incluida en la Ley N° 21.225 (la “Ley Covid-19”), publicada en el Diario Oficial con fecha 2 de abril de 2020.

El artículo tercero de la Ley Covid-19 establece lo siguiente:

• Se disminuyen transitoriamente a 0 las tasas de ITE[1][2] respecto de los impuestos que se devenguen entre el 1 de abril de 2020 hasta el 30 de septiembre del mismo año, ambas fechas inclusive.

• Tratándose de las líneas de emisión de bonos o de títulos de deuda de corto plazo, cuya primera colocación se realice dentro del período comprendido entre el 1 de abril de 2020 y el 30 de septiembre del mismo año, no obstante aplicarse la tasa reducida del 0% por las colocaciones efectuadas en este período, mantendrán la determinación del ITE aplicable respecto de las colocaciones posteriores acogidas a la línea, hasta completar la tasa máxima, actualmente de 0,8%.

• Por su parte, para efectos del cálculo del ITE que correspondería aplicar a las operaciones de refinanciamiento que cumplan los requisitos del artículo 24 N° 17 de la Ley de ITE, las operaciones o documentos objeto del refinanciamiento cuyos impuestos se hayan devengado en el período comprendido entre el 1 de abril de 2020 y el 30 de septiembre del mismo año con la tasa reducida del 0%, se considerará que dichas operaciones o documentos fueron afectadas por las tasas de ITE que habría correspondido aplicar sin la reducción transitoria.

• Finalmente, se establece que en caso que la Ley Covid-19 hubiese sido publicada en el Diario Oficial con posterioridad al 1 de abril de 2020, no procederá el cobro del ITE, interés y multas asociados devengados en el período intermedio. Para estos efectos, se agrega que en caso que se haya pagado ITE por documentos suscritos a partir del 1 de abril de 2020 con anterioridad a la fecha de la publicación de la Ley Covid-19, procederá su devolución de acuerdo al procedimiento general establecido en el Código Tributario[3][4].

[1] Actualmente, las tasas de ITE establecidas para pagarés, letras de cambio y cualquier documento en que conste una operación de crédito de dinero, son las siguientes:

1. 0,066% sobre el monto del capital de la deuda por cada mes o fracción de mes entre la emisión y el vencimiento del mismo, con un máximo de 0,8%; y,
2. 0,332% tratándose de documentos que contengan operaciones de crédito a la vista o sin plazo de vencimiento.

[2] La disminución transitoria también aplica para las prórrogas o renovaciones de los documentos respectivos y los documentos suscritos para efectuar importaciones o ingreso de mercaderías desde zonas francas bajo un sistema de pago diferido.

[3] Para obtener la devolución deberá acreditarse, ante el Servicio de Impuestos Internos, que se trata de operaciones o documentos respecto de los cuales procede la reducción transitoria de la tasa de ITE a un 0% y, en caso que dicho organismo lo requiera, el hecho de haber restituido los montos pagados por el deudor al acreedor por este concepto, si procediera.

^[4] Al haberse publicado la Ley Covid-19 en el Diario Oficial con fecha 2 de abril de 2020, esta disposición sólo aplicaría teóricamente para documentos otorgados con fecha 1 de abril de 2020.

Declaraciones Juradas: Se amplia el plazo para presentación

• Barros Tocornal, Fernando
  fbarros@bye.cl / +562 23788907
• Cremaschi Moure, María Teresa
  mtcremaschi@bye.cl / +562 23788933
• Trucco Horwitz, Carola
  ctrucco@bye.cl / +562 23788924

A continuación detallamos algunas recomendaciones para todos aquellos clientes que se encuentren implementando la modalidad de teletrabajo desde sus hogares, y que implica una serie de desafíos desde la perspectiva de la protección de los datos personales y la seguridad de la información:

• A la hora de elegir una plataforma de videoconferencias o llamadas múltiples, es fundamental revisar sus políticas de privacidad, además de los respectivos términos y condiciones de uso de la misma. Si bien es una práctica a la cual estamos poco acostumbrados, es fundamental informarse respecto a la forma en que dicha plataforma hace uso de la información, con quien la comparte y los estándares de seguridad con los que cuentan.

• Lo más conveniente es que, en lo posible, la plataforma recolecte y comparta la menor cantidad de datos personales de sus usuarios. En muchos casos, para el correcto funcionamiento de la aplicación se requiere el acceso a tu información, su recopilación y su envío a terceros, pero es importante que ese tratamiento de información tenga una finalidad claramente establecida, que sea informada y que sea concordante con el uso de la plataforma.

• Busca plataformas u aplicaciones que cuenten con adecuadas medidas de seguridad y de privacidad, como el cifrado de extremo a extremo, la utilización de contraseñas y de identificadores para ingresar a las llamadas, entre otros.

• Si se hace necesario grabar una videoconferencia o llamada, debe informarse siempre a los participantes de manera previa y solicitar su consentimiento expreso, junto con informar respecto de los fines de dicho registro.

• Si necesitas compartir la pantalla de tu computador para efectuar una presentación o mostrar algún documento, debes asegurarte que esté resguardada tu información personal, además de requerir a quienes tengan acceso a esa información su mas absoluta confidencialidad.

• Al convocar a una videoconferencia debe restringirse el acceso sólo para aquellas personas que cuenten con invitación.

• Otras medidas de seguridad: utiliza contraseñas seguras en tus cuentas, asegúrate que la red Wi-Fi de tu casa cuenta con contraseña, evita descargar archivos adjuntos de correos que parezcan sospechosos o que no reconozcas al remitente, mantén actualizadas tus aplicaciones, softwares y sistemas operativos para que tengas la última versión de seguridad.

• Ovalle Irarrázaval, José Ignacio

  jiovalle@bye.cl / +562 23788924

• Rodríguez Ariztía, Andrés

  arodriguez@bye.cl / +562 23788926

Con fecha 20 de junio del presente año se publicó la Ley N° 21.240[1] (la “Ley”) que modifica el Código Penal y la Ley N° 20.393 para sancionar la inobservancia del aislamiento u otra medida preventiva dispuesta por la autoridad sanitaria, en caso de epidemia o pandemia.

La Ley tipifica nuevos delitos incorporando al Código Penal los artículos 318 bis y 318 ter y, por esta última, adecua la normativa relativa a la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

También se introducen las siguientes modificaciones legales respecto del delito de atentado en contra de la salud pública: (i) aumenta las penas; (ii) aumenta los montos en las multas; y (iii) se adiciona una circunstancia agravante a la pena que la ley confiere por la comisión de dicho delito.

A continuación, incluimos una breve explicación de las principales modificaciones:

[1]           Diario Oficial de la República de Chile., Ministerio de Justicia y Derechos Humanos., Ley N° 21.240 [https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/06/20/42686/01/1776096.pdf]

• La Ley incorpora el delito, por el cual podría ser sancionada una determinada persona jurídica, de ordenar a un trabajador concurrir al lugar de desempeño de sus labores, cuando dicho lugar sea distinto de su domicilio o residencia, y éste se encuentre en cuarentena o aislamiento sanitario obligatorio decretado por la autoridad sanitaria.
• Se indica que a dicho delito le serán aplicables las penas previstas en la Ley N°20.393 para los simples delitos[1], las que incluyen:

• • Prohibición temporal de celebrar actos y contratos con el Estado en su grado mínimo a medio.
  • Pérdida de beneficios fiscales en su grado mínimo a medio o prohibición absoluta de recepción de los mismos de 2 a 3 años.

[1]           Artículo 14 N° 2, Ley N°20.393 sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas.

• Se aumentan las penas al delito de atentado en contra de la salud pública, con máximos que están dentro de la escala de presidio menor en su grado mínimo a medio[1], que corresponde a una pena privativa de libertad que va desde los 61 días a 3 años y un día.
• Se aumentan considerablemente las multas, las que podrían llegar a 200 Unidades Tributarias Mensuales (“UTM”) (anteriormente llegaban hasta 20 UTM).
• La Ley incorpora cómo circunstancia agravante de este delito “cometerlo mediante la convocatoria a espectáculos, celebraciones o festividades prohibidas por la autoridad sanitaria en tiempo de catástrofe, pandemia o contagio”.

[1]           Presidio menor en su grado mínimo: la pena va desde 61 días a 540 días.

Presidio menor en su grado medio: la  pena va desde 541 días a 3 años y un día.

• El delito se constituye por el hecho que una persona, a sabiendas y en tiempo de pandemia, epidemia o contagio, genere riesgo de propagación de agentes patológicos con infracción de una orden de la autoridad sanitaria.

• La Ley indica que la pena por este delito será de presidio menor en su grado medio a máximo que va desde los desde 541 días a los 5 años[1], y multa de 25 a 250 UTM.

[1]           Presidio menor en su grado medio: la pena va desde 541 días a 3 años y un día.

Presidio menor en su grado máximo: la pena va desde 3 años y un día a 5 años.

• El delito se constituye por el hecho que un empleador ordene a un trabajador concurrir al lugar de desempeño de sus labores, cuando dicho lugar sea distinto de su domicilio o residencia, y éste se encuentre en cuarentena o aislamiento sanitario obligatorio decretado por la autoridad sanitaria.

• La Ley indica que la pena por este delito será:

• • Presidio menor en su grado mínimo a medio que corresponde a una pena privativa de libertad que va desde los 61 días a 3 años y un día; y
  • Una multa de 10 a 200 UTM por cada trabajador al que se le hubiere ordenado concurrir al lugar de desempeño de labores.

Con fecha 3 de abril de 2020, se publicó en el Diario Oficial la Ley N° 21.217 (en adelante la “Nueva Ley”), que tiene por objeto limitar los acuerdos de plazo de pago excepcional en caso de empresas de menor tamaño emisoras de facturas, modificando de esta forma la Ley N° 19.983 que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a copia de las facturas.

Con anterioridad a la publicación de la Nueva Ley, la Ley N° 19.983 permitía a las partes de una relación comercial, la posibilidad de pactar plazos de pago de facturas superiores a 30 días corridos contados desde la recepción de las respectivas facturas. La Nueva Ley viene a limitar dichos acuerdos en el sentido de establecer que:

1. Éstos no podrán celebrarse en aquellos casos en que participen, por una parte, empresas de menor tamaño , como vendedoras o prestadoras de servicios y, por otra, empresas que superen las 100.000 UF en ingresos anuales por ventas, prestación de servicios y otras actividades de su giro, como compradoras o beneficiarias del bien o servicio.

2. Excepcionalmente las empresas de menor tamaño y aquellas que excedan las 100.000 UF de ingresos anuales, podrán celebrar acuerdos de pago que excedan los 30 días corridos, siempre y cuando, dichos acuerdos beneficien a la empresa de menor tamaño acreedora, y solo en aquellos casos en que se contemplen la realización de pruebas, pagos anticipados, parcializados o por avances.

3. Todos los acuerdos de pago serán públicos, cualquier persona podrá consultar sobre la existencia del acuerdo, los compradores o beneficiarios del servicio y el plazo de pago. El encargado de los registros será el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.

4. Cualquiera sea el plazo convenido por las partes en los acuerdos que celebren, no producirán efecto alguno las cláusulas o estipulaciones que intenten demorar indebidamente el pago de la factura al vendedor o prestador del servicio, en especial, aquellas que establezcan pagos parcializados, salvo que se acuerden en beneficio de la empresa de menor tamaño acreedora.

5. Los acuerdos de plazo suscritos con anterioridad a la vigencia de la Nueva Ley entre empresas de menor tamaño, y empresas que superen 100.000UF de ingresos anuales, inscritos en el registro de acuerdos que lleva al efecto el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, y que no vayan en beneficio de la empresa de menor tamaño acreedora o bien no contemplen pagos anticipados, parcializados o por medio de avances, se tendrán por no escritos, y regirá como plazo de pago el de 30 días. En cambio, aquellos acuerdos que vayan en beneficio de la empresa de menor tamaño y que contemplen realización de pruebas, pagos anticipados, parcializados o por avances, mantendrán su vigencia siempre y cuando el interesado actualice el registro de acuerdos en un plazo de 90 días contado desde la publicación de la Nueva Ley.

Hacemos presente que la Nueva Ley entrará en vigencia transcurridos 60 días desde su publicación en el Diario Oficial, salvo lo señalado a propósito de la publicidad de los acuerdos, disposición que rige desde su publicación.

El pleno de ministros del TDLC emitió el Auto Acordado N° 21/2020 que rige a partir del 7 de abril, el cual tiene por objetivo agilizar las autorizaciones de hechos, actos o contratos relativos a bienes o servicios que sean indispensables en el contexto del estado de catástrofe declarado en el país.

Así, el Auto Acordado establece expresamente que los hechos, actos o convenciones consultados ante el TDLC en virtud del artículo 18 N° 2 del DL N° 211, podrán celebrarse, materializarse, concluirse o continuar ejecutándose mientras se tramita la consulta de conformidad al procedimiento reglado en el artículo 31 y siguientes del mismo cuerpo normativo.

Para estos efectos, son considerados indispensables los bienes o servicios destinados a mantener la cadena de abastecimiento, la continuidad de los servicios de transporte y la entrega de medicamentos o insumos médicos, entre otros que también puedan tener el carácter de indispensables. Para ello, las partes consultantes deberán fundamentar dicha circunstancia en la respectiva consulta, ofreciendo los antecedentes que acrediten el carácter de indispensabilidad.

No obstante lo anterior, el TDLC podrá sustituir la consulta por un procedimiento contencioso cuando se presente una oposición por un legítimo contradictor en la consulta, o la presentación de una demanda o requerimiento posterior referido a los mismos hechos. La oposición deberá efectuarse cumpliendo todos los requisitos de una demanda o requerimiento para que se produzca la sustitución del procedimiento. El TDLC tomará en consideración las circunstancias del país y oirá al consultante previo a decretar la sustitución del procedimiento. Una vez decretada dicha sustitución, no se podrán continuar ejecutando los referidos hechos, actos o contratos.

