Este jueves 25 de abril, nuestro socio, David Cademartori, junto con nuestro consejero y expresidente del Tribunal Constitucional, Juan José Romero, sostuvieron una conversación con el catedrático de Derecho Administrativo y exrector de la Universidad de Salamanca en España, Ricardo Rivero Ortega, y con la Coordinadora Normativa y de Simplificación Regulatoria del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, y encargada legislativa de la tramitación del proyecto, Camila Astorga Valenzuela, sobre las principales proyecciones y los desafíos de esta nueva normativa.

Durante el conversatorio, David Cademartori explicó que las nuevas técnicas de intervención administrativa que se incorporan en el proyecto de ley logran combinarse satisfactoriamente con aquellas contenidas actualmente en la ley de bases de procedimientos administrativos, siendo muy destacable la incorporación de nuevas “técnicas habilitantes alternativas a la autorización”, como son las declaraciones juradas y el aviso previo.

No obstante, advierte riesgos en la utilización de algunas técnicas existentes que podrían constituir un impedimento para financiar los proyectos: “El silencio administrativo positivo corresponde a una técnica legislativa que suple la voluntad expresa de la Administración, autorizando una actividad económica. Lo anterior, si bien permite solucionar el problema del retraso en el otorgamiento de algunos permisos, podría generar un obstáculo mayor al momento de solicitar financiamiento, ya que el desarrollador no tendrá una resolución formal que acredite la legalidad de su proyecto”, afirmó.

Finalmente, destacó los objetivos de la nueva regulación: “La finalidad del proyecto responde a un diagnóstico compartido por todos los sectores, de tal manera que algunas de las herramientas que recoge el proyecto de ley podrían ser de utilidad. Ahora, el gran problema es de carácter práctico. Los funcionarios públicos no tienen verdaderos incentivos para adecuarse a la nueva normativa, lo que supone un desafío importante en términos de capacitación y de cultura al interior de la organización administrativa que no ha sido de fácil solución en experiencias comparadas”, dijo.

Por su parte, Juan José Romero señaló que hoy, en ciertos temas, los tribunales de justicia y la Contraloría General de la República han zanjado discusiones interpretativas en una dirección hostil a la agilidad y seguridad de los procedimientos: “Debiera aprovecharse la oportunidad para dictar un par de leyes o disposiciones interpretativas específicas que fijen la interpretación más conveniente y, por consiguiente, limiten la flexibilidad de estos órganos. Aprovechen el momentum antes de que la atención sobre estos temas pase al olvido”, afirmó.

Igualmente, destacó la importancia de racionalizar (de acuerdo con el nivel de riesgo y posibilidad de control ex post) la necesidad de autorizaciones previas para iniciar actividades económicas: “Si la excesiva cantidad de permisos es un problema, hay que partir por eliminar los no indispensables.  En este sentido, valoro el estímulo a la idea de avisos y declaraciones juradas como instrumento habilitante alternativo a las aprobaciones previas”, dijo.

Camila Astorga sostuvo que este proyecto es parte del crecimiento económico, progreso social y responsabilidad fiscal del país, respondiendo al mandato de acelerar la inversión e impulsar la generación de nuevos empleos comprometido en el pacto fiscal. Añadió que las autorizaciones sectoriales permiten conciliar el desarrollo de actividades económicas con la protección de intereses públicos, siendo indispensables para atraer nuevas inversiones y mejorar la administración al servicio de las personas.

Finalmente, Ricardo Rivero hizo hincapié en la importancia de la cultura en la organización administrativa y en cómo el diseño institucional definido por los poderes públicos impacta en los derechos de los ciudadanos y sus libertades. Además, luego de comentar la experiencia de la Unión Europea con la dictación de la denominada Directiva de Servicios, de similar diseño legislativo que el proyecto de ley, propuso ciertas ideas y mejoras que podrían ser discutidas en el proceso de formación de ley y en su implementación: «Chile tiene la oportunidad de no cometer los mismos errores», concluyó.