El Mercurio Legal publicó una columna de nuestro asociado senior Alberto Sánchez, en la que revisa las definiciones clave que se activarán en la implementación de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales y su impacto directo en las decisiones de inversión durante 2026.

En su análisis, Alberto destaca el hito del Decreto Supremo que debe dictar el Ministerio de Economía para clasificar las autorizaciones vigentes dentro de nuevas categorías, ya que esa tipología determinará plazos máximos de tramitación y el efecto del silencio administrativo (si la falta de respuesta implica aprobación o rechazo). También aborda el debate sobre el alcance de las técnicas habilitantes alternativas —como avisos y declaraciones juradas— y cómo la interpretación administrativa podría incidir en la aplicación práctica del nuevo sistema, con efectos en la certeza, cronogramas y estabilidad jurídica que requieren los proyectos.

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