Para el caso de consultas sobre hechos, actos o convenciones que no han sido celebrados o ejecutados a la fecha de ingreso de la consulta, no se podrá posteriormente la interposición de una demanda o requerimiento sobre los mismos hechos, mientras el hecho, acto o convención no haya empezado a ser ejecutado.

El texto completo del Auto Acordado se encuentra en el siguiente link: https://www.tdlc.cl/nuevo_tdlc/wp-content/uploads/2020/04/Auto-Acordado-21-2020.pdf

Mediante una Declaración Pública, hoy la Fiscalía Nacional Económica (FNE o Fiscalía) se refirió –siguiendo la tendencia de las agencias de competencia en otros países– al Estado de Catástrofe Nacional y a la eventual licitud –bajo la regulación nacional en materia de Libre Competencia– de eventuales acuerdos de colaboración que se celebren entre competidores, en atención a la crisis sanitaria que se ha producido como consecuencia del COVID-19.

Según lo indicado por la Fiscalía, mediante la declaración de referencia busca “generar mayores grados de predictibilidad y certeza” para autoridades y particulares en relación al rol y atribuciones de la FNE bajo el Decreto Ley 211 que Fija las Normas para la Defensa de la Libre Competencia (DL 211).

En primer lugar, en términos generales se hace presente que el DL 211 no contempla excepciones a su aplicación que permitan a la FNE suspender la aplicación de la normativa en casos de calamidad pública, catástrofe u otro de similar excepcionalidad.

Sin embargo, en cuanto a los acuerdos de colaboración en específico, se recuerda que estos no son ilícitos per se para nuestra regulación, ya que, para determinar su eventual ilicitud, debe realizarse un ejercicio de balance o ponderación de sus efectos, eficiencias y riesgos.

En ese sentido, la FNE considera que –al menos en abstracto– los acuerdos que se celebren bajo el presente estado de catástrofe –en el que “es posible que la producción y distribución de bienes, así como la prestación de servicios, ya no sea posible, o no pueda realizarse en forma óptima, sin un cierto grado de colaboración entre competidores”– serían, en principio, eficientes, ya que “permitirían abastecer de productos o prestar servicios a los consumidores nacionales, sin que tales objetivos pudiesen cumplirse del todo o en parte por cada agente económico actuando de manera individual durante el actual estado de catástrofe”.

Aun así y, al igual que otras agencias de competencia en el mundo, la Fiscalía ha sido clara en destacar que corresponde a las propias compañías identificar si su actuar se enmarca bajo los criterios indicados, sin que exista alguna facultad otorgada a la autoridad para liberar formalmente de responsabilidad a los privados.
Asimismo, la FNE concluye que en caso de detectar el aprovechamiento de la situación “como una excusa para cartelizarse o realizar otros actos anticompetitivos y así dañar la competencia en los mercados”, ella “seguirá como siempre dando estricto cumplimiento al DL 211”.

Ingresa AQUÍ para revisa la Declaración Pública de la FNE

A raíz de la grave crisis sanitaria mundial originada por el virus COVID-19, autoridades en el extranjero han ‘relajado’ -excepcionalmente y en forma limitada- sus criterios de persecución de atentados a la Libre Competencia [1].

En Chile no han habido pronunciamientos de la autoridad respectiva en dicho sentido, por lo que cabe recordar algunos aspectos de la normativa vigente, relevantes para estos efectos.

[1] Por ejemplo, actualmente en Europa, tanto las agencias de competencia nacionales como la Comisión Europea han informado que se autorizarán acuerdos de colaboración entre competidores para la provisión de productos escasos y la distribución de mascarillas y alcohol gel, bajo la advertencia de tomar acciones respecto de aquellas empresas que se aprovechen de la situación y busquen maximizar sus ganancias en este contexto. Misma línea ha seguido la Competition and Market Authority del Reino Unido, emitiendo un comunicado en que indicó que no tomará acciones en contra de las empresas que cooperen o racionen los productos para proteger a los consumidores, en la medida que ello permita el suministro de los productos. Sin embargo, la autoridad revisará que dichas colaboraciones no encubran prácticas anticompetitivas que permitan el intercambio de información de precios o estrategias comerciales a largo plazo.

Los acuerdos de colaboración entre competidores podrán ser analizados por la Fiscalía Nacional Económica (“FNE”) y el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (“TDLC”) bajo el régimen general de hechos, actos o convenciones anticompetitivas contenido en el artículo 3 inciso primero del Decreto Ley N° 211 que Fija las Normas para la Defensa de la Libre Competencia (“DL 211”).

En concreto, la norma indica que se sancionará a quien “ejecute o celebre, individual o colectivamente cualquier hecho, acto o convención que impida, restrinja o entorpezca la libre competencia, o que tienda a producir dichos efectos”, pudiendo la autoridad correspondiente imponer las medidas preventivas, correctivas o prohibitivas en atención a dichos hechos, actos o convenciones.

A mayor abundamiento, el DL 211 en su artículo 3 letra a) contiene un catálogo de acuerdos entre competidores que son considerados anticompetitivos per se, es decir, basta la sola concurrencia del acuerdo para que se cometa la infracción, sin necesidad que el acuerdo se materialice en la práctica o que genere efectos en el mercado.

El artículo 3 letra a) del DL 211 sanciona los acuerdos o prácticas concertadas entre competidores, en la medida  que tengan por objeto: (i) fijar precios de venta o de compra; (ii) limitar la producción; (iii) asignar zonas o cuotas de mercado; y, (iv) afectar procesos de licitación.

Como se indicó anteriormente, respecto de este tipo de acuerdos basta su celebración –sea directa o indirecta, explícita o tácita– para que se cometa la infracción, sin necesidad que el acuerdo se materialice en la práctica o que genere efectos en el mercado.

Adicionalmente, en conformidad a lo indicado en el artículo 62 del DL 211, este tipo de acuerdos es sancionado con penas de presidio menor en su grado máximo a presidio menor en su grado mínimo, junto con la inhabilitación absoluta o temporal para ejercer el cargo de director o gerente de una sociedad anónima abierta o sujeta a normas especiales, el cargo de director o gerente de empresas del Estado o en las que éste tenga participación y el cargo de director o gerente de una asociación gremial o profesional.

El artículo 3 letra a) también sanciona los acuerdos o prácticas concertadas consistentes en determinar condiciones de comercialización o excluir a actuales o potenciales competidores. Sin embargo, este tipo de acuerdo requiere que la entidad persecutora acredite que los infractores obtuvieron poder de mercado a raíz de la ejecución de la conducta. Sobre este tipo de acuerdos no se aplican las sanciones penales descritas en el párrafo anterior.

Finalmente, cabe hacer presente que el Código Penal sanciona en el artículo 285 con penas de reclusión menor en sus grados mínimo a medio y multa de 6 a 10 UTM a quienes “por medios fraudulentos consiguieren alterar el precio natural del trabajo, de los géneros o mercaderías, acciones, rentas públicas o privadas o de cualesquiera otras cosas que fueren objetos de contratación”. Asimismo, si dicha conducta recae sobre mantenimientos u otros objetos de primera necesidad, se impondrá el comiso de los bienes que fueren objeto del fraude.

En Chile no existe una regulación específica respecto a la posibilidad que ciertos acuerdos de colaboración entre competidores puedan ser eximidos de la aplicación estricta del artículo 3 letra a) del DL 211.

A la fecha, ninguna de las dos autoridades de Libre Competencia se ha pronunciado sobre eventuales medidas o limitaciones a la aplicación del DL 211 en el contexto de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y su procedencia –desde el punto de vista legal- es cuestionable, salvo para entregar ciertos lineamientos dentro de las facultades de promoción que tiene la FNE.

El artículo 43 de la Constitución Política de Chile faculta al Presidente de la República en estado de catástrofe a “disponer requisiciones de bienes, establecer limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad y adoptar todas las medidas extraordinarias de carácter administrativo que sean necesarias para el pronto restablecimiento de la normalidad de la zona afectada”.

En ese sentido, la autoridad podría adoptar medidas en relación con la distribución de bienes y servicios, resguardando una eventual vulneración de la garantía constitucional a la propiedad consagrada en el artículo 19 N° 24.

En el caso de los medicamentos, la Ley N° 21.198 que Autoriza la Intermediación de Medicamentos por parte de CEBANAST a Almacenes Farmacéuticos, Farmacias Privadas y Establecimientos de Salud sin Fines de Lucro (“Ley N° 21.198”) establece un procedimiento mediante el cual la CENABAST determinará el precio máximo de venta a público que podrán cobrar las farmacias, almacenes farmacéuticos o establecimientos de salud sin fines de lucro, respecto de los medicamentos que hayan adquirido éstos últimos por medio de la CENABAST.

Cabe hacer presente que la Ley N°21.198 indica que la CENABAST no podrá intermediar productos sanitarios a farmacias, almacenes farmacéuticos o establecimientos de salud sin fines de lucro que sean sancionados por infracciones al artículo 3 del DL 211 desde la entrada en vigencia de la ley.

Las empresas tienen que cautelar no infringir la normativa de Libre Competencia al tomar sus decisiones de comercialización.

Así, la limitación en la venta de bienes y/o servicios podría constituir una infracción al DL 211 cuando:

(i) Consista en un acuerdo entre competidores, ya sea directo o indirecto por medio de un proveedor u otro tercero.

(ii) Consista en la explotación abusiva de posición dominante que tenga la empresa en el mercado, ya sea individual o conjuntamente con otra empresa.

(iii) Consista en una práctica predatoria para expulsar a competidores del mercado o de competencia desleal, con el objeto de alcanzar, mantener o incrementar una posición dominante.

Adicionalmente, cabe hacer presente que la Ley N° 16.282 que Fija Disposiciones para Casos de Sismos o Catástrofes en su artículo 5 sanciona con pena de presidio menor en sus grados mínimo a medio a “los productores o comerciantes y funcionarios de instituciones comerciales del Estado que se negaren infundadamente a vender de contado al público para su consumo ordinario alimentos, vestuarios, herramientas, materiales de construcción, productos, medicamentos y artículos farmacéuticos de uso en medicina humana y veterinaria, menaje de casa, combustibles, jabón y bienes que sirvan para el alhajamiento o guarnecimiento de una morada, o condicionen la venta a la adquisición de otras mercaderías”.

El inciso segundo del artículo 5 sanciona con la misma pena a quienes “siendo o no comerciantes, vendan los artículos a que se refiere el inciso anterior a precios superiores a los oficiales o con engaño en la calidad, peso o medida, o los que los acaparen, oculten, destruyan o eliminen del mercado”.

Si bien el DL 211 no sanciona expresamente el cobro de precios excesivos, cabe hacer presente que el TDLC ha señalado que el cobro de precios excesivos será sancionable como un caso de explotación abusiva de posición dominante, si es consecuencia de algún acto o conducta contrarios a la Libre Competencia.

Es lógico que ante una crisis sanitaria como la generada por el COVID-19, los gremios se organicen para velar por la estabilidad y seguridad de sus respectivas industrias.

En ese sentido, las asociaciones gremiales deben cautelar no infringir las normas de Libre Competencia, evitando facilitar el intercambio de información comercialmente sensible de sus miembros, coordinar acuerdos que podrían infringir el artículo 3 letra a) del DL 211, discriminar arbitrariamente entre sus asociados o excluir a actuales o potenciales asociados de la asociación sin un procedimiento claro y fundado, entre otras conductas.

El principal resguardo que debe tomar una empresa perteneciente a una asociación gremial es evitar traspasar información comercialmente sensible de la empresa o recibir información comercialmente sensible de un competidor.

Asimismo, las empresas deben resguardar el envío de la información comercialmente sensible a terceros, ya sea para fines de estudio o estadística. En dichos casos, se recomienda suscribir protocolos y acuerdos de confidencialidad.

Adicionalmente, las empresas deben evitar formar acuerdos con otros asociados que puedan constituir eventuales infracciones al artículo 3 letra a) del DL 211.

Por regla general, será información comercialmente sensible aquella que no se encuentre disponible de forma pública.

A modo ejemplar y no taxativo, se entiende que la información tiene el carácter de comercialmente sensible cuando versa sobre: (i) información muy reciente, actual o futura, respecto a clientes, precios, oferta o costos; (ii) proyectos estratégicos futuros; (iii) proyectos de marketing futuros; (iv) innovaciones; y, (v) políticas comerciales, entre otros.

El DL 211 no contiene excepciones de conductas relacionadas con los requerimientos de las autoridades.

Hasta la fecha, ni la FNE ni el TDLC han entregado criterios que permitan entender que en la práctica se eximirán de sanción determinadas conductas realizadas en el contexto de la crisis sanitaria y a solicitud de la autoridad.

En atención a lo anterior, se sugiere seguir las directrices generales establecidas a propósito de los intercambios de información y cautelar que dicha entrega de información no facilite una coordinación entre competidores que resulte en un acuerdo sancionado en conformidad al artículo 3 letra a) del DL 211.

1.  Analizar y revisar cuidadosamente las acciones que la empresa tomará en relación a la crisis sanitaria del COVID-19 y que impliquen relacionarse directa o indirectamente con competidores.
2. Analizar y revisar cuidadosamente la participación en asociaciones gremiales y las medidas sugeridas para afrontar la crisis sanitaria.
3. Estar atentos a eventuales lineamientos excepcionales que pudiera adoptar la autoridad en materia de cooperación entre competidores, fijación de precio u otras medidas, en el contexto de la emergencia sanitaria que vivimos.

Ayer, 25 de marzo de 2020, se aprobaron Medidas Excepcionales en procedimientos seguidos ante la Fiscalía Nacional Económica, atendido el brote de Coronavirus (COVID-19), mediante Resolución Exenta de la FNE No. 188*.

• Resolución Exenta No.188

En cuanto a notificaciones de operaciones de concentración, la FNE “solicita a las partes notificantes de eventuales operaciones de concentración que, atendida la actual situación de excepción, efectúen una evaluación de la pertinencia de notificar una operación de concentración a la FNE, limitándose sólo a aquellas que sean urgentes e imprescindibles de notificar. Ello resulta necesario toda vez que la FNE, en aras al cumplimiento de su mandato legal, debe contar con todos los antecedentes que sean necesarios y suficientes, tanto de las partes como de terceros, para alcanzar la convicción que una determinada operación no es apta para reducir de manera sustancial la competencia en los mercados, lo que por causas totalmente ajenas a la voluntad de la FNE podría resultarle muy complejo de evaluar en Fase I, atendida la actual situación de excepción”.

*Aclaración: Esta resolución no establece ningún tipo de excepción a la aplicación de la ley de Libre Competencia (DL 211), sino que explica cómo se adaptarán los procesos en términos formales.

• Toro Bossay, Luis Eduardo
  ltoro@bye.cl / +562 23788925
• Bórquez Electorat, Francisco
  fborquez@bye.cl / +562 24344324
• Corvalán Pérez, José Luis
  jcorvalan@bye.cl / +562 24344390

• Los términos probatorios que a la entrada en vigencia de la ley hubiesen empezado a correr, o que se inicien durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe, en todo procedimiento judicial en trámite ante los tribunales ordinarios, especiales y arbitrales del país, se suspenderán hasta el vencimiento de los diez días hábiles posteriores al cese del estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, y el tiempo en que este sea prorrogado, si es el caso.

• Durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, y el tiempo en que este sea prorrogado, si es el caso, se entenderá interrumpida la prescripción de las acciones por la sola presentación de la demanda, bajo condición de que esta no sea declarada inadmisible y que sea válidamente notificada dentro de los cincuenta días hábiles siguientes a la fecha del cese del referido estado de excepción constitucional, y el tiempo en que este sea prorrogado, si es el caso, o dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha en que la demanda fuere proveída, lo que suceda último.

• Para el ejercicio de las acciones laborales y de competencia de los juzgados de policía local, se entenderán prorrogados los plazos de prescripción y de caducidad respectivos, hasta cincuenta días hábiles contados desde la fecha de cese del estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, y el tiempo en que este sea prorrogado, si es el caso.

• Los impedimentos generados por la calamidad pública o por la emergencia sanitaria, ocasionadas por la enfermedad COVID – 19, podrán hacerse valer como causales de entorpecimiento para efectos de excusar la comparecencia a audiencias o como motive de suspensión de la vista de las causas ante las Cortes.

A propósito de expansión que ha experimentado el Coronavirus (COVID-19) en los últimos días a nivel nacional, junto a la reciente crisis social, han surgido una serie de preguntas en relación con la posibilidad de eximir de responsabilidad a aquellos que se han visto en la imposibilidad absoluta – ya sea permanente o temporal — de cumplir con sus obligaciones o, bien, revisar ciertos contratos celebrados con anterioridad a estas circunstancias o hechos sobrevinientes.

En primer término, es sumamente importante aclarar, que, en esta materia, no existe una regla general que resuelva todas las situaciones, pues se trata de cuestiones eminentemente casuísticas, en donde se deben revisar no solamente los hechos particulares de cada caso, sino además, las cláusulas contractuales que las partes pactaron al momento de la celebración del contrato y en donde pudieron convenir distintos regímenes de responsabilidad, posicionándose el deudor en una situación de mayor o menor riesgo.

Lo anterior, se torna aún más complejo si se tiene presente que en nuestro ordenamiento de derecho privado, el principio rector en materia contractual es el artículo 1545 del Código Civil[1], que establece el principio de que “lo pactado obliga”, y que rechaza la posibilidad de revisar un contrato bajo cualquier pretexto.

Por lo pronto advirtamos que estos conflictos se pueden dar en contratos de largo plazo, en cualquiera de sus modalidades, como son de ejecución diferida, de ejecución permanente o de tracto sucesivo.

En contraposición al principio rector recién señalado, existen situaciones que las partes no pudieron prever al momento de la celebración del contrato, pues tienen su raíz en hechos que escapan a la previsión de un hombre normal, en donde una de las partes se encuentra en una imposibilidad absoluta – permanente o temporal — de cumplir con sus obligaciones. Ahora, distinto es el caso de que la obligación sea posible, pero como consecuencia del hecho sobreviniente y no previsto, su cumplimiento resulta exageradamente más oneroso que al momento de la celebración del contrato.

Aclarado lo anterior, debemos señalar que, en Derecho, existen dos instituciones aplicables, en donde se debe distinguir si producto de las circunstancias sobrevinientes la obligación se ha tornado imposible de cumplir o, en cambio, la obligación es ahora económicamente más difícil de cumplir, pero no imposible.

[1] “Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales”

El artículo 45 del Código Civil, regula esta institución, señalando expresamente que:

“Se llama caso fortuito o fuerza mayor el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.”.

En materia contractual, al operar el caso fortuito, se pueden dar dos hipótesis: (i) si el caso fortuito es total y permanente, tiene el efecto de extinguir la obligación contractual, y; (ii) si el caso fortuito es sólo temporal, suspenderá temporalmente el cumplimiento de la obligación, pero no extinguirá la obligación.

Cuando se está frente a un caso fortuito o de fuerza mayor, y la obligación se torna imposible de cumplir en forma total y permanente, opera el modo de extinguir las obligaciones del artículo 1670 del Código Civil, es decir, se extingue y el deudor queda liberado de su cumplimiento.

Nuevamente, se debe prestar especial atención a lo que las partes pactaron en el contrato pues, perfectamente, podrían haber definido un concepto distinto de fuerza mayor o haber aclarado previamente qué situaciones encajan dentro de dicho concepto, incluyendo otras, o bien, pudieron haber excluido contractualmente una situación que, siendo naturalmente constitutiva de caso fortuito, las partes entendieron que no aplicaba para su relación contractual y, en consecuencia, la descartan.

Se debe partir de la base que el caso fortuito es una situación anómala que exime de responsabilidad a quien naturalmente la tendría en el estado natural de las cosas. Por ende, los tribunales suelen ser exigentes en el examen de fondo de los requisitos que lo constituirían, siendo la carga de acreditarlo de quien lo alega.

Así las cosas, si bien una pandemia, como otros fenómenos extraordinarios, constituye, a prima facie, un caso fortuito, lo determinante son las circunstancias del caso que lo tornan imprevisible e irresistible y que de ello resulte una imposibilidad absoluta en el cumplimiento de la obligación. Por ende, lo primordial será el examen de los supuestos que lo configuran en el caso concreto, ya que, tal como lo señala la doctrina “no hay eventos que siempre y en todo momento constituyan un caso fortuito; hay eventos que, en una primera aproximación, si lo son, pero habrá que examinar el caso para concluir en definitiva”.[1]

En definitiva, no hay eventos que siempre y en todo momento constituyan un caso fortuito, pues dependerá de las circunstancias del caso. A continuación, ofrecemos un breve examen de los requisitos del caso fortuito o fuerza mayor y que permiten dar ciertas luces a su aplicación:

[1] Veloso Paulina, “Caso Fortuito y las Catástrofes” en “1° Seminario de Derecho y Catástrofes, Lecciones del Terremoto”, Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, pág.64.

La imprevisibilidad dice relación con la imposibilidad de anticipar la ocurrencia del hecho, y que necesariamente debe concurrir para alegar el caso fortuito. La Corte Suprema ha definido la “imprevisibilidad”, resolviendo expresamente que:

“La imprevisibilidad del caso fortuito significa que racionalmente no existe manera de anticipar su ocurrencia o, más precisamente que se desconozca con antelación la causa que lo provoca, razón por la cual el afectado no podrá deducirlo con un cierto grado de seguridad o certeza. Para prever una determinada situación es necesario que el agente se represente mentalmente como probable la causa y de ella pueda deducir el efecto, en este evento, el hecho constitutivo del caso fortuito”.[1]

A su vez, la doctrina ha establecido índices de “imprevisibilidad”[2], cuales serían (i) subitaneidad, de repentina ocurrencia; (ii) intensidad del fenómeno; (iii) probabilidad; y (iv) duración del evento.

Pues bien, en este entendido, alguna parte de la doctrina se ha inclinado por resolver que las manifestaciones sociales ocurridas a finales del año pasado sí constituirían un evento imprevisible, explicando que:

“…el estallido social del 18 de octubre de 2019 cumple el estándar para ser considerado como un evento imprevisible, particularmente en cuanto a su impacto en las relaciones contractuales en curso”.[3]

En cuanto a la pandemia del virus denominado “Coronavirus”, atendida el reciente estado de la cuestión, todavía no existen pronunciamientos ni doctrinarios, ni jurisprudenciales. Sin embargo, hemos podido advertir que la Corte Suprema ha calificado de caso fortuito o de fuerza mayor a las “epidemias” en general, resolviendo expresamente que:

“Que dentro de los ejemplos que da el Código de casos fortuitos se refiere a situaciones fácticas, tales como naufragio, terremoto, apresamiento de enemigos, herida, rayo, epidemia, actos de autoridad, etc.”.

En otro orden de ideas, la Contraloría General de la República, a propósito de las medidas de gestión que pueden adoptar los órganos de la administración del Estado, calificó de caso fortuito a la pandemia de “Coronavirus”, señalando expresamente que:

“En la especie, el brote del COVID-19 representa una situación de caso fortuito que, atendidas las graves consecuencias que su propagación en la población puede generar, habilita la adopción de medidas extraordinarias de gestión interna de los órganos y servicios públicos que conforman la Administración del Estado (…)”.[4]

Por último, debemos insistir que, aun cuando existe doctrina y jurisprudencia, que han calificado a las insurrecciones civiles y a las epidemias como de situaciones imprevistas, es muy importante tener claro que la imprevisibilidad deba analizarse a la luz de cada caso en concreto, es decir, de las circunstancias por las cuales ese hecho – pandemia – es la causa inmediata y forzosa de la imposibilidad de cumplir el contrato (permanente o temporalmente), el efecto.

[1] Excma. Corte Suprema, sentencia dictada en la causa rol 6739-2007, 22 de enero de 2009.

[2] Veloso, Paulina, ob.cit. pág.66

[3] Tapia R. Mauricio, “Caso Fortuito o Fuerza Mayor”, Ed. Librotecnia, p. 136.

[4] CGR, 17 de marzo de 2020, Dictamen N° 3.610.

Para que un hecho se calificado de caso fortuito debe ser, además de improvisto, imposible de resistir, es decir, que no sea posible de superar o evitar con mediana diligencia (o con la diligencia que se haya pactado en el contrato, si ello hubiere sido objeto de regulación). Al respecto, el profesor Abeliuk Manasaevich explica que:

“Un hecho es irresistible cuando no es posible evitar sus consecuencias, en términos que ni el agente ni ninguna otra persona colocada en sus mismas circunstancias habría podido hacerlo”.[1]

Entonces, si el suceso es posible de ser superado con mediana diligencia, no puede considerarse que hay caso fortuito si dicha actitud no se adopta. Así, a modo de ejemplo, ofrecemos una sentencia de la Corte de Apelaciones de Concepción, a propósito de una inundación y desbordamiento del canal Papen en Chiguayante, ocurrida en el año 2005, en donde el Tribunal resolvió expresamente que:

“Ha quedado acreditado que el Canal Papen no se encontraba en buen estado de mantención… es posible concluir que si bien se produjeron lluvias considerables los daños producidos a los actores fueron consecuencias de la falta de mantención del Canal Papen”.[2]

Ahora bien, lo que caracteriza al caso fortuito es la imposibilidad total, absoluta, en orden a que ni el deudor ni persona alguna en sus circunstancias y desplegando la diligencia exigible, habría podido impedirlo.

Si la imposibilidad es parcial, el deudor no será responsable en la parte que el cumplimiento se ha hecho imposible, y deberá cumplir el resto. Si la imposibilidad es transitoria, la obligación no se extingue, pues el deudor deberá cumplir una vez que cese la imposibilidad, pero quedará exento de responsabilidad por el retardo.

Útil es hacer presente que en el evento de que existan retrasos previos, en donde el deudor está en mora y luego ocurre un hecho que puede ser calificado de Caso Fortuito o de Fuerza Mayor, el artículo 1547 del Código Civil señala expresamente, en su inciso segundo, que:

“El deudor no es responsable del caso fortuito, a menos que se haya constituido en mora (siendo el caso fortuito de aquellos que no hubieran dañado a la cosa debida, si hubiese sido entregada al acreedor), o que el caso fortuito haya sobrevenido por su culpa”.

Del artículo recién transcrito, se concluye que, si el deudor estaba en mora en el cumplimiento de su obligación, no podrá alegar Caso Fortuito.

[1] Abeliuk Manasevich, René, “Las Obligaciones”, tomo II, Sexta Edición Actualizada, Ed. Thomson Reuters, pág. 972.

[2] Corte de Apelaciones de Concepción, sentencia dictada en la causa Rol 1872-2008, septiembre 2009.

Es importante destacar que el hecho debe ser ajeno a la voluntad de las partes. Así, si hay culpa en la ocurrencia del hecho de quien invoca la causal de exoneración de responsabilidad, evidentemente no se configurará el caso fortuito. Al respecto, el profesor Abeliuk Manasevich ofrece el siguiente ejemplo:

“Por eso se rechazó el caso fortuito alegado por un arrendatario de un incendio en la propiedad arrendada, porque él se produjo durante una fiesta dada por él”.[1]

En definitiva, la presencia de culpa es contrapuesta a la existencia de caso fortuito.

[1] Abeliuk Manasevich, René, ob. cit. pág. 971.

• El caso fortuito o fuerza mayor es excepcional y de aplicación restrictiva;

• Por lo anterior, es carga de acreditarlo de quien lo alega;

• Los requisitos del mismo son la (i) imprevisible; (ii) irresistible; y (iii) ajeno a las partes.

• Especial problema practico importa el análisis de la irresistibilidad y para ello deberá estarse a la diligencia que le era exigible al deudor;

• El análisis del caso fortuito y fuerza mayor se deberá hacer caso a caso, verificando se cumplan los requisitos señalados precedentemente;

• Habrá que tener especial atención en los contratos, si las situaciones de caso fortuito o fuerza mayor se encuentran o no reglados contractualmente;

• La pandemia del Coronavirus sin duda, a priori, configura un hecho imprevisto, de modo tal que el análisis se deberá centrar en si éste imposibilita el cumplimiento de una obligación o si hace irresistible el incumplimiento.

• Finalmente, se deberá verificar si, cumplido los requisitos para que opere el caso fortuito, éste resulta en una extinción de la obligación o sólo suspende su cumplimiento (sin hacer responsable al deudor de la mora).

A consecuencia del Estado Constitucional de Catástrofe y la emergencia sanitaria que ha genereado el COVID-19, los distintos tribunales del país han adoptado una serie de medidas que buscan conciliar el resguardo de la salud de su personal y de los usuarios del sistema, con la pronta y cumplida administración de justicia.

La Excma. Corte Suprema dictó el Autoacordado 41-2020, seguido de las Instrucciones 42-2020 y de una serie de resoluciones de su pleno, disponiendo, entre otras medidas:

• Privilegiar el teletrabajo de los jueces, funcionarios y abogados, disponiendo la realización de audiencias y alegatos mediante videoconferencia.
• Restringir la atención de público a casos urgentes y calificados.
• Privilegiar el conocimiento de asuntos urgentes (principalmente en materia de derechos fundamentales, penal, laboral y familia).

Por otro lado, cada Corte de Apelaciones ha implementado reglas similares para su respectiva jurisdicción.

La Corte de Apelaciones de Santiago, mediante acuerdo de fecha 23 de marzo, ha dispuesto que a contar del día 25 de marzo se rebaje a cuatro el número de salas en funcionamiento presencial durante la contingencia sanitaria, disponiendo la vista preferente de las causas extraordinarias penales con imputado preso, los recursos de amparo y de protección  (especialmente garantía 19 N° 1 de la Constitución Política de la República), las causas laborales y tributarias sobre tutela de derechos fundamentales, los recursos de nulidad y apelaciones incidentales  en materia penal en aquellas causas que existía imputado privado de libertad, y apelaciones sobre asuntos urgentes de familia.

A su vez, se ha dispuesto el cierre total de los Juzgados Civiles de Santiago y Colina desde el día lunes 23 de marzo, los que operarán exclusivamente en modalidad de teletrabajo.

En material arbitral, el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago ha instado a los árbitros a suspender de oficio las audiencias hasta próximo aviso, o bien, disponer su realización a través de sistemas como videoconferencia, teléfono o medios similares de comunicación.

Finalmente, con fecha 24 de marzo el Gobierno ha presentado un proyecto de ley a ser tramitado con urgencia, que contempla, entre otras materias: (i) Suspensión de audiencias, (ii)  Prohibición, durante el estado de catástrofe, de decretar actuaciones judiciales que, de realizarse, puedan causar indefensión a consecuencia de las restricciones del estado de excepción, o en razón de las consecuencias provocadas por la emergencia sanitaria, (iii) Suspensión de los plazos judiciales en curso, (iv) Nueva causal de entorpecimiento, (v) Régimen especial en materia de interrupción de la prescripción de las acciones civiles, y (vi) Nueva causal de suspensión de las vistas de causas y las audiencias en las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema.

El Poder Judicial ha dispuesto la siguiente página web para informar al público acerca de la actualización de las medidas adoptadas por los diversos Tribunales del país: https://www.pjud.cl/noticias-emergencia-sanitaria

• Errázuriz Grez, José Tomás

  jerrazuriz@bye.cl / +562 23788906

• Toro Bossay, Luis Eduardo

  ltoro@bye.cl / +562 23788925

• San Martín Arjona, Javier

  jsanmartin@bye.cl / +562 23788925

• Cademartori Gamboa, David

  dcademartori@bye.cl / +562 23788925

Con fecha 20 y 21 de julio de 2020 la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (“DDU”) emitió las Circulares DDU 437 y 438, respectivamente, impartiendo instrucciones sobre la postergación de permisos y la participación ciudadana en los procedimientos de aprobación y modificación de instrumentos de planificación territorial (“IPT») durante la vigencia de la emergencia sanitaria.

1. La DDU haciendo alusión al dictamen de Contraloría General de la República (“CGR«) N° 3.610 de fecha 17 de marzo de 2020 y al artículo 45 del Código Civil, según los cuales -en virtud de la emergencia sanitaria- los jefes de servicios se encuentran facultados para adoptar medidas especiales, tales como, suspender o extender la duración de los plazos en procedimientos administrativos, es que la División de Desarrollo Urbano emitió la Circular DDU 437.

2. En razón de lo anterior, señala dicha circular que el Alcalde de cada municipio -y no el Director de Obras Municipales- tiene la potestad para determinar la suspensión o extensión de los plazos en los sectores o terrenos en los que se haya dispuesto la aplicación del artículo 117 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (“LGUC»), referido a la facultad de postergar permisos o aprobaciones en los sectores del terreno que se encuentra afecto a estudios sobre modificaciones del Plan Regulador Intercomunal o Comunal.

3. Sin perjuicio de algunas dudas que deja esta circular, el criterio ya fue utilizado por algunos municipios. A modo ejemplar, el día 30 de julio de 2020 se publicó en el Diario Oficial el Decreto Alcaldicio N°2.129 de la Municipalidad de Pudahuel que aprueba la “tercera” prórroga de postergación de permisos de edificación para proyectos desde 7 metros de altura, aumentando en cuatro meses el plazo de postergación establecido en la ley.

1. Tras consulta formulada por la misma División de Desarrollo Urbano al Órgano Fiscalizador, la CGR emitió el dictamen N°10.084 de fecha 17 de junio de 2020 referido a la participación ciudadana relacionada con los medios de elaboración y aprobación de IPT, limitándose este instructivo a reiterar el dictamen.

2. Al respecto, dicho dictamen señaló que, en atención a la situación de caso fortuito y a la importancia de prevenir que los procedimientos de aprobación o modificación de los IPT se paralicen indefinidamente, se faculta al desarrollo de las instancias de participación ciudadana -audiencias públicas o exposiciones ante la comunidad- a través de medios tecnológicos.

3. No obstante, la forma en que se realizarán aquellas instancias de participación debe ser regulada, de forma transitoria, por cada municipalidad a través de la correspondiente Ordenanza Local de participación ciudadana, la que debe velar por la debida publicidad de su realización, información veraz, completa, clara y accesible y garantizar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades.

Por su parte, en caso de aprobaciones o modificaciones de planes reguladores intercomunales, la forma en que se desarrollará deberá ser regulada por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo.

4. Finalmente, la anterior excepción no habilita a los municipios para alterar los restantes requisitos establecidos en la LGUC y su ordenanza sobre la tramitación de los IPT.

Con fecha 6 de abril de 2020 la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo publicó la Circular DDU 429, impartiendo instrucciones para la unificación de criterios en los procedimientos ante las Direcciones de Obras Municipales (“DOM«), en el contexto del virus COVID-19. Esta, consideró para ello el DS N° 4 publicado en el D.O. el 8 de febrero de 2020, del Ministerio de Salud mediante el cual se declaró alerta sanitaria en todo el territorio de la República producto del brote mundial del virus, y el dictamen N° 3.610 de 2020 de la CGR, que señaló que la pandemia representa una situación de caso fortuito que habilita a los Órganos de la Administración del Estado a adoptar las medidas correspondientes para resguardar la vida y salud de sus servidores, así como la continuidad del servicio público, por lo que los jefes superiores de servicios se encuentran facultados para suspender los plazos en los procedimientos administrativos o para extender su duración.

Así, en línea con lo anterior, y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley General de Urbanismo y Construcciones –pese a que no corresponde exactamente a las facultades que dicha norma le entrega-, la DDU impartió las siguientes instrucciones:

1. Los plazos establecidos en la Ley General de Urbanismo y Construcciones (“LGUC«) o la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (“OGUC«) que deban ser cumplidos por las DOM podrán ser prorrogados mediante resolución fundada del Director de Obras Municipales, cuando exista imposibilidad de dar continuidad a la función pública.

2. Los plazos correspondientes a la subsanación de observaciones (art. 1.4.9. de la OGUC), vigencia de los anteproyectos aprobados (art. 1.4.11. de la OGUC), vigencia de los permisos de construcción (art. 1.4.17. de la OGUC) y cualquier otro aplicable a los particulares, se encuentran suspendidos a contar de la fecha de publicación del Decreto N° 4 señalado en el numeral primero, esto es, desde el 8 de febrero de 2020. Esta suspensión se mantendrá vigente hasta la dictación de una nueva Circular DDU de la materia.

No obstante, la suspensión de plazos podrá ser declarada no aplicable por la DOM mediante resolución fundada, argumentando que ésta es injustificada.

3. Se solicita a las DOM que la tramitación de procedimientos administrativos futuros o pendientes se realicen preferentemente a través de medios electrónicos.

Como puede desprenderse, si bien la DDU procedió a impartir instrucciones de carácter general, la aplicación de estas depende de la DOM respectiva. Así, tanto la eventual prórroga de los plazos de las DOM como la improcedencia de la suspensión de los plazos de los particulares ante la autoridad, dependerán de la resolución fundada de la DOM que así lo disponga.

Sin perjuicio que, a nuestro entender, estas resoluciones debiesen publicarse en el Diario Oficial o en la página web de la Municipalidad respectiva, por tener efectos generales, nuestra recomendación, frente a procedimientos administrativos en trámite, es consultar a la respectiva Dirección de Obras el estado de funcionamiento de las tramitaciones, la adopción de medios electrónicos, y las eventuales prórrogas o suspensiones de plazos adoptadas, a fin de evitar ulteriores inconvenientes.

A propósito de expansión que ha experimentado el Coronavirus (COVID-19) en los últimos días a nivel nacional, junto a la reciente crisis social, han surgido una serie de preguntas en relación con la posibilidad de eximir de responsabilidad a aquellos que se han visto en la imposibilidad absoluta – ya sea permanente o temporal — de cumplir con sus obligaciones o, bien, revisar ciertos contratos celebrados con anterioridad a estas circunstancias o hechos sobrevinientes.

En primer término, es sumamente importante aclarar, que, en esta materia, no existe una regla general que resuelva todas las situaciones, pues se trata de cuestiones eminentemente casuísticas, en donde se deben revisar no solamente los hechos particulares de cada caso, sino además, las cláusulas contractuales que las partes pactaron al momento de la celebración del contrato y en donde pudieron convenir distintos regímenes de responsabilidad, posicionándose el deudor en una situación de mayor o menor riesgo.

Lo anterior, se torna aún más complejo si se tiene presente que en nuestro ordenamiento de derecho privado, el principio rector en materia contractual es el artículo 1545 del Código Civil[1], que establece el principio de que “lo pactado obliga”, y que rechaza la posibilidad de revisar un contrato bajo cualquier pretexto.

Por lo pronto advirtamos que estos conflictos se pueden dar en contratos de largo plazo, en cualquiera de sus modalidades, como son de ejecución diferida, de ejecución permanente o de tracto sucesivo.

En contraposición al principio rector recién señalado, existen situaciones que las partes no pudieron prever al momento de la celebración del contrato, pues tienen su raíz en hechos que escapan a la previsión de un hombre normal, en donde una de las partes se encuentra en una imposibilidad absoluta – permanente o temporal — de cumplir con sus obligaciones. Ahora, distinto es el caso de que la obligación sea posible, pero como consecuencia del hecho sobreviniente y no previsto, su cumplimiento resulta exageradamente más oneroso que al momento de la celebración del contrato.

Aclarado lo anterior, debemos señalar que, en Derecho, existen dos instituciones aplicables, en donde se debe distinguir si producto de las circunstancias sobrevinientes la obligación se ha tornado imposible de cumplir o, en cambio, la obligación es ahora económicamente más difícil de cumplir, pero no imposible.

[1] “Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales”

El artículo 45 del Código Civil, regula esta institución, señalando expresamente que:

“Se llama caso fortuito o fuerza mayor el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.”.

En materia contractual, al operar el caso fortuito, se pueden dar dos hipótesis: (i) si el caso fortuito es total y permanente, tiene el efecto de extinguir la obligación contractual, y; (ii) si el caso fortuito es sólo temporal, suspenderá temporalmente el cumplimiento de la obligación, pero no extinguirá la obligación.

Cuando se está frente a un caso fortuito o de fuerza mayor, y la obligación se torna imposible de cumplir en forma total y permanente, opera el modo de extinguir las obligaciones del artículo 1670 del Código Civil, es decir, se extingue y el deudor queda liberado de su cumplimiento.

Nuevamente, se debe prestar especial atención a lo que las partes pactaron en el contrato pues, perfectamente, podrían haber definido un concepto distinto de fuerza mayor o haber aclarado previamente qué situaciones encajan dentro de dicho concepto, incluyendo otras, o bien, pudieron haber excluido contractualmente una situación que, siendo naturalmente constitutiva de caso fortuito, las partes entendieron que no aplicaba para su relación contractual y, en consecuencia, la descartan.

Se debe partir de la base que el caso fortuito es una situación anómala que exime de responsabilidad a quien naturalmente la tendría en el estado natural de las cosas. Por ende, los tribunales suelen ser exigentes en el examen de fondo de los requisitos que lo constituirían, siendo la carga de acreditarlo de quien lo alega.

Así las cosas, si bien una pandemia, como otros fenómenos extraordinarios, constituye, a prima facie, un caso fortuito, lo determinante son las circunstancias del caso que lo tornan imprevisible e irresistible y que de ello resulte una imposibilidad absoluta en el cumplimiento de la obligación. Por ende, lo primordial será el examen de los supuestos que lo configuran en el caso concreto, ya que, tal como lo señala la doctrina “no hay eventos que siempre y en todo momento constituyan un caso fortuito; hay eventos que, en una primera aproximación, si lo son, pero habrá que examinar el caso para concluir en definitiva”.[1]

En definitiva, no hay eventos que siempre y en todo momento constituyan un caso fortuito, pues dependerá de las circunstancias del caso. A continuación, ofrecemos un breve examen de los requisitos del caso fortuito o fuerza mayor y que permiten dar ciertas luces a su aplicación:

[1] Veloso Paulina, “Caso Fortuito y las Catástrofes” en “1° Seminario de Derecho y Catástrofes, Lecciones del Terremoto”, Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, pág.64.

La imprevisibilidad dice relación con la imposibilidad de anticipar la ocurrencia del hecho, y que necesariamente debe concurrir para alegar el caso fortuito. La Corte Suprema ha definido la “imprevisibilidad”, resolviendo expresamente que:

“La imprevisibilidad del caso fortuito significa que racionalmente no existe manera de anticipar su ocurrencia o, más precisamente que se desconozca con antelación la causa que lo provoca, razón por la cual el afectado no podrá deducirlo con un cierto grado de seguridad o certeza. Para prever una determinada situación es necesario que el agente se represente mentalmente como probable la causa y de ella pueda deducir el efecto, en este evento, el hecho constitutivo del caso fortuito”.[1]

A su vez, la doctrina ha establecido índices de “imprevisibilidad”[2], cuales serían (i) subitaneidad, de repentina ocurrencia; (ii) intensidad del fenómeno; (iii) probabilidad; y (iv) duración del evento.

Pues bien, en este entendido, alguna parte de la doctrina se ha inclinado por resolver que las manifestaciones sociales ocurridas a finales del año pasado sí constituirían un evento imprevisible, explicando que:

“…el estallido social del 18 de octubre de 2019 cumple el estándar para ser considerado como un evento imprevisible, particularmente en cuanto a su impacto en las relaciones contractuales en curso”.[3]

En cuanto a la pandemia del virus denominado “Coronavirus”, atendida el reciente estado de la cuestión, todavía no existen pronunciamientos ni doctrinarios, ni jurisprudenciales. Sin embargo, hemos podido advertir que la Corte Suprema ha calificado de caso fortuito o de fuerza mayor a las “epidemias” en general, resolviendo expresamente que:

“Que dentro de los ejemplos que da el Código de casos fortuitos se refiere a situaciones fácticas, tales como naufragio, terremoto, apresamiento de enemigos, herida, rayo, epidemia, actos de autoridad, etc.”.

En otro orden de ideas, la Contraloría General de la República, a propósito de las medidas de gestión que pueden adoptar los órganos de la administración del Estado, calificó de caso fortuito a la pandemia de “Coronavirus”, señalando expresamente que:

“En la especie, el brote del COVID-19 representa una situación de caso fortuito que, atendidas las graves consecuencias que su propagación en la población puede generar, habilita la adopción de medidas extraordinarias de gestión interna de los órganos y servicios públicos que conforman la Administración del Estado (…)”.[4]

Por último, debemos insistir que, aun cuando existe doctrina y jurisprudencia, que han calificado a las insurrecciones civiles y a las epidemias como de situaciones imprevistas, es muy importante tener claro que la imprevisibilidad deba analizarse a la luz de cada caso en concreto, es decir, de las circunstancias por las cuales ese hecho – pandemia – es la causa inmediata y forzosa de la imposibilidad de cumplir el contrato (permanente o temporalmente), el efecto.

[1] Excma. Corte Suprema, sentencia dictada en la causa rol 6739-2007, 22 de enero de 2009.

[2] Veloso, Paulina, ob.cit. pág.66

[3] Tapia R. Mauricio, “Caso Fortuito o Fuerza Mayor”, Ed. Librotecnia, p. 136.

[4] CGR, 17 de marzo de 2020, Dictamen N° 3.610.

Para que un hecho se calificado de caso fortuito debe ser, además de improvisto, imposible de resistir, es decir, que no sea posible de superar o evitar con mediana diligencia (o con la diligencia que se haya pactado en el contrato, si ello hubiere sido objeto de regulación). Al respecto, el profesor Abeliuk Manasaevich explica que:

“Un hecho es irresistible cuando no es posible evitar sus consecuencias, en términos que ni el agente ni ninguna otra persona colocada en sus mismas circunstancias habría podido hacerlo”.[1]

Entonces, si el suceso es posible de ser superado con mediana diligencia, no puede considerarse que hay caso fortuito si dicha actitud no se adopta. Así, a modo de ejemplo, ofrecemos una sentencia de la Corte de Apelaciones de Concepción, a propósito de una inundación y desbordamiento del canal Papen en Chiguayante, ocurrida en el año 2005, en donde el Tribunal resolvió expresamente que:

“Ha quedado acreditado que el Canal Papen no se encontraba en buen estado de mantención… es posible concluir que si bien se produjeron lluvias considerables los daños producidos a los actores fueron consecuencias de la falta de mantención del Canal Papen”.[2]

Ahora bien, lo que caracteriza al caso fortuito es la imposibilidad total, absoluta, en orden a que ni el deudor ni persona alguna en sus circunstancias y desplegando la diligencia exigible, habría podido impedirlo.

Si la imposibilidad es parcial, el deudor no será responsable en la parte que el cumplimiento se ha hecho imposible, y deberá cumplir el resto. Si la imposibilidad es transitoria, la obligación no se extingue, pues el deudor deberá cumplir una vez que cese la imposibilidad, pero quedará exento de responsabilidad por el retardo.

Útil es hacer presente que en el evento de que existan retrasos previos, en donde el deudor está en mora y luego ocurre un hecho que puede ser calificado de Caso Fortuito o de Fuerza Mayor, el artículo 1547 del Código Civil señala expresamente, en su inciso segundo, que:

“El deudor no es responsable del caso fortuito, a menos que se haya constituido en mora (siendo el caso fortuito de aquellos que no hubieran dañado a la cosa debida, si hubiese sido entregada al acreedor), o que el caso fortuito haya sobrevenido por su culpa”.

Del artículo recién transcrito, se concluye que, si el deudor estaba en mora en el cumplimiento de su obligación, no podrá alegar Caso Fortuito.

[1] Abeliuk Manasevich, René, “Las Obligaciones”, tomo II, Sexta Edición Actualizada, Ed. Thomson Reuters, pág. 972.

[2] Corte de Apelaciones de Concepción, sentencia dictada en la causa Rol 1872-2008, septiembre 2009.

Es importante destacar que el hecho debe ser ajeno a la voluntad de las partes. Así, si hay culpa en la ocurrencia del hecho de quien invoca la causal de exoneración de responsabilidad, evidentemente no se configurará el caso fortuito. Al respecto, el profesor Abeliuk Manasevich ofrece el siguiente ejemplo:

“Por eso se rechazó el caso fortuito alegado por un arrendatario de un incendio en la propiedad arrendada, porque él se produjo durante una fiesta dada por él”.[1]

En definitiva, la presencia de culpa es contrapuesta a la existencia de caso fortuito.

[1] Abeliuk Manasevich, René, ob. cit. pág. 971.

• El caso fortuito o fuerza mayor es excepcional y de aplicación restrictiva;

• Por lo anterior, es carga de acreditarlo de quien lo alega;

• Los requisitos del mismo son la (i) imprevisible; (ii) irresistible; y (iii) ajeno a las partes.

• Especial problema practico importa el análisis de la irresistibilidad y para ello deberá estarse a la diligencia que le era exigible al deudor;

• El análisis del caso fortuito y fuerza mayor se deberá hacer caso a caso, verificando se cumplan los requisitos señalados precedentemente;

• Habrá que tener especial atención en los contratos, si las situaciones de caso fortuito o fuerza mayor se encuentran o no reglados contractualmente;

• La pandemia del Coronavirus sin duda, a priori, configura un hecho imprevisto, de modo tal que el análisis se deberá centrar en si éste imposibilita el cumplimiento de una obligación o si hace irresistible el incumplimiento.

• Finalmente, se deberá verificar si, cumplido los requisitos para que opere el caso fortuito, éste resulta en una extinción de la obligación o sólo suspende su cumplimiento (sin hacer responsable al deudor de la mora).

• Ovalle Irarrázaval, José Ignacio

  jiovalle@bye.cl / +562 23788924

• Solórzano Báez, Patricio

  psolorzano@bye.cl / +562 23788989

• Ruiz-Tagle Ramírez, Oscar

  oruiztagle@bye.cl / +562 23788916

Ordenanza Nº 394 de la Dirección General de Concesiones de fecha 20 de marzo de 2020: “Imparte Instrucciones respecto de Tratamiento de Efectos del COVID-19 en Contratos de Concesión de Obra Pública y Consultorías DGC”.

Se establecen criterios aplicables a contratos de concesión de obra pública y consultorías contratadas por la Dirección General de Concesiones, respecto de aquellas obligaciones cuyo cumplimiento pueda verse afectado por las medidas dispuestas por la autoridad:

1. La situación derivada del COVID-19 presenta las características establecidas en el artículo 45 del Código Civil para atribuirle el carácter de caso fortuito, tal como fue reconocido en el dictamen 3610 del 17 de marzo de 2020 Contraloría General de la República.

2. Los efectos del caso fortuito en el cumplimiento del contrato se deberán determinar en cada caso, debiendo cada concesionario o consultora presentar los antecedentes que acrediten el impacto en el contrato a través del inspector fiscal.

3. La concesionaria o consultora que solicite un aumento de plazo para el cumplimiento de una obligación del contrato, deberá realizar las presentaciones correspondientes conforme a los plazos establecidos en las Bases de Licitación, la Ley de Concesiones de Obras Públicas, su reglamento, el reglamento para la contratación de consultorías y demás normativa aplicable, para lo cual se habilitarán los correspondientes medios electrónicos.

• Balmaceda Jimeno. Nicolás

nbalmaceda@bye.cl +562 23788949

• De la Barra Gili, Francisco 

delabarra@bye.cl/ +562 23788912

El 4 de junio de 2020, el gobierno, con el apoyo de la Comisión del Mercado Financiero, presentó un proyecto de ley que modifica varias disposiciones legales para garantizar el correcto funcionamiento del sistema financiero. Algunas de las principales modificaciones propuestas por el proyecto de ley son: (i) aumentar el rango dentro del cual el Banco Central  puede establecer el límite para la inversión de los Fondos de Pensiones en activos alternativos; y (ii) permitir que los Fondos de Pensiones inviertan en valores de deuda no registrados en el Registro que mantiene la comisión para el mercado financiero, siempre que se cumplan ciertas condiciones.

El 12 de abril, el presidente Sebastián Piñera anunció medidas adicionales al Plan Económico de Emergencia del 19 de marzo. Por medio de éste, el Gobierno asignará recursos adicionales de hasta US$ 5 mil millones, complementando el Plan Económico de Emergencia inicial de hasta US$ 11.7 mil millones –el cual representaba un 4,7% del BIP de Chile, el mayor plan de estímulo económico en la historia del país–.

Con el fin de financiar el Plan Económico de Emergencia, el Gobierno también anunció un recorte de US$ 2 mil millones al presupuesto de la administración pública.

El Plan Histórico de Garantías Estatales contempla la capitalización por hasta US$ 3 mil millones del Fondo de Garantía para Pequeños y Medianos Empresarios (“FOGAPE”) para fortalecer las garantías estatales de los créditos comerciales para empresas con ventas anuales de hasta 1 millón de UF (“Líneas de Garantía COVID-19”), y US$ 2 mil millones para asegurar la protección de ingresos de los trabajadores independientes (“Protección de los empleos e ingresos laborales”).

El 24 de abril, 2020, el Ministerio de Hacienda promulgó el Reglamento de Administración FOGAPE aplicable a las Líneas de Garantía COVID-19 (el “Reglamento”), el que establece los requisitos y condiciones para el acceso a las Líneas de Garantía COVID-19.

El objetivo del Reglamento es generar incentivos para que las instituciones financieras otorguen préstamos de capital de trabajo (“Crédito COVID-19”), respaldados por garantías del FOGAPE (“Garantía COVID-19”), a las ciertas personas y empresas, especialmente PYMES (84% de la fuerza laboral).

De acuerdo al Reglamento, el otorgamiento de Crédito COVID-19 está sujeto a las siguientes condiciones:

• Instituciones financieras elegibles: Los bancos, incluyendo sus filiales, y las cooperativas de ahorro y crédito son elegibles para postular a otorgar Créditos COVID-19. El FOGAPE determinará qué instituciones financieras son elegibles mediante un proceso de licitación.

• Empresas elegibles: Personas naturales o jurídicas cuyas ventas anuales netas de IVA de los bienes, productos o servicios propios de su giro no excedan de 1.000.000 UF (US$ 33.456.000 aprox.).

Las empresas elegibles se clasificarán según el monto de sus ventas anuales netas de IVA, de la siguiente forma:

Para el cálculo del importe neto anual de ventas, se podrá elegir alternativamente uno de los siguientes períodos de 12 meses:

• • 12 meses antes de la fecha de otorgamiento del préstamo;
  • Entre el 1 de octubre de 2018 y el 30 de septiembre de 2019; o
  • El año calendario 2019.

Sin perjuicio de lo anterior, el Reglamento también establece restricciones especiales, de manera que las siguientes empresas no podrán acceder a Créditos COVID-19:

• • Micro y Pequeñas Empresas en mora al 31 de octubre de 2019. No podrá otorgarse Créditos COVID-19 a Micro y Pequeñas Empresas que se hayan encontrado en mora en el sistema bancario por más de 30 días al 31 de octubre de 2019. Dichas restricciones no serán aplicables cuando las Micro y Pequeñas Empresas hayan dejado de estar en mora al momento de solicitar el Crédito COVID-19.
  • Medianas Empresas y Empresas Grandes I y II en mora al 31 de marzo de 2020. No podrá otorgarse Crédito COVID-19 a Medianas Empresas y Empresas Grandes I y II que se hayan encontrado en mora en el sistema bancario por más de 30 días al 31 de marzo de 2020. Dichas restricciones no serán aplicables cuando las Medianas Empresas y Empresas Grandes I y II hayan dejado de estar en mora al momento de solicitar el Crédito COVID-19.
  • Empresas sujetas a reorganización. No podrá otorgarse Crédito COVID-19 a empresas que estén sujetas a alguno de los procedimientos concursales destinados a reorganizar y/o liquidar los pasivos y activos de la empresa.
  • Empresas con clasificación individual de riesgo como cartera deteriorada. No podrán ser otorgados a empresas que se encuentren con clasificación individual de riesgo dentro de las carteras de sus respectivos acreedores, cuando estén clasificadas como cartera deteriorada.

• Destino de los fondos del Crédito COVID-19: Las empresas beneficiarias solo podrán usar los fondos del Crédito COVID-19 para cubrir sus necesidades de capital de trabajo durante la emergencia COVID-19.

De acuerdo al Reglamento, esto incluye el pago de remuneraciones y obligaciones provisionales, arriendos, suministros y facturas pendientes de liquidación, obligaciones fiscales, boletas de garantía, gastos de seguros, gastos asociados al otorgamiento del Crédito COVID-19 y, en general, cualquier otro gasto indispensable para el funcionamiento de las empresas beneficiarias.

El Reglamento prohíbe expresamente emplear estos fondos para:

• • Pagar dividendos, distribuir ganancias y otorgar préstamos a partes relacionadas.
  • Amortizar, pagar por adelantado o refinanciar préstamos actuales o vencidos, ya sea directa o indirectamente.
  • Adquirir activos fijos, con la excepción de los activos esenciales para el funcionamiento de la empresa beneficiaria.

El incumplimiento de la obligación de destinación de fondos para necesidades de capital de trabajo será causal de aceleración y de pago anticipado del respectivo Crédito COVID-19. Asimismo, la beneficiaria que haya incumplido esta obligación no podrá acceder nuevamente a Créditos COVID-19.

Por otra parte, los administradores de empresas que destinen fondos para fines distintos a cubrir necesidades de capital de trabajo podrán estar sujetos a sanciones penales, que en este caso incluyen penas que van desde presidio menor en su grado medio (541 días a 3 años y un día) a presidio menor en su grado máximo (3 años y un día a 5 años).

• Monto máximo del Crédito COVID-19: El monto total del Crédito COVID-19 no deberá exceder los 3 meses de las ventas anuales de la beneficiaria, y se calculará de acuerdo con el siguiente cuadro:

• Cobertura máxima de la Garantía COVID-19: El monto máximo garantizado por la Garantía COVID-19 se determinará de la siguiente manera:

• Tasa de Interés: La tasa de interés nominal máxima para los Créditos COVID-19 es de 3,5% anual, resultado de la suma de la actual Tasa de Interés de Política Monetaria del Banco Central de Chile (0,5%) más un 3%.

• Plazo: Los Créditos COVID-19 se pactarán en cuotas iguales y sucesivas de 24 a 48 meses, incluyendo un período de gracia de 6 meses para el pago de la primera cuota.

• Reprogramación y amortización diferida para préstamos preexistentes: En caso de que la empresa beneficiaria mantenga un crédito comercial vigente en cuotas con la institución financiera, esta última deberá reprogramar dichos créditos al momento de otorgar el Crédito COVID-19.

Dicha reprogramación deberá incluir una postergación de cualquier amortización de capital que venza en los 6 meses siguientes al momento de otorgar el Crédito COVID-19, pudiendo, en todo caso, mantener el cobro de intereses, de acuerdo a las mismas condiciones originalmente pactadas en el crédito postergado.

El Gobierno creará un fondo de hasta US$ 2 mil millones (0,8% del PIB) para apoyar la protección de los ingresos de trabajadores independientes. Este grupo social es considerado el más vulnerable por el Gobierno ya que, debido a informalidad de los servicios que prestan, no están dentro del espectro de protección del seguro de desempleo.

Dentro de las medidas para enfrentar las consecuencias de la propagación del virus Covid-19, incluidas en el plan económico anunciado por el Gobierno de Chile el 19 de marzo, está la reducción transitoria de la tasa del Impuesto de Timbres y Estampillas (“ITE”). Esta medida fue incluida en la Ley N° 21.225 (la “Ley Covid-19”), publicada en el Diario Oficial con fecha 2 de abril de 2020.

El artículo tercero de la Ley Covid-19 establece lo siguiente:

• Se disminuyen transitoriamente a 0 las tasas de ITE[1][2] respecto de los impuestos que se devenguen entre el 1 de abril de 2020 hasta el 30 de septiembre del mismo año, ambas fechas inclusive.

• Tratándose de las líneas de emisión de bonos o de títulos de deuda de corto plazo, cuya primera colocación se realice dentro del período comprendido entre el 1 de abril de 2020 y el 30 de septiembre del mismo año, no obstante aplicarse la tasa reducida del 0% por las colocaciones efectuadas en este período, mantendrán la determinación del ITE aplicable respecto de las colocaciones posteriores acogidas a la línea, hasta completar la tasa máxima, actualmente de 0,8%.

• Por su parte, para efectos del cálculo del ITE que correspondería aplicar a las operaciones de refinanciamiento que cumplan los requisitos del artículo 24 N° 17 de la Ley de ITE, las operaciones o documentos objeto del refinanciamiento cuyos impuestos se hayan devengado en el período comprendido entre el 1 de abril de 2020 y el 30 de septiembre del mismo año con la tasa reducida del 0%, se considerará que dichas operaciones o documentos fueron afectadas por las tasas de ITE que habría correspondido aplicar sin la reducción transitoria.

• Finalmente, se establece que en caso que la Ley Covid-19 hubiese sido publicada en el Diario Oficial con posterioridad al 1 de abril de 2020, no procederá el cobro del ITE, interés y multas asociados devengados en el período intermedio. Para estos efectos, se agrega que en caso que se haya pagado ITE por documentos suscritos a partir del 1 de abril de 2020 con anterioridad a la fecha de la publicación de la Ley Covid-19, procederá su devolución de acuerdo al procedimiento general establecido en el Código Tributario[3][4].

[1] Actualmente, las tasas de ITE establecidas para pagarés, letras de cambio y cualquier documento en que conste una operación de crédito de dinero, son las siguientes:

1. 0,066% sobre el monto del capital de la deuda por cada mes o fracción de mes entre la emisión y el vencimiento del mismo, con un máximo de 0,8%; y,
2. 0,332% tratándose de documentos que contengan operaciones de crédito a la vista o sin plazo de vencimiento.

[2] La disminución transitoria también aplica para las prórrogas o renovaciones de los documentos respectivos y los documentos suscritos para efectuar importaciones o ingreso de mercaderías desde zonas francas bajo un sistema de pago diferido.

[3] Para obtener la devolución deberá acreditarse, ante el Servicio de Impuestos Internos, que se trata de operaciones o documentos respecto de los cuales procede la reducción transitoria de la tasa de ITE a un 0% y, en caso que dicho organismo lo requiera, el hecho de haber restituido los montos pagados por el deudor al acreedor por este concepto, si procediera.

^[4] Al haberse publicado la Ley Covid-19 en el Diario Oficial con fecha 2 de abril de 2020, esta disposición sólo aplicaría teóricamente para documentos otorgados con fecha 1 de abril de 2020.

La Ley 19.799 sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación (en adelante la “Ley”), y su respectivo reglamento, regulan aquellas materias relacionadas con:

1. Documentos electrónicos y sus efectos legales;
2. El uso de firmas electrónicas en estos documentos;
3. La provisión de servicios de certificación de estas firmas; y
4. Procedimientos de acreditación de los proveedores de estos servicios de certificación, con el propósito de garantizar el uso adecuado de estas.

Cabe señalar que dichas actividades y la interpretación que se hace de la Ley, de acuerdo a lo dispuesto anteriormente, se encuentran sujetas a los principios de libertad de prestación de servicios, libre competencia, neutralidad tecnológica, compatibilidad internacional y equivalencia del soporte electrónico al soporte de papel.

1. Firma electrónica: Cualquier sonido, símbolo o proceso electrónico, que permite al receptor de un documento electrónico identificar al menos formalmente a su autor.

2. Firma electrónica avanzada: Aquella firma electrónica certificada por un prestador acreditado, que ha sido creada usando medios que el titular mantiene bajo su exclusivo control, de manera que se vincule únicamente al mismo y a los datos a los que se refiere, permitiendo la detección posterior de cualquier modificación, verificando la identidad del titular e impidiendo que desconozca la integridad del documento y su autoría.[1]

3. Certificado de firma electrónica: Certificación electrónica que da fe del vínculo entre el firmante o titular del certificado y los datos de creación de la firma electrónica.

4. Certificador o prestador de servicios de certificación: Entidad prestadora de servicios de certificación de firmas electrónicas. Estas son, de acuerdo con la Ley, personas jurídicas nacionales o extranjeras, públicas o privadas, que otorguen certificados de firma electrónica, sin perjuicio de los demás servicios que puedan realizar.

5. Documento electrónico: Toda representación de un hecho, imagen o idea que sea creada, enviada, comunicada o recibida por medios electrónicos y almacenada de un modo idóneo para permitir su uso posterior.
   

   ---

[1] Chile. Ley 19.799. Artículo 2 letra g. Véase en https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=196640

La Ley establece que todo acto o contrato suscrito por una persona natural o jurídica por medio de firma electrónica será válido de la misma manera y producirá los mismos efectos que aquellos actos celebrados por escrito y cuyo soporte sea en papel.

De esta manera, la firma electrónica, cualquiera sea su naturaleza, se mirará como firma manuscrita para todos los efectos legales, por lo que cualquier contrato que no sea de aquellos que esta u otra ley expresamente excluya, puede ser suscrito de manera electrónica.

No obstante, lo anterior, la norma establece que los siguientes contratos sólo podrán ser suscritos por medio de firma manuscrita, quedando exceptuados de la posibilidad de utilizar firma electrónica:

1. Aquellos en que la ley exige una solemnidad que no sea susceptible de cumplirse mediante documento electrónico;
2. Aquellos en que la ley requiera la concurrencia personal de alguna de las partes; y
3. Aquellos relativos al derecho de familia.

Sumado a lo anterior, los documentos electrónicos que ostenten la calidad de instrumento público deben ser suscritos siempre mediante firma electrónica avanzada.

Para implementar una firma electrónica avanzada es necesario contratar a cualquier prestador de servicios de certificación, con la finalidad de obtener los respectivos certificados de la firma electrónica. Estas empresas de certificación requieren la acreditación de la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño.

Es necesario mencionar que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 14 de la Ley, las empresas de certificación deben cumplir, entre otros, con los siguientes requisitos:

1. Las empresas de certificación de firma electrónica deberán contratar y mantener un seguro, que cubra su eventual responsabilidad civil, por un monto equivalente a cinco mil unidades de fomento, como mínimo, tanto por los certificados propios como por aquellos homologados.
2. Las empresas de certificación serán responsables de los daños y perjuicios que ocasionen por la certificación u homologación de certificados de firmas electrónicas.
3. El certificado de firma electrónica provisto por una entidad certificadora podrá establecer límites en cuanto a sus posibles usos, siempre y cuando los límites sean reconocibles por terceros. El proveedor de servicios de certificación quedará eximido de responsabilidad por los daños y perjuicios causados por el uso que exceda de los límites indicados en el certificado.
4. En ningún caso la responsabilidad que pueda emanar de una certificación efectuada por un prestador privado acreditado comprometerá la responsabilidad pecuniaria del Estado.

A continuación, exponemos brevemente algunos de los derechos de los cuales los usuarios de estas firmas son titulares:

1. A ser informado por el prestador de servicios de certificación, de las características generales de los procedimientos de creación y de verificación de firma electrónica;
2. A la confidencialidad en la información proporcionada a los prestadores de servicios de certificación;
3. A ser informado, previa emisión de un certificado, del precio de los servicios de certificación, incluyendo cargos adicionales y formas de pago;

4. A ser informado, al menos con dos meses de anticipación, por los prestadores de servicios de certificación, del cese de su actividad, para satisfacer propósitos de seguridad y oposición en materias de traspaso de datos;

5. A ser informado inmediatamente de la cancelación de la inscripción en el registro de prestadores acreditados, para satisfacer propósitos de seguridad y oposición en materias de traspaso de datos;

6. A traspasar sus datos a otro prestador de servicios de certificación;
7. A acceder, por medios electrónicos, al registro de prestadores acreditados que mantendrá la Entidad Acreditadora; y

8. A ser indemnizado y hacer valer los seguros comprometidos, cuando sean víctimas de daños imputables al prestador.

Según establece el artículo 23 de la Ley y el artículo 38 de su reglamento, los usuarios podrán ejercer los derechos señalados precedentemente en conformidad con el procedimiento establecido en la Ley 19.496 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, salvo en lo que diga relación con el derecho a ser indemnizado y hacer valer los seguros comprometidos, situación en la cual se regirá por el derecho común, en especial teniendo en cuenta las normas contenidas en el Código Civil sobre responsabilidad contractual.

A su vez, los usuarios cuentan con las siguientes obligaciones:

1. Al momento de proporcionar los datos de su identidad personal u otras circunstancias objeto de certificación, los usuarios de los certificados de firma electrónica quedarán obligados a brindar declaraciones exactas y completas; y

2. Estarán obligados a custodiar adecuadamente los mecanismos de seguridad del funcionamiento del sistema de certificación que les proporcione el certificador, y a actualizar sus datos en la medida que éstos vayan cambiando.

Con fecha 13 de febrero de 2020, la Comisión para el Mercado Financiero evacuó la Norma de Carácter General N° 434, la cual autoriza a las sociedades anónimas fiscalizadas por esa Comisión, a suscribir las actas de sesiones de directorio mediante firma electrónica.

En la referida normativa, se establece que, para efectos de que se pueda comprobar la identidad del director que suscribió electrónicamente el acta, en aquellos casos que no se emplee firma electrónica avanzada, el directorio de la sociedad debe previamente acordar los sonidos, símbolos o procesos electrónicos que se empleen para dicho efecto.

Asimismo, con fecha 18 de marzo de 2020, la CMF evacuó el Oficio Circular N° 1141, en virtud de la cual se autoriza a todas las sociedades anónimas abiertas y sociedades anónimas especiales sujetas a autorización de existencia de esa Comisión, a implementar mecanismos que permitan la participación y voto a distancia, aunque éstos no hayan sido contemplados en sus estatutos sociales, siempre y cuando se dé cumplimiento a las disposiciones reguladas por dicha Comisión.

Con el objeto de facilitar el uso de medios tecnológicos y mecanismos remotos para ciertas entidades sujetas a su supervisión y en el contexto de la expansión del virus Covid-19, declarado pandemia mundial, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) dictó con fecha 18 de marzo del presente año las siguientes disposiciones:

(i) Norma de Carácter General N° 435 (“NCG 435”), que regula mecanismos de participación y votación a distancia para juntas de accionistas, juntas de tenedores de bonos y asambleas de aportantes de fondos;

(ii) Oficio Circular N° 1.141 (“OC 1.141”), el cual se refiere a ciertos aspectos prácticos respecto de lo dispuesto por la NCG 435.
Para mayor información lo invitamos a revisar los siguientes documentos:

• Informe B&E
• Norma de Carácter General 435
• Oficio Circular Nº1141

Letelier Herrera, Luis Alberto
lletelier@bye.cl / +562 23788987
Barros Tocornal, Cristián
cbarros@bye.cl / +562 23788912
Barros Echeverría, Víctor
vbarros@bye.cl / +562 24344368
Díaz Velásquez, Javier
jdiaz@bye.cl / +562 23788924
Schmidt Canessa, Juan Cristóbal
jschmidt@bye.cl / +562 23788987

Les comunicamos que el martes 14 de abril el gobierno anunció el levantamiento de la cuarentena total en la comuna de Las Condes, lugar donde se ubican nuestras oficinas. En este contexto, habilitamos la recepción del piso 10, para temas fundamentales.

Con el fin de resguardar la salud de nuestro equipo, mantendremos la modalidad de teletrabajo, sin embargo, cabe destacar que -fuera de esa medida- el Estudio sigue en funcionamiento normal, por medio de sistemas remotos y, estamos disponibles telefónicamente en caso de que necesiten contactarnos.

Considerando el continuo escenario de revisión gubernamental de la expansión de la pandemia Covid-19 y el cambio y aumento de comunas decretadas bajo cuarentena, consideramos oportuno sintetizar los procedimientos que se requieren como empresa para permitir el traslado de los trabajadores desde o hacia comunas en cuarentena.

Al respecto, hay que tener en cuenta que solo pueden seguir funcionando dentro de las comunas decretadas en cuarentena, aquellas actividades que han sido exceptuadas del acto de autoridad y que para estos efectos denominaremos “empresas esenciales”.

Dicho lo anterior, a continuación se revisa en formato de preguntas y respuestas, lo siguiente:

¿Cuándo aplica?

Cuando es necesario circular durante el horario de toque de queda que rige desde el 22 de marzo a nivel nacional entre las 22:00 y 05:00 horas, según Resolución Exenta N° 202 dictada por el Ministerio de Salud.

¿Qué empresas califican?

• La empresa debe pertenecer a alguna de las categorías que se individualizan en el punto 2 del Instructivo de Salvoconductos[1] y que se identifican con actividades imprescindibles para garantizar la prestación de servicios de utilidad pública o la atención de necesidades básicas de la población.
• El listado concreto consta en el “Instructivo salvoconducto”[2] publicado en diversos sitios oficiales, como por ejemplo en: https://www.gob.cl/coronavirus/documentos/
• Nota: este listado de actividades es más amplio que el que se establece para los permisos de desplazamiento durante cuarentena.

¿Qué hacer en caso de duda respecto a si la actividad de la empresa califica?

• En el instructivo se contempla una opción abierta que señala: “ Otros servicios considerados críticos por la autoridad.”
• Por lo anterior, en nuestra opinión, la empresa debe elevar explícitamente una solicitud a la autoridad respectiva, explicando los motivos por los cuales la actividad debe calificar como “esencial”, pidiendo la confirmación por parte de la autoridad.

¿Dónde se tramita?

• A través de la página web virtual@carabineros.cl o presencialmente en una comisaría.
• Lo pueden gestionar un máximo de 4 personas de la empresa, previo registro en la web para realizar el trámite.
• El permiso debe acotarse únicamente al personal necesario para aquellas funciones, tareas, procesos o áreas de gestión o servicio de la organización que no pueden suspenderse por resultar imprescindibles para garantizar la prestación de servicios de utilidad pública o la atención de necesidades básicas de la población.

¿Cómo opera?

Una vez que se obtiene el salvoconducto debe enviarse a todos los trabajadores respecto a los que se haya solicitado para que puedan exhibirlo en soporte físico o digital.

¿Cuál es su vigencia?

Rige para todo el territorio nacional por 15 días.

[1] Se hace presente que en el instructivo se regulan también otros tipo de salvoconductos, individuales, o para rubros específicos como personal de emergencia y transporte.

[2] A. Suministro de energía y centrales de operaciones (generación, transmisión, almacenamiento y distribución); B. Suministro de agua potable y centrales de operaciones; C. Suministro de gas, centrales de operaciones y cuadrillas de emergencia; D. Estaciones de servicio y distribuidoras de combustible; E. Reactores nucleares; F. Bancos e instituciones financieras, cajas de compensación y transporte de valores.; G. Servicios funerarias y cementerios; H. Telecomunicaciones, data center y centrales de operaciones; I. Supermercados, mercados, centros de abastecimiento, distribución y producción; J. Ferias. Los feriantes podrán tramitar su salvoconducto ya sea en la comisaria virtual: adjuntando al correo electrónico su patente munici­pal (o permiso alcaldicio) más su cédula de identidad. O bien, de ma­nera presencial en dependencias de Carabineros de Chile, exhibiendo ambos documentos; K. Almacenes de barrio, panaderías, locales de expendio de alimentos, ferreterías y otros insumos básicos; L. Farmacias; M. Laboratorios, empresas químicas y productores de medicamentos; N. Distribuidores de diarios y periódicos; O. Empresas agro alimentos, productores silvícolas y agrícolas, res­pecto de los predios y faenas en los que se estén realizando procesos críticos (siembra, cosecha, procesamiento y distribución), así como labores de pesca y procesamiento de pescados y mariscos, producción de alimentos para animales, aves y pisicultura y producción de celulo­sa y productos de papel, cartón y derivados; P. Medios de comunicación (Canales de TV, prensa escrita, radio y medios de comunicación online); Q. Funcionarios y servidores públicos sin credencial; R. Correos; S. Servicios veterinarios; T. Empresas de Minería y relacionadas; U. Empresa recolectora de basura y relleno sanitarios; V. Empresas de seguridad, recursos tecnológicos y relacionadas sin credencial de la OS10; W. Otros servicios considerados críticos por la autoridad.

¿Cuándo aplican?

Cuando es necesario el desplazamiento en zonas de cuarentena territorial y cordones sanitarios.

¿Qué empresas califican?

• La empresa debe pertenecer a alguna de las categorías que se individualizan en el “Instructivo de Permisos De Desplazamiento” y que se identifican con los siguientes rubros “esenciales”: i) Salud, (ii) Emergencias, (iii) Servicios de Utilidad Pública, (iv) Sector Público, (v) Alimentos y comercio esencial, (vi) Transporte, (vii) Seguridad, (viii) Prensa, (ix) Educación, (x) Otros.
• El listado concreto consta en el Instructivo publicado en diversos sitios oficiales, como por ejemplo en https://www.gob.cl/coronavirus/documentos/
• Nota: este listado de actividades es más restringido que el que se establece para los salvoconductos durante toque de queda.

¿Qué se requiere para poder desplazarse?

• Solo es necesario tener el respaldo respecto a que el trabajador cumple funciones en una empresa de aquellas de las señaladas en el instructivo.
• Lo anterior puede acreditarse con:

• • Credencial institucional, pública o privada,
  • Un documento institucional que acredite su calidad de trabajador del rubro específico (por ejemplo generando un certificado por el empleador).
  • En todos los casos, con su respectiva cédula nacional de identidad.

¿Qué hacer en caso de duda respecto a si la actividad de la empresa califica?

• En el instructivo se contempla en el punto 10 letra b) una opción abierta que señala: “Actividades que por su naturaleza no pueden detenerse y cuya interrupción genera una alteración para el funcionamiento del país, debidamente determinado por la autoridad competente”.
• Por lo anterior, en nuestra opinión, la empresa debe elevar explícitamente una solicitud a la autoridad respectiva, explicando los motivos por los cuales la actividad debe calificar como “esencial”, pidiendo la confirmación por parte de la autoridad.

• Con fecha 4 de mayo de 2020, el Ministerio de Minería emitió “Instrucciones Para Solicitud de Autorización De Desplazamiento” aplicable a dicha industria, actualizando el protocolo que se había dictado el 30 de marzo de 2020.
• Lo anterior, con el objeto de sistematizar la información de las empresas mineras y sus contratistas y proveedores, para la aplicación del numeral 10.b del Instructivo para permisos de Desplazamiento.
• En este marco el propio Ministerio de Minería preparó el archivo Excel que debe ser completado en cada solicitud, sin que se procesen aquellas enviadas en formato distinto.

¿Cuándo puede solicitarse?

• Cuando actualmente:

1. • Las faenas mineras se encuentren en comunas en cuarentena o con cordones sanitarios;
   • Los trabajadores estén domiciliados en comunas en cuarentena o con cordones sanitarios, y/o
   • Los trabajadores para llegar a sus puestos de trabajo deban atravesar comunas en cuarentena o con cordones sanitarios.

¿Quién realiza la solicitud?

De acuerdo al protocolo, cada empresa minera incorporando también y en su caso, la solicitud de los respectivos contratistas y proveedores.

 ¿Cómo y a quién se envía?

Por correo electrónico al subsecretario de Minería (rirarrazabal@minmineria.cl), con copia a su jefe de gabinete, Jaime Flores (jflores@minmineria.cl) y a la jefa de la División Jurídica del Ministerio de Minería, María Luisa Baltra (mlbaltra@minmineria.cl).

¿Qué se requiere incorporar en la solicitud?

• En una única hoja incorporar la siguiente información:
  • Nombre de la sociedad (empresa minera, empresas contratistas y proveedores).
  • Rut de la sociedad(es).
  • Dirección de las dependencias donde se ejecutarán las labores de los trabajadores autorizados.
• A su vez, debe incluirse la siguiente información:
  • Nombre, Rut, domicilio y comuna respecto de los trabajadores cuya autorización de permiso se está solicitando (en la planilla Excel preparada por el Ministerio de Minería).
  • Dotación de la empresa y cuánto reducirá (%) dicha dotación para una continuidad operacional mínima (tanto de la empresa minera, como los contratistas y proveedores)
  • De ser el caso, justificar el motivo por el cual se incluye en el listado a trabajadores que no presten servicios en faenas ubicadas en comunas en cuarentena, o con cordones sanitarios, o que no estén domiciliados en comunas en cuarentena o con cordones sanitarios; y
  • En el caso de que se esté solicitando autorización para el desplazamiento de trabajadores dentro o hacia la Región de Antofagasta, deberá explícitamente señalarse dicha situación

¿Cuánto dura la tramitación?

Las solicitudes se tramitan por regla general en 72 horas, o si hay una solicitud fundada, mínimo en 48 horas.

• El Ministerio de Salud ha dispuesto en las distintas Resoluciones Exentas publicadas en el Diario Oficial[1] sobre “Medidas Sanitarias Por Brote Covid-19” lo siguiente: el “incumplimiento de las medidas impuestas por la autoridad en virtud de esta resolución y las resoluciones señaladas en el numeral anterior serán fiscalizadas y sancionadas según lo dispuesto en el Libro X del Código Sanitario, así como en lo dispuesto en el Código Penal, cuando corresponda”.

• Al respecto, el Código Sanitario establece en el artículo 174 la posibilidad de aplicar las siguientes sanciones:
  • Multas que van de 0,1 UTM a 1000 UTM;
  • Además, posibilidad de clausura del establecimiento, cancelación autorización de funcionamiento, paralización de la obra o faena.

• Y en el Código Penal, en nuestra opinión, la siguientes disposiciones pueden ser aplicables:
• • “Artículo 210. El que ante la autoridad o sus agentes perjurare o diere falso testimonio en materia que no sea contenciosa, sufrirá las penas de presidio menor en sus grados mínimo a medio y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales”

1. • “Artículo 318°: El que pusiere en peligro la salud pública por infracción de las reglas higiénicas o de salubridad, debidamente publicadas por la autoridad, en tiempo de catástrofe, epidemia o contagio, será penado con presidio menor en su grado mínimo o multa de seis a veinte unidades tributarias mensuales.”

[1] Por ejemplo desde la N° 202 de 22 de marzo de 2020 a las N° 326 de 3 de mayo de 2020.

El Presidente Sebastián Piñera junto al Ministro de Hacienda Ignacio Briones anunciaron el día 8 de abril nuevas medidas económicas para proteger los ingresos y el trabajo de las familias chilenas por un
monto de $5.000 millones de dólares. Estas medidas se suman a las anunciadas el pasado 19 de
marzo y en que se comprometieron recursos fiscales por hasta $11.750 millones de dólares.

El Paquete económico anunciado por el Gobierno en el pasado 19 de marzo se suma a los
esfuerzos del Banco Central y la Comisión para el Mercado Financiero para enfrentar la
emergencia económica causada por el Coronavirus.

Medidas del Banco Central: anunció una serie de medidas de financiamiento y liquidez
para el mercado financiero. Como complemento a la baja en la Tasa de Política Monetaria
durante el último mes desde 1,75% a 0,5%, el Banco abrió una facilidad de financiamiento
condicional al incremento de colocaciones (FCIC) y un programa de compra de bonos
bancarios por US $8.000 millones, entre otras medidas.

Medidas de la Comisión para el Mercado Financiero: anunció flexibilidades en la
constitución de provisiones por parte de los bancos, facilitando la postergación de hasta 6
cuotas de créditos hipotecarios y de consumo para personas y Pymes. Asimismo, la CMF
aplazó en un año las nuevas exigencias de capital exigidas de Basilea III.

Medidas del Gobierno: anunció un plan económico de Emergencia que compromete recursos por $ 11.750 millones de dólares. El plan tiene como foco proteger los empleos e ingresos de las familias, así como entregar liquidez a las Pymes:

1. Una Ley de Protección al Empleo, ya aprobada por el Congreso, que protegerá a 4,7
millones de trabajadores permitiéndoles acceder a los beneficios del seguro de cesantía en
distintas circunstancias e impidiendo los despidos por fuerza mayor.
2.  Un bono de apoyo a los ingresos familiares, aprobado por el Congreso, que entregará
2.832.472 aportes de $50.000 pesos a los sectores más vulnerables del país.
3. Un nuevo aporte de capital de US $500 millones para BancoEstado, aprobado por el
Congreso.
4. La disminución a 0% del impuesto de timbres y estampillas por 6 meses, aprobado por el
Congreso.
5. Una serie de medidas para aportarle liquidez al Fisco, ya aprobadas por el Congreso.

• Se suspende para los años 2020 y 2021 el aporte al fondo de reserva de pensiones, equivalente a un 0,2% del PIB.
• Autorización para endeudarse por hasta US $4.000 millones.
• “Economía de guerra”: se instruye a todas las reparticiones públicas a transferir los recursos de sus cuentas a la cuenta única fiscal.
• Se posterga en 24 meses el Mecanismo de Financiamiento de las capacidades Estratégicas de la Defensa Nacional.

6. Un conjunto de medidas tributarias, ya decretadas por el Presidente de la República:

• Suspensión de los pagos provisionales mensuales (PPM) del impuesto a la renta
  de empresas por los próximos 3 meses. Comienza en abril.
  § Postergación del pago del IVA de los próximos 3 meses para todas las empresas con ventas menores a UF 350.000. Comienza en abril.
• Anticipación de la devolución de impuesto a la renta que corresponde a las Pymes
  y a los independientes. Comienza con operación renta 2020.
• Devolución de la retención de impuestos de enero y febrero 2020 para trabajadores independientes. Comienza con operación renta 2020.
• Postergación hasta julio de 2020 del pago de impuesto a la renta de las Pymes de
  acuerdo a lo que declaren en la operación renta de abril próximo. Comienza con
  operación renta 2020.
• Postergación pago de contribuciones de abril para empresas con ventas inferiores
  a 350.000 UF y para personas con propiedades con avalúo fiscal inferior a $133
  millones. Comienza con contribución de abril.
• Medidas de alivio para el tratamiento de deudas tributarias con la Tesorería
  General de la República focalizadas en las Pymes y personas de menores ingresos. Comienza en abril.

7. Todos los gastos de las empresas asociados a enfrentar la contingencia sanitaria serán aceptados como gasto tributario.

• Se otorgarán mayores flexibilidades en los plazos para presentar declaraciones juradas asociadas a la operación renta de este año.
• La aceleración de pagos a proveedores del Estado, que permitirá pagar al contado todas las facturas emitidas al Estado y pendientes de pago, generando liquidez inmediata por US$1.000 millones de dólares aprox. A su vez, toda factura que se emita en adelante al Estadoserá pagada antes de 30 días (US$ 500 millones de dólares mensuales). Esta es la primera etapa de la agenda pago centralizado y se implementará a principios de abril.

8. Se creará un Fondo Solidario Municipal de US$ 100 millones de dólares destinado a atender emergencias sociales derivadas de las caídas de ventas del micro comercio local.

El anuncio incorpora medidas en dos áreas:

– Protección de la Actividad Económica

– Protección de los Ingresos

1. Plan Protección de la Actividad Económica
Consiste en un potente plan de garantías por hasta US$ 3.000 millones para movilizar el crédito para empresas con ventas anuales de hasta 1 millón de UF. Este grupo corresponde al 99,8% de las empresas y el 84% del empleo.

Objetivo: Entregar liquidez a las empresas para que puedan cubrir sus necesidades de capital de trabajo durante esta emergencia, lo que incluye pago de salarios, arriendos, suministros y otros. Es importante evitar que el shock transitorio provocado por la emergencia sanitaria del Covid-19 genere efectos más duraderos en la economía. Esto, evitando que el efecto de un problema temporal de liquidez de las empresas se transforme en un problema más permanente producto de la falta de crédito.

Cómo se materializa este apoyo: A través del Fondo de Garantía de Pequeños Empresarios (FOGAPE), institucionalidad existente, que se encuentra operativa y es conocida. La medida consiste en ampliar
fuertemente el FOGAPE, tanto en su magnitud como alcance.
Para esto, el FOGAPE se potenciará con una ampliación de las garantías estatales en hasta US$ 3.000 millones, permitiendo ahora financiar a empresas de hasta 1 millón de UF de ventas anuales (hoy es hasta
350 mil UF).
Esto implica aumentar los recursos de este fondo permitiendo otorgar créditos garantizados por unos
US$24.000 millones, casi 10% del PIB. Esto es lo más grande que se ha hecho en este plano.

Esta nueva modalidad contempla:

• Proveer créditos de capital de trabajo equivalente a 3 meses de ventas para las empresas
  elegibles.
• Aumentar la cobertura de las garantías actuales hasta porcentajes que van entre 60 y 85% del monto del crédito. La cobertura será decreciente según el tamaño de las empresas.
• En forma adicional, los bancos participantes postergarán cuotas o vencimientos de las deudas preexistentes
  para aliviar la carga financiera de las empresas y maximizar la inyección de recursos frescos a la economía.
  Estas medidas han sido coordinadas con el Banco Central de Chile y la CMF para maximizar su impacto en la disponibilidad de crédito y capital de trabajo para las empresas.

2. Plan protección de los ingresos
Consiste en la creación de un fondo para la protección de los ingresos de los más vulnerables.

Objetivo: Entregar una necesaria señal de tranquilidad a la población más vulnerable de que el Gobierno
estará presente para ayudar cada vez que sea necesario.

Cómo se materializa:

• Se trata de un fondo de hasta US$ 2.000 millones (equivalente a 0,8% PIB), que opera con un
  esquema similar al 2% constitucional. El fondo se financiará con reasignaciones por similar monto.
• Beneficiará a cerca de 3 millones de personas.
  – Su uso será flexible, a medida que la situación lo requiera y dependiendo del contexto, otorgando
  así flexibilidad al Fisco para responder a las necesidades de acuerdo a la evolución de la crisis
  sanitaria.
• Esto presenta beneficios ya que permite tener un margen de acción variable según la realidad de
  las personas en determinados momentos de la pandemia.

3. Otras medidas

• Incorporación de Entidades de Contraparte Central y Cooperativas de Ahorro y Crédito que
  cumplan con estándares de regulación y supervisión a las facilidades de liquidez del Banco Central.
• Esta iniciativa amplía el espectro de acción del Banco Central a entidades no bancarias. Con ello,
  el BCCh podrá elevar su efectividad en su función esencial de velar por la continuidad de los
  sistemas de pago, adecuando su operación a los cambios en los mercados financieros en Chile y el resto del mundo, cada vez más complejos e interconectados.

4. Costo y financiamiento de las medidas

• El Plan de Protección de la Actividad Económica moviliza recursos por US$ 3.000 millones, que apalancarán mayor crédito para la economía por un monto significativamente mayor.
• El Plan de Protección de los Ingresos moviliza recursos por US$ 2.000 millones.
  Total: US$ 5.000 millones, de los cuales US$2.000 será gasto financiado con reasignaciones
  presupuestarias.

• Publicación Diario Oficial – Modifica el Código del Trabajo en Materia de Trabajo a Distancia (26/03/2020)

• Publicación Diario Oficial – Reforma Constitucional que Autoriza al Congreso Nacional a Sesionar por Medios Telemáticos en los Casos que Indica (26/03/2020)

• Publicación Diario Oficial – Cierre de Fronteras (17.03.2020)

• Publicación Diario Oficial – Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe (18.03.2020)

• Ley que Modifica el Código del Trabajo en materia de Trabajo a Distancia (26.03.2020)

• Dictamen Dirección del Trabajo N° 1239-05 (19.03.2020)
  

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• Dictamen Dirección del Trabajo Nº 4604-112 (06.03.2020)

Protocolo de limpieza y desinfección de ambientes (03.2020)

• Oficio Circular Nº1142 (24.03.2020)
  

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• Norma de Carácter General 435 (18.03.2020)

• Resolución Exenta No. 548 (30.03.2020)
  

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• Resolución Exenta No.188 (25.03.2020)

• Resolución Exenta Nº548 (30/03/2020)
  Materia: Se suspenden los plazos de procedimientos sancionatorios hasta el día 7 de abril, inclusive, sin perjuicio de las renovaciones que procedan.

• Resolución Exenta Nº497 (19/03/2020)
  Materia: Los titulares de RCA deben hacer un reporte semanal sobre la condición operacional de su proyecto o actividad.

• Resolución Exenta Nº490 (18/03/2020)
  Materia: Dispone oficina de partes electrónica.

• Medida Provisional de Suspensión de Plazos Proyectos PAC (25/03/2020)

• Oficina de Partes Electrónica (25/03/2020)

Es importante aclarar que los permisos temporales y los salvoconductos son diferentes. Para acceder a éstos se debe ingresar a Comisaría Virtual, ingresando su clave única del Registro Civil. En caso de no tenerla, desde el jueves 26 de marzo, podrán solicitar los documentos con su cédula de identidad y el número verificador que tiene ésta, ingresando al mismo sitio.

Tipos de permisos y salvoconductos

1. Permiso Temporal Individual – Asistencia a establecimientos de salud: Autorizaciones temporales para asistencia a centros, servicios y establecimientos de Salud por hora concertada con anterioridad o para efectuar el proceso de vacunación. Podrá incorporar a un acompañante inscribiéndolo con nombre completo y RUT. Permiso con vigencia por 24 horas.
   

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2. Permiso Temporal Individual – Compras insumos básicos:
   Autorizaciones temporales para asistir a farmacias, supermercados, mercados y/o lugares de venta de insumos básicos, ya sea para la compra de alimentos, medicamentos y/o insumos básicos. Permiso con vigencia por 04 horas. No válido en horario de toque de queda.

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3. Permiso Temporal Individual – Salida de personas con espectro autista: Autorizaciones temporales para realizar salidas con personas que presentan trastornos del espectro autista. El cuidador o acompañante deberá solicitar el permiso. Será válido por 2 horas desde su emisión.
   Permiso Temporal Individual – Pago de Servicios Básicos
   Autorizaciones temporales para realizar pagos, gestiones en Bancos, Cooperativas de Ahorro y Crédito u otras Instituciones Financieras, servicios básicos, gestiones en Notarías y/o cobros de pensiones. Permiso con vigencia por 04 horas. No será válido en horario de toque de queda.

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4. Permiso Temporal Individual – Retorno a residencia habitual: Autorizaciones temporales para retornar al lugar de residencia habitual. Este permiso tendrá una validez de 24 horas. Deberá realizar CUARENTENA OBLIGATORIA por 14 DÍAS al retornar.
   

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5. Permiso Temporal Individual – Asistencia a funeral familiar directo: Autorización temporal para asistir a funerales de familiar directo. Permiso con vigencia por 05 horas si reside en la misma región del funeral y 24 horas si el funeral es en otra región.
   

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6. Permiso Temporal Individual – Retiro de alimentos desde organismos públicos: Autorizaciones temporales para realizar el retiro de alimentos desde organismos públicos, tales como JUNAEB u otros. Este permiso tendrá una validez de 06 horas.
   

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7. Permiso Temporal Individual – Comparecencia a una citación en virtud de la Ley: Autorizaciones temporales para comparecer a una citación a la que un abogado u otra persona deba concurrir en virtud de la Ley. Permiso con vigencia hasta que se cumpla la gestión.
   

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8. Salvoconducto Colectivo – Empresas Básicas: Herramienta que permitirá los desplazamientos necesarios para el cumplimiento de las funciones de los empleados y funcionarios de empresas de servicios públicos y utilidad pública (incluidos los traslados entre su lugar de residencia y el de trabajo) Para que puedan solicitar el documento se le pide al representante legal de las empresas/institución requerir el permiso, individualizando (nombre completo y RUT) a todos los empleados, el cuál tendrá una vigencia de 15 días. La solicitud debe acotarse únicamente al personal necesario para aquellas funciones, tareas, procesos o áreas de gestión o servicio de la organización que no pueden suspenderse por resultar imprescindibles para garantizar el servicio.
   

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9. Salvoconducto individual – Trámites funerarios familiar directo: Herramienta disponible para toda la ciudadanía, en la cual podrá solicitar autorización temporal para realizar trámites funerarios de familiares directos. Permiso con vigencia por 04 horas si reside en la misma región del funeral y 24 horas si el funeral es en otra región.
   

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10. Salvoconducto individual – Tratamientos médicos: Herramienta disponible para toda la ciudadanía, en la cual podrá solicitar autorización temporal para asistir a centros, servicios y establecimientos de Salud por tratamiento médico.

Fuente: Comisaría Virtual y Plan de Acción Coronavirus – Gobierno de Chile

La Corte de Apelaciones de Santiago autorizó el funcionamiento de todas las notarías de las comunas bajo su jurisdicción que se encontraban en cuarentena en la Región Metropolitana, de lunes a viernes, entre las 9:00 y 13:00 hrs.

Los días sábados se mantendrán los turnos autorizados por la corte en enero pasado, los que rigen para todo el presente año 2020. Esta información está disponible en el sitio institucional de la Asociación.

Más información en: https://www.notariosyconservadores.cl